De Aena a la 'operación Naturgy': Sánchez se mete a empresario

Los mandamientos son diez y se encierran en dos. Los problemas que acumula la economía española se cuentan también a decenas pero, sin embargo, empiezan a explicarse desde una única perspectiva.Y es que la imbricación de lo público y lo privado, un mal mayor histórico promovido y auspiciado por gobiernos de uno y otro signo, ha alcanzado en la era Sánchez y en su dupla con Iglesias un calado de proporciones isabelinas, al punto de confundirse y parecer la misma cosa. Ya no es que el presidente del Gobierno vaya camino de montarse un moderno y flamante INI (Instituto Nacional de Industria), a partir de la entrada del Estado en empresas estratégicas en apuros, o que el propio Ejecutivo pueda decidir con el ‘escudo antiopas’ y sin dar muchas explicaciones si permite la irrupción de inversores extranjeros en el país. Es que esta semana, en una nueva vuelta de tuerca, ejecutivos supuestamente de postín hacían el camino de regreso a la política como quien no quiere la cosa o los empresarios tenían que tomar cartas en el asunto a la desesperada porque los débiles equilibrios parlamentarios impedían al todopoderoso tándem gobernante sacar adelante un decreto clave como el de la distribución los fondos europeos. Por partes.

Volando voy, volando vengo. Salvador Illa, el nuevo mirlo blanco del socialismo, soltaba la bomba el pasado jueves. Si es presidente de la Generalitat, su cerebro económico será Maurici Lucena, quien ya hace casi una década estuvo dedicado en cuerpo y alma a la política catalana. Un estupendo perfil si no fuera por que Lucena, como presidente de Aena, está al mando de una empresa cotizada que capitaliza 20.000 millones de euros y tiene también accionistas minoritarios. Es más, pilota una sociedad que afronta serias turbulencias por el impacto de la Covid-19 en el sector aeronáutico y que, ahora más que nunca, necesita gestión. Un reto y una responsabilidad insuficientes, a lo que se ve, comparados con volver corriendo a la política. Se apresuró la compañía a mandar un comunicado dejando claro que Lucena continuará en el cargo “con dedicación exclusiva” hasta que se sustancien los comicios. Faltaría más. Lucena percibió el último año una retribución de 168.000 euros, muy lejos de los grandes salarios del Ibex en tanto empresa con mayoría del Estado, pero muy por encima de ministros y otros altos funcionarios. La pregunta, más bien, tiene que ver con la confianza que ofrece al mercado un directivo que ya ha dejado claras sus prioridades. Sin contar con que el PSC puede no ganar… ¿Continuaría al frente del gestor aeroportuario sin torcer el rictus?

Richard Gere llega a Naturgy. Antes del sobresalto de Aena, el fondo australiano IFM anunciaba la puesta en marcha de una opa parcial por el 22,69% de las acciones de Naturgy… y ponía en un brete al Gobierno, que tendrá que decidir sobre la operación en función de su autoconcedida ‘golden share’. Argumentan los más liberales del Ejecutivo que no pueden parar la compra. “Nadie volverá a invertir en España”, subrayan. Por el contrario, los que dentro del gabinete aún siguen abogando por una empresa eléctrica pública se huelen la tostada. Un tercer fondo en el capital de la antigua Gas Natural -ya lo habitan CVC y GIP, con porcentajes superiores al 20%- allana el camino a un troceo y a la venta de la compañía por partes, incluso previa opa de exclusión. No es nada nuevo. Richard Gere en ‘Pretty Woman’ ya dejaba claro al dueño de los astilleros que pretendía comprar cuál era su proyecto empresarial: “Desmontarlos y venderlos por partes”. Corrían los años ochenta. Y es que aunque Caixa -el cuarto en discordia- se desprenda un paquete y dé aire al ‘free-float’, el futuro para la integridad de la firma parece oscuro, viendo cómo se las gastan sus inquilinos a la hora de hacer caja. “Queremos ser como La Caixa, un inversor de largo plazo en Naturgy”, decía Jaime Siles, el responsable de los australianos en España. Justo lo que faltaba para terminar de poner las orejas tiesas a las huestes en Podemos, ya de por sí escamadas con el proyecto. ‘Excusatio no petita’… Claro que otros sectores también han colgado el ‘se vende’.

Sin contar la influencia de la ‘acción de oro’, el Ejecutivo ya maneja un sector público empresarial lo suficientemente potente como para recelar de su uso político o clientelar. La sombra de lo público se dibuja cada vez más alargada

Gangas para Francia en el ‘outlet’ de Sánchez. La ‘operación Prisa’ para descabalgar de la presidencia a Javier Monzón que con tan buenos ojos parecía verse desde Moncloa ha tomado en estos días una interesante deriva con la irrupción en el grupo de un gigante como Vivendi. Que el conglomerado francés haya decidido -solo por ahora- quedarse por debajo del 10% del capital de la editora de ‘El País’ debe entenderse como una ‘atención’ al Gobierno Sánchez para evitar que tenga que pronunciarse a las primeras de cambio sobre la propuesta de fondo. No obstante, esa declaración de buenas intenciones no oculta una apuesta de largo aliento y la incorporación de un nuevo ‘player’ de enorme relevancia a un sector estratégico para el país como es el de los medios de comunicación. En efecto, con la televisión en abierto en manos de un duopolio envuelto en la bandera italiana, Vivendi ya ha dejado claro que no viene de figurante. Propietario de Canal+ en Francia, de Universal Music o de Editis, segunda editorial del país, su intención en lo corporativo será buscar sinergias con los productos que ya atesora Prisa, desde las denominadas ‘radio fórmulas’ a los modelos de suscripción pasando por la búsqueda de vías de entrada a Latinoamérica. Si algo queda claro tanto en el caso de Naturgy como en el de Prisa es el mar de fondo sobre el que opera todo el tejido empresarial patrio, véase el de una debilidad rampante que le ha convertido en una suerte de ‘outlet’ al que capital riesgo, fondos y corporaciones acuden en busca de saldos en un mercado inundado de dinero barato.

Vox, el extraño caso de Jekyll y Hyde. Pese a todas esas miserias diarias, el verdadero terremoto para el sector empresarial estuvo a punto de producirse el jueves, cuando el Gobierno estuvo a punto de fracasar en su intento de sacar adelante el decreto de los fondos europeos. Lo hizo con el apoyo de Bildu y la inesperada abstención de Vox, tras borrarse del pacto ERC con el argumento de que el reparto está pensado para las grandes empresas. Con todo perdido, Moncloa tiró de los ‘lobbies’ más interesados en que la lluvia de millones llegue a las compañías. “Nosotros no podemos hacer más, si podéis arrimar el hombro”, fue el mensaje. Figuras clave de CEOE, por ejemplo, se movieron en esas horas para pedir árnica a los grupos parlamentarios más próximos y sus entornos, sobre todo del PP, que se negó en rotundo a dar un cheque en blanco a Sánchez para distribuir los dineros. La abstención final de los de Abascal -explicada en función de una ‘razón de Estado’ que, paradójicamente, no aplicaron en otros decretos- provocó tanto asombro en el Gobierno como alivio entre quienes cuentan con los 27.000 millones que ‘caerán’ este año para sobrevivir. Eso sí, todo bajo la supervisión y el buen criterio del Gobierno Sánchez, que al final decidirá qué proyectos son dignos de su bendición y, por tanto, receptores de las dádivas comunitarias.

En un mundo ideal, el sector privado y el público deberían transitar por vías paralelas. España tiene ejemplos de que esa relación a distancia es posible… con éxito. “El problema es que hay demasiadas compañías que dependen de la regulación, y además son empresas que están en el Ibex y, por tanto, las que tienen más repercusión mediática -explica un alto ejecutivo de una de esas firmas-. Fuera de ese entorno, hay empresas con una presencia internacional y una visión de mercado excepcionales. Todo el mundo habla de Inditex, pero también están las Viscofan, CIE Automotive, etc., proyectos empresariales extraordinarios que no tienen tanta necesidad de aparecer en los medios de comunicación ni hacer ningún tipo de ‘lobby’ porque no dependen del BOE”. Como glosaba este fin de semana La Información, el Estado tiene participación mayoritaria en 15 empresas a través de la SEPI, participación en otras nueve y más de una decena de proyectos han solicitado dinero público a través del nuevo fondo creado para apoyar la solvencia de empresas clave. Sin contar con la ‘acción de oro’, el Ejecutivo maneja un sector público empresarial lo suficientemente potente como para recelar de su uso político o clientelar. Es más, en plena crisis, la sombra de lo público será cada vez alargada. Más duro será el camino de regreso.