El caso Pegasus no les viene bien ni a los 'indepes'... y lo saben

10 de octubre de 2017. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lanza en el Parlament una declaración unilateral de independencia de Cataluña… que deja en suspenso apenas ocho segundos después. La hilaridad que provocan las caras de los independentistas que, en ese breve espacio de tiempo, pasan del éxtasis al desencanto han pasado a la historia del meme, pero no ocultan la gravedad de los hechos. Las empresas no eran ajenas a la tragedia corporativa que se les venía encima y ya habían movido ficha. Por ejemplo, la más señera, véase CaixaBank, ya había trasladado días antes su domicilio legal y tributario de Barcelona a Valencia, siguiendo la senda marcada por el Sabadell. “Siendo la prioridad de toda entidad financiera la protección de sus clientes, accionistas y empleados, y con el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad, el consejo de administración ha decidido, por unanimidad, ante la actual situación política y social en Cataluña, adoptar las medidas que sean necesarias para trasladar el domicilio social”, exponía la entidad presidida por Jordi Gual. Solo leer el comunicado, pasado el tiempo, sobrecoge. Quienes formaron parte de esa decisión, inevitable, aún la recuerdan y la definen como “un desgarro emocional insuperable”. El éxodo de firmas, pequeñas y grandes, no había hecho más que empezar.

Desde entonces, una pandemia, una crisis económica y sus dramáticas consecuencias, agravadas en Cataluña por una tensión separatista que no cesa y que todo lo ahoga. También por una gestión fiscal y regulatoria devastadora, que repele a las empresas y que, para mas inri, se mira con descrédito en el espejo de una Comunidad de Madrid cada vez más pujante. Es fácil aterrizar el argumento. “Me caso con Ayuso mañana”, decía Jordi Cruz, afamado cocinero con el máximo galardón en la Guía Michelín y juez de Masterchef. Barcelonés de pro pero sin pelos en la lengua, dejaba claro desde su faceta de empresario, en una entrevista con 20 minutos, que, mientras en la capital se promovía que los bares y restaurantes estuvieran abiertos, evitando no morir de Covid pero sí de hambre, en su ciudad las políticas eran mucho más restrictivas. Y remachaba, por si quedaban dudas del origen de todos los males: “Hemos tenido muchos problemas que creo que todo el mundo conoce. Y la clase política es uno de esos problemas”. Si acudimos a la citada Guía Michelín, Madrid actualmente solo está a una estrella de dar el ‘sorpasso’ a Barcelona (28 por 29), cuando tradicionalmente la capital ha ‘chupado rueda’ de la gastronomía catalana. En la provincia de Barcelona, hasta seis restaurantes perdieron sus estrellas en la última edición del referente culinario por excelencia.

Este escenario, empero, empezaba sutilmente a cambiar. Fuentes empresariales deslizan ‘sotto voce’ que se detecta más actividad en Cataluña, que el consumo repunta pese a la espada de Damocles que supone la inflación y que incluso pueden ponerse en marcha procesos de M&A hasta ahora paralizados. Incluso los dirigentes políticos empezaban a volver a un discurso ‘economicista’ durante años enterrado por las veleidades ‘indepes’. Por ejemplo y como publicó en estas páginas Olga Rodríguez, el conseller de Economia y Hacienda, Jaume Giro, a quien más de uno en sus propias filas sitúa como aspirante de Junts a la alcaldía de Barcelona, ha resucitado los cálculos de las balanzas fiscales para actualizar la cifra que, según sus estimaciones, les adeuda el Estado. Un discurso falaz  pero que, al menos, pone la vista en el futuro y en el por ahora aplazado nuevo modelo de financiación autonómica. Del mismo modo, motores tradicionales como el turismo vuelven a dar señales de reactivación, aprovechada para recuperar oxígeno por el maltrecho sector hotelero. Según el último barómetro de Cushman&Wakefield, los hoteles barceloneses fueron los que más incrementaron sus precios en el primer trimestre de 2022, con un alza del 61,3% y tras pasar una habitación doble de 70 a 112 euros de media. En suma, se atisbaban discursos alternativos… hasta que aparecieron las escuchas.

Las empresas catalanas de referencia están muy lejos siquiera de considerar el traslado de sus sedes al suelo al que históricamente pertenecen. Sin embargo, a medio plazo, esa debería ser la aspiración de quienes dirigen los designios de la política catalana

Desde el momento en que ‘The New Yorker’ publicó la investigación realizada por el laboratorio canadiense The Citizen Lab, según la cual unos 60 líderes independentistas habrían sido víctimas del programa Pegasus e investigados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el relato ha virado de nuevo y se ha radicalizado. Muy significativa la entrevista publicada por ‘El País’ a Oriol Junqueras en las horas previas a la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, en la que, entre líneas, abogaba por deponer las armas y apaciguar los ánimos. “Estamos aquí para ayudar si se asumen responsabilidades y no vuelve a ocurrir”, subrayaba con cierta dosis de cinismo, sin señalar ni a Esteban ni a Robles como piezas a cobrarse. “Sería poco útil”, remataba para buen entendedor. Tampoco es casualidad que desde Moncloa se deslizara hábilmente, una vez que la máxima responsable del Centro hubiera ya pasado a mejor vida, que su principal pecado había sido no explicar de forma convincente en la Comisión de secretos oficiales la investigación al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Todo un dislate rematado en el Consejo de Ministros que acordó la salida de Esteban, en el que Sánchez se refirió a la misma como una “sustitución” -y no una “destitución”-. Un planteamiento que, pese a provocar vergüenza ajena en cualquier ciudadano normal, no escuchó réplica alguna por parte de los ministros. Es decir, todo cocinado y bien cocinado, tanto dentro como fuera.

De hecho, harina de otro costal es el desempeño del presidente del Gobierno, capaz de vender la estatua de Colón con tal de apurar la legislatura. Nada nuevo bajo el sol. Más decepcionante ha sido el quehacer de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien se le suponía mayor altura política. Si como parece acreditado la ya ex directora del CNI pudo presentar un aval del Tribunal Supremo a las escuchas llevadas a cabo sobre quienes apuestan por romper la integridad territorial del país, nada ilegal ni criticable hay en su actuación. Así lo manifestó inicialmente Robles y así debió defenderlo en todo momento el Ejecutivo. Se prefirió, empero, escenificar todo un caso de espionaje al gabinete acaecido hace un año para servir en bandeja de plata a los ‘indepes’ la cabeza de Esteban por su supuesta falta de diligencia en ese otro episodio. Raro cuando Moncloa, desde que asomaron las escuchas a los dirigentes catalanes, ya apuntaba entre bambalinas al CNI y cuando, como ha venido desgranando este periódico, desde julio de 2021 empezaron a proliferar las licitaciones para reforzar la seguridad de ministerios y organismos públicos, incluso por temores a los ciberataques de Estados. ¿Es creíble que el Gobierno no supiera nada hasta ahora? Robles, achicharrada por todo lo acontecido, debía haberse ido con Esteban. Primero, por dignidad, pero también para evitar ser depurada en tiempo y forma por Sánchez, como sin duda sucederá. Si las elecciones andaluzas confirman el fiasco que se apunta para el PSOE, mejor no descartar una crisis de gobierno.

Las empresas catalanas de referencia están muy lejos siquiera de considerar el traslado de sus sedes al suelo al que históricamente pertenecen. Sin embargo, a medio plazo, esa debería ser la aspiración de quienes dirigen los designios de la política catalana. Para ello, tal vez no sería ocioso escuchar con atención las palabras que pronunció durante la última reunión del Círculo de Economía su presidente, Javier Faus. Recordó el empresario, con ya el caso de las escuchas en plena ebullición, los verdaderos problemas de modelo productivo que afronta una región en la que el crecimiento económico no repercute como debiera en el bienestar de los ciudadanos. En este sentido, no es de recibo que en los últimos 20 años el PIB catalán haya crecido el 77% y el PIB per cápita apenas un 42%. También lamentó que la refriega política dinamitara la ampliación de El Prat, obviada de los millonarios planes de inversión del gestor aeroportuario. “No tenemos la capitalidad de Madrid ni el concierto económico vasco, por lo que debemos trabajar día a día para conseguir un país más líder, más próspero y más cohesionado de lo que somos en estos momentos”, aseveró en un aviso a navegantes ante la atenta mirada de Aragonès. Aunque sea mucho pedir, los brotes verdes que se aprecian en la economía catalana no deberían verse anegados (otra vez) por la enfermiza obsesión soberanista. Como se ha demostrado, el tejido empresarial reniega de ideologías y de la inestabilidad política. Y sigue el ruido.