Oda a Cataluña

Como ustedes recordarán, en 2014 el Parlament aprobó la celebración de una consulta popular para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de Cataluña como estado independiente y separado de España. Al mismo ritmo que subían de grado las turbulencias separatistas, aumentaban la inseguridad jurídica y la incertidumbre económica en la comunidad autónoma, en perjuicio de los ciudadanos, de la inversión empresarial e incluso de los empleados públicos de la Generalitat.

En 2014, llovía sobre mojado porque las cuentas públicas de la Generalitat aún continuaban lastradas por la crisis financiera que, en 2008, había surcado todo el espacio de la Rosa de los Vientos. La ola que produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria bañaba los pinos de la Costa Brava. Cataluña sufría un grave estrés financiero debido al crash inmobiliario y al aventurerismo político de los independentistas. En 2014, la calidad crediticia de la deuda emitida por la Generalitat era pésima. Los mercados rechazaban los títulos de la deuda autonómica considerándolos “bonos basura”. Las mayores agencias internacionales de calificación bajaron drásticamente el rating de Cataluña. Standar & Poor´s y Fitch criticaron los acontecimientos políticos y su impacto en la falta de colaboración de la comunidad autónoma con el Gobierno central. En resumen, la Generalitat tenía muchas dificultades para prestar los servicios públicos esenciales. Los grandes paganos del desorden catalán fueron los proveedores de bienes y servicios a las instituciones públicas de Cataluña.

Con todas las alarmas encendidas por la insurrección separatista y sus repercusiones económicas, el Gobierno de Mariano Rajoy intervino las finanzas de Cataluña. Lo hizo a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Acuerdo de 20 de noviembre de 2015). Era urgente garantizar el interés general, amenazado por la misma Generalitat que expresaba públicamente su voluntad de desobedecer las leyes que salían de la Carrera de San Jerónimo y no acataba las resoluciones del poder judicial. La Generalitat no suministraba la pertinente información contable al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tampoco al de Economía y Competitividad. Igualmente, el Govern ocultaba diversas partidas de gasto.

Ante el desafío independentista, la Comisión Delegada contraatacó en 2015 con una panoplia de medidas racionales. Condicionó el acceso de la Generalitat a los nuevos fondos de asistencia financiera -establecidos al socaire de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera de 2012- al cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la emisión de un certificado por el interventor general de la Generalitat detallando el estado de las cuentas públicas. Conviene recordar que el acceso de las comunidades al nuevo Fondo de Financiación de las autonomías requiere, como primer paso, el envío al Ministerio de Hacienda, por parte del interventor general de cada comunidad, de un certificado que permita tener constancia de la situación económico-financiera real del ente autonómico. De otro lado, la Comisión Delegada sometió la emisión de nuevos títulos de deuda por la Generalitat a un régimen de autorización previa por la Administración General del Estado. La supervisión estatal del endeudamiento se haría operación por operación y dependería del visto bueno del Consejo de Ministros. El Gobierno no hizo otra cosa que cumplir la normativa vigente (artículo 14.3 de la LOFCA).

No parece que las cosas hayan mejorado en el último quinquenio, aunque la Generalitat ha reducido su deuda a corto plazo. Según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo, la deuda financiera de la Generalitat, evaluada en su conjunto, se ha incrementado un 17%. Por su parte, la calificación crediticia de la deuda catalana no ha escalado ningún puesto en los cuatro años precedentes. En su última encuesta (diciembre de 2020), el CIS solicitó específicamente a los catalanes su opinión sobre la gestión realizada por la Generalitat durante los últimos años. Las instituciones catalanas no salen bien paradas: solo el 14,3% valora positivamente la gestión de la Generalitat, el 39,9% la califica de regular, el 23,3% la considera mala, y casi el 19% % dice que ha sido nefasta. La deuda de la Generalitat es una bola de nieve que crece sin descanso.

Pero todo depende del color que ve el ojo que mira. Algún ojo –el ojo almendrado de la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero- ve un continuo robustecimiento del sistema financiero de la Generalitat. Pasito a pasito, las finanzas catalanas han escalado posiciones desde septiembre de 2015 hasta junio de 2020. Es la conclusión de la ministra que dice a los españoles que el premio gordo de la lotería de Navidad es ella misma.

Con la arribada al poder de Pedro Sánchez, el Gobierno ha resucitado a Chamberlain y su política de apaciguamiento. Los independentistas catalanes son buenos chicos. Mediante Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, y a instancias de la ministra Mª Jesús Montero, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos le ha quitado los grilletes financieros a la Generalitat. Según el Gobierno, la economía catalana navega con el viento en popa y a la incertidumbre de ayer le ha sucedido hoy el bálsamo de Fierabrás que trae inversiones, créditos y liquidez a Cataluña, el nuevo El Dorado de la economía global. Sin duda, una excelente noticia para el 'molt' honorable (interino) Père Aragones, a la que hay que añadir los 3.165 millones de euros transferidos por Montero a la Hacienda catalana a cargo del "Fondo Covid 19". ¡El Acuerdo de 2015 ha muerto! ¡Viva el Acuerdo de 2020!

El voluntarismo festivo de la Comisión Delegada es digno de mejor causa. Dice la Comisión: "La normalidad debe imperar en las relaciones de la Comunidad Autónoma [Cataluña] y la Administración General del Estado". ¿Deber o ser?

A mediados de 2018, ERC fue un partido decisivo en la defenestración de Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, votó a favor de la moción de censura formulada por PSOE y alquiló el taxi que condujo a Pedro Sánchez al palacio de La Moncloa. ERC ha avalado los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Con su visto bueno al Proyecto del Gobierno, ERC ha sido el capataz idóneo para que Sánchez, salvo imprevistos, agote la legislatura. El PSOE y ERC han firmado un pacto colusorio para reformar el vigente sistema de financiación autonómica (2009). Ya saben, de nuevo una mesa de negociación bilateral a la que no están invitadas las comunidades de segunda división.

¿Es el levantamiento del control gubernativo sobre las cuentas de la Generalitat la contraprestación de los servicios a la causa de Sánchez ejecutados por ERC, una organización que ha conseguido situar en la cúspide de la trama independentista a uno de los suyos? ¿Va en la misma línea esta caridad financiera que la decisión anunciada por el Gobierno sobre la necesidad de indultar a los presos amotinados del 1-O para aliviar la tensión arterial de Cataluña? En mi humilde opinión, rotundamente no. Don Pedro no es un caballero de fortuna. Es un hombre desinteresado de sus propios negocios, un paladín del bien común que permanece en vigilia para que a ningún ciudadano le roben la cartera. Sobre la piedra de don Pedro la democracia española ha construido su fortaleza. Es lo que dicen en la casa de Ferraz.

Que nadie piense mal porque acertará. Resolverá una cuestión muy sencilla, despreciada por los profesionales de los crucigramas difíciles. Sí, el Gobierno ha rematado su último clavo (hasta la fecha): ha extendido la alfombra delante de su figura del momento. Y además ha instalado la materia textil cuesta abajo para que Illa tome carrerilla y llegue al Palau de la Generalitat. Se insinúa en el horizonte la sombra de un Govern a dos (PSC y ERC). ¿No les parece?