La Generalitat de Cataluña tendrá que devolver al Estado más de 44.200 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años, lo que dure la legislatura que se iniciará tras las elecciones del 14-F. El nuevo Govern, por tanto, parte con una 'mochila' que cada trimestre se hace más grande para encarar la recuperación económica tras la pandemia y la campaña de vacunación en marcha. Se trata de vencimientos de deuda a largo plazo que el Ejecutivo autonómico ha ido acumulando en los últimos años a través de los diferentes mecanismos de liquidez que el Gobierno central puso a disposición de las comunidades autónomas. En total, Cataluña debe al Estado más de 62.000 millones de euros hasta el año 2032.
Los datos de la deuda catalana se encuentran contenidos en el último informe con sello de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro que elabora trimestralmente el Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, con el republicano Pere Aragonés al frente. Es un documento que ofrece una radiografía global de la situación financiera de la autonomía y que se suele enviar a inversores de forma trimestral.
La deuda de la Generalitat con el Estado crece y crece cada año: a 30 de septiembre de 2019, la cantidad total de amortizaciones ascendía a 59.212,32 millones, mientras que en la misma fecha de 2020 se sitúa en 62.375 millones. Esto se debe a que Cataluña sigue contrayendo año tras año nuevas obligaciones en el calendario de pagos. De esta forma, en los últimos doce meses ha sumado tres nuevas obligaciones por valor de 1.168 millones en los años 2030, 2031 y 2032. Sin esta colaboración financiera, como repitió por activa y por pasiva el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, la comunidad catalana estaría quebrada y no podría hacer frente a sus obligaciones.
Según se recoge en el último informe del Govern presidido por Aragonès, entre este 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, el Ejecutivo catalán deberá amortizar deuda a un ritmo inicial de casi 10.000 millones al año como consecuencia de devolver el dinero prestado a través de los citados mecanismos de liquidez que recibió del Gobierno. El documento también recoge que los años 2022 y 2023 serán los más 'duros' para la tesorería de la Generalitat. Cataluña deberá amortizar el 31 de diciembre en ese periodo un total de 9.852 y 9.726 millones de euros, respectivamente. En 2021 la devolución ascenderá a 8.852 millones. Y un dato más: en el último trimestre de 2020 el Govern ha tenido que ir retornando al Estado 1.037 millones.
La deuda de la Generalitat de Cataluña es aún mayor si se incluyen en este montante los préstamos bancarios y emisiones de deuda, tanto a corto como a largo plazo, que también tiene que amortizar el Govern. En este caso la 'cuenta' asciende a más de 70.000 millones hasta el año 2041. Existe, eso sí, una pequeña diferencia entre la cifra total de deuda de Cataluña que reconoce la Generalitat (70.595 millones a fecha de 30 de septiembre) y la que admite el Banco de España (78.292 millones). Esto se debe, según se explica en el mismo informe del Govern, a la "diferente metodología en la recopilación de datos".
Este informe de la Generalitat evidencia que Cataluña mantiene todavía una fuerte dependencia de las finanzas españolas, una situación que, además, se prolongará durante los próximos años o, incluso, décadas. O como repetía el exministro Montoro: Cataluña ha recibido una ayuda vital de España a través de los mecanismos de liquidez (Fondo de Liquidez Autonómica, Mecanismo de financiación para el pago a proveedores y Fondo Social, principalmente) y ahora el nuevo ejecutivo autonómico tiene que esforzarse para devolverla.
Estas cifras de deuda se conocen semanas después de que el Gobierno levantara el control financiero especial que mantenía sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña desde 2015, cumpliendo así el acuerdo con ERC para apoyar los Presupuestos Generales del Estado que acaban de entrar en vigor. Este control adicional, que data de la época del PP, incluía la emisión mensual de certificados de gasto por parte de la Intervención General, así como la remisión de información adicional sobre la contabilidad de la Generalitat y su sector público, clasificada por programas presupuestarios.
Hay que recordar que un 'think tank' de ERC ya reconocía hace unos años que la Generalitat podría asumir el pago de la deuda con el Estado si fuera independiente. El estudio fue elaborado por la Fundación Josep Irla y concluía que en caso de secesión podría abonar como máximo 85.000 millones de euros de los pasivos -deuda- del Estado español. El informe, titulado 'Reparto de activos y pasivos entre Catalunya y el Estado español', fue elaborado por los economistas Jordi Angusto y Gemma Pons y el ingeniero Marcel Coderch.
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