'Boomers' a las puertas de la jubilación: no pasar a la escena del crimen

Un, dos, tres… responda otra vez. Por el equivalente al ajuste draconiano que la Seguridad Social quiere promover sobre las pensiones de los futuros jubilados dígannos ¿qué tipo de gastos suntuarios e improductivos podrían ser eliminados de los Presupuestos Generales del Estado? Como, por ejemplo, las múltiples embajadas que tiene desplegadas en el extranjero la Generalitat de Cataluña. O buena parte de los más de 650 asesores presidenciales contratados por Pedro Sánchez en La Moncloa. O los cerca de 20.000 organismos públicos, la inmensa mayoría tan desconocidos como enormemente onerosos para el ciudadano común. O las anacrónicas ayudas oficiales a los supuestos agentes democratizadores, entre los que se incluyen muchos de los partidos políticos obsesionados con destruir España, aparte de las organizaciones sindicales y demás movimientos de carácter asociativo. O incluso, por qué no, las subvenciones de los refrigerios, menú completo con postre y café, que disfrutan sus señorías en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Para buena parte de españoles que se criaron en la época del popular concurso de Chicho Ibáñez Serrador, todos los nacidos durante el 'baby boom' que acaeció en España desde mediados de los 50 hasta finales de los 60, sería relativamente sencillo identificar múltiples alternativas de ahorro fiscal que permitieran salvaguardar sus derechos económicos acumulados a lo largo de muy duras y prolongadas carreras profesionales. Es cierto que el sistema de reparto sobre el que se establece el modelo funcional de la Seguridad Social no asegura que las rentas percibidas a modo de pensiones sean equitativas con las aportaciones realizadas en forma de cotizaciones durante la vida laboral. Pero de ahí a recortar con alfanje los ingresos de los futuros jubilados media un abismo y no hace sino confirmar que nuestro sistema público de pensiones se estructura de manera piramidal sobre lo que se conoce como un esquema Ponzi en el que los primeros y más antiguos inversores cobran con el dinero que aportan los pringaos que han llegado los últimos a la cola.

Las conclusiones adoptadas recientemente por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo han vuelto a demostrar las habilidades de apagafuegos de los grandes grupos políticos para no pisarse la manguera en materia de pensiones públicas. La unanimidad a la hora de especular con soluciones vagas de cara a la galería evidencia el patetismo con que los padres de la patria huyen del fuego antes incluso de que se declare el incendio. La única llama que han dejado encendida tras el debate de los últimos meses es la que alumbra el recorte de las jubilaciones anticipadas, algo así como la madre del cordero con la que el ministro Escrivá ‘manostijeras’ quiere resolver el agujero de toda la Seguridad Social. Los eufemismos que aluden a eventuales incentivos para prolongar la edad de retiro no son más que una coartada para justificar la penalización de las jubilaciones anticipadas como si el hecho y derecho que ha asistido hasta ahora a todas las generaciones de pensionistas fuera una infracción que merece ser castigada.

La manida invocación a la quiebra de la Seguridad Social es una falacia. Lo que puede quebrar es el Estado, donde se acumulan cerca de 60.000 millones de gastos improductivos, según la CEOE

En el ritual de falacias oficiales de ayer y hoy ha sido constante la invocación a la manida insolvencia de la Seguridad Social como parapeto para contener la furia de ese lobby de los jubilados capaz de poner y quitar gobiernos en nuestro país. Una legión de casi nueve millones de personas -algo menos tras los estragos que está produciendo la pandemia- a cuyas filas se incorporan otras 200.000 cada año, lo que supone el mayor caladero de votos para cualquier partido político con aspiraciones de poder. Curiosamente, ninguna de las formaciones parlamentarias que tanto mimo exhiben en ponderar de boquilla a nuestros pensionistas se ha atrevido a reconocer que la quiebra del sistema público de pensiones es tan inverosímil como pudiera serlo la de cualquier otra estructura de la Administración Pública. Lo que realmente podría quebrar es el Estado, del que también dependen los incontables centros de gasto dispersos entre los más de 8.000 ayuntamientos y los 17 gobiernos autonómicos existentes en España, aparte del central que preside Pedro Sánchez.

Echarle todas las culpas al empedrao de la Seguridad Social ha empezado a demostrarse como un recurso al pataleo gastado y estéril porque nadie en su sano juicio político se atreverá a hurgar en el bolsillo de los jubilados ya instalados con su pensión. Prueba de ello es la estrategia negacionista que defiende el propio José Luis Escrivá cuando desde sus tiempos de la Airef eludía cualquier posición tremendista de corte neoliberal. El ministro sí que sabe lo que se trae entre manos y de ahí la formulación de un relato preparado para degustación del populismo rampante en nuestro país, pero con el que ha conseguido que todos los grupos parlamentarios admitan la fijación de una frontera divisoria a la hora de defender a ultranza los intereses de los jubilados reales mientras se cuestionan los de todos aquellos potenciales que están a punto de retirarse. La solución que se propone es muy simple y se sustancia en el hecho de preservar la languideciente hucha de las pensiones impidiendo lisa y llanamente el derecho de admisión al mayor número de jubilados en ciernes.

La reforma de las pensiones que prepara el Gobierno no tiene otro objetivo que complicar o retrasar el paso a la jubilación de las generaciones que llegan ahora a la edad de retiro

La discriminación negativa que se plantea es un ataque directo a las rentas futuras de los célebres ‘boomers’, hoy denostados como carne de cañón en los memes y demás chanzas iconográficas con que las generaciones centennials o millennials ejercitan su ingenio contestatario. El desprecio a los mayores forma parte del sino de los tiempos dentro de esa revolución de pacotilla con que algunos pretenden arreglar el mundo. Nada sorprendente, por lo demás, en una sociedad que desdeña cualquier valor tradicional o inmaterial. El drama reside en que los amantes de lo políticamente correcto parecen dispuestos a aprovechar la corriente dominante para levantar un muro dentro de uno de los pilares del supuesto estado del bienestar como es el sistema público de pensiones. La reforma que prepara el Gobierno no tiene otro gran objetivo que cortar o complicar el paso a la jubilación a todos aquellos colectivos profesionales a los que la pandemia considera grupo de riesgo con sólo echar un vistazo a su carné de identidad.

Cada vez que los organismos supranacionales ponen su dedo en la llaga de la economía nacional nuestro Gobierno de turno sale irremediablemente por la tangente, tratando de calmar a las fieras de la OCDE, el FMI o la propia Comisión Europea con la carnaza de las pensiones. Como si no hubiera otra medicina para sanear unas finanzas públicas especialmente generosas en la venta de favores y el pago de servidumbres. Sin ir más lejos, la CEOE acaba de cuantificar en 58.000 millones los ahorros que puede generar un ajuste fino de los coste del Estado. Los índices internacionales que miden la eficiencia del gasto público son aún más significativos y señalan que España podría alcanzar su nivel de producción de bienes y servicios utilizando solo un 74% del dinero que gasta actualmente. Dicho de otro modo, el desperdicio de recursos es del 26%, una cuarta parte de los famosos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Lástima que una veta tan enorme sólo sirva para extraer 'sangre en vena' a los futuros jubilados del inquebrantable sistema público de pensiones.