La 'nueva normalidad' se impone en la CNMC: al enemigo ni agua

La deriva autoritaria del Gobierno de coalición y su conjura para delimitar un cordón sanitario frente a los dos principales partidos de la oposición, PP y Vox, ha quedado meridianamente clara en la reciente composición de la principal institución de control de la actividad productiva. La futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), encargada de velar por el correcto funcionamiento de los grandes sectores regulados, ha confirmado los peores augurios, demostrando que lo que no puede ser no puede ser y, una vez más, es imposible. Ni la terrible pandemia del Covid-19 y sus imprevisibles consecuencias pueden vacunar a los dirigentes políticos de ese otro virus de pura cepa carpetovetónica que impide articular una expectativa ilusionante de acuerdo entre las principales fuerzas constitucionalistas con vistas a la recuperación económica de España.

En plena temporada de pactos Pedro Sánchez ha abierto la veda de renovaciones en el seno del organismo supervisor mayor del Reino y lo ha hecho atendiendo a sus compromisos programáticos, como si se tratase del reparto del botín que acontece a una dura y prolongada campaña de conquistas. La ‘nueva normalidad’ que se va a imponer en la CNMC deja bien patente en que consiste el ejercicio del poder, olvidando la raigambre de una entidad constituida con el sello de una supuesta y sagrada independencia que se nutre en la exigencia de que todos sus consejeros sean designados con el voto mayoritario del Parlamento. La ley de creación de la CNMC de 2013 otorgó un rango especial a este organismo en relación a otras entidades de regulación, cuyos máximos responsables tienen que pasar igualmente por el Congreso pero sólo para cumplir el preceptivo ‘hearing’ a modo de trámite reglamentario.

La creación del llamado supervisor único fue monopolizada en su origen por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre otras razones y principalmente porque Alfredo Pérez Rubalcaba bloqueó las eventuales designaciones de sus propios correligionarios en un gesto con el que la dirección de Ferraz trataba de desdeñar cualquier atisbo de complicidad con el PP ante el clamor político que suscitaban en aquellos momentos los escándalos de corrupción vinculados al ‘caso Gürtel’ y a Luis Bárcenas. Antiguos dirigentes socialistas, entre los que destacaban el extitular de Trabajo, Valeriano Gómez, o el actual director general de Casa África, José Segura, se quedaron con las ganas de formar parte de la recién nacida CNMC. Tuvo que ser el antiguo ministro de Economía, Luis de Guindos, quien pasado el tiempo hiciera valer el anclaje institucional del regulador económico facilitando una renovación que, a mediados de 2017, dio entrada en el consejo de la entidad a nuevos vocales designados por el PSOE.

Nadia Calviño presentó al PP la lista de los nuevos consejeros de la CNMC como un trágala, a sólo 48 horas de llevarla al Consejo de Ministros

El actual vicepresidente del BCE permitió que los representantes socialistas accedieran a la CNMC como comisionados de estreno con mandatos íntegros de seis años, cuando en realidad estaban heredando cargos que para entonces llevaban consumidos los tres primeros años de ejercicio. La concesión no le salió gratis al bueno de Luis de Guindos que tuvo que enfrentarse con otros colegas ministeriales mucho menos proclives a posibilitar la llegada de las huestes de Pedro Sánchez a centros neurálgicos de poder. Tras el preceptivo tira y afloja y después de otras vicisitudes de carácter legal, lo cierto fue que Bernardo Lorenzo, antiguo presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) con Zapatero, recuperó, previa indemnización oficial, un sillón en el nuevo supervisor único, al que también se incorporó Mariano Bacigalupo, el marido de la entonces nada célebre Teresa Ribera, y más conocido en la casa de su etapa como secretario del consejo en la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Ambos dos formarán parte en adelante del núcleo duro que el PSOE ha constituido en la nueva CNMC en torno a la futura presidenta, Cani Fernández. Una profesional de reconocido prestigio en Derecho de la Competencia y socia veterana del bufete Cuatrecasas, que mantiene una exquisita relación con Nadia Calviño de la etapa en que ambas trabajaban en Bruselas. La dilatada experiencia profesional de la nueva supervisora en jefa garantiza la preceptiva condición de idoneidad que exige el cargo, si bien su historial más reciente al servicio de entidades reguladas motivará la obligada inhibición en algunos de los más controvertidos expedientes todavía en curso. En todo caso, los eventuales conflictos de intereses pasarán rápidamente a segundo plano toda vez que Cani Fernández ha superado con nota la fase de instrucción socialista impartida desde el sanedrín de Moncloa, donde se ha pasado los últimos tres meses trabajando codo a codo con el equipo de asesores que comanda Iván Redondo.

El zar de Moncloa ha metido la cuchara en la CNMC después de acordar con Nadia Calviño el consiguiente reparto de canonjías con los socios de Podemos y ERC. Por el bando republicano se ha incorporado Josep Salas i Prat, experto energético de clara orientación ecologista, en tanto que la tropa del comandante Iglesias ha designado para la ocasión a Carlos Aguilar, procedente En Comú Podem y con buenas conexiones en el mundo audiovisual, y nacionalista por supuesto, de Cataluña. La vicepresidenta económica se ha ocupado de designar personalmente al que será número dos la entidad, Ángel Torres, un clásico ministerial que fue secretario general de Política Económica en la etapa de Pedro Solbes, y a Pilar Sánchez, antigua vicepresidenta de la desaparecida Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que ahora trabajaba como asesora en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Las prisas por renovar el 'supervisor mayor del Reino' coinciden con las impuestas desde Moncloa para colocar a Montilla y Blanco en Enagás

El Gobierno quiere que los nuevos consejeros comparezcan en el Congreso de los Diputados lo más pronto posible, a poder ser esta próxima semana, con el fin de ventilar rápidamente una discusión parlamentaria que se presume a cara de perro con los grupos de la oposición. El PP está de uñas después del trágala con que Calviño despachó ante la exministra Elvira Rodríguez la lista de nominados dos días antes de hacerla pública. En el entorno de Pablo Casado no entienden que estos cambios deban hacerse ahora deprisa y corriendo, en medio de un estado de alarma, cuando los consejeros salientes de la CNMC llevan trabajando con el mandado vencido desde septiembre. A los asesores palaciegos les han entrado de repente las prisas lo mismo que ha ocurrido con los nombramientos de José Montilla y Pepiño Blanco en Enagás, que han obligado a Antonio Llardén a ampliar la sala de consejos incorporando nuevos sofás a razón de 160.000 euros la pieza.

Sánchez e Iglesias han decidido que con las cosas de comer no se juega. Entendiendo por tal el disfrute de los despojos ganados al adversario y la consiguiente adjudicación de cargos y prebendas que acompañan la toma ‘manu militari’ del poder. Lo demás resulta secundario dentro de ese desvirtuado y perverso debate político que permite a unos invocar la nostalgia del consenso perdido mientras otros lanzan todo tipo de improperios para estigmatizar a sus contrarios. A este paso la reconstrucción nacional va a tener poco de económica y social, más allá de facilitar una involución del organismo regulador en beneficio de sus regulados y de algún que otro estipendio con que pagar los servicios prestados. El orden de los factores, ya se sabe, nunca altera el producto.