Entre las múltiples enseñanzas poco aleccionadoras que ha dejado la era del coronavirus hay una que ha roto los esquemas de ese viejo aforismo por el cual los ricos también lloran. En todo caso sería antes de que se decretase la alarma sanitaria porque desde entonces a esta parte los más agraciados del mundo del dinero no sólo han aumentado su brecha salarial con los más desfavorecidos, sino que están demostrando muy escasa sensibilidad ante los dramas de la crisis. Quizá escarmentados por lo ocurrido, probablemente temerosos por lo que pueda ocurrir, los altos directivos y consejeros del Ibex se han afanado en recuperar las llamadas posiciones precovid en todo lo concerniente a sus multimillonarias y variopintas retribuciones. Un ejemplo al que no hace falta poner nombres propios porque se sucede a diario en proporciones industriales y que está deslegitimando cualquier intento por alcanzar un verdadero pacto de rentas en España.
Tras el recorte o eliminación del componente variable en 2020 la inmensa mayoría de las grandes sociedades cotizadas han recuperado con cargo al ejercicio de 2021 los llamados bonus de sus principales ejecutivos, adoptando métricas de gestión que han resultado peregrinas en algunos casos y que en otros supuestos no han hecho sino reactivar variables importadas del mundo anglosajón en los tiempos de vino y rosas. Todo ello frente a la opinión cada vez más refractaria de la masa social y también en contra del criterio de los ‘proxy advisor’ internacionales. Estas entidades encargadas de orientar la intención de voto en las juntas generales han puesto el dedo en la llaga cuestionando hasta qué punto es válido un sistema de participación societaria en el que el voto de los accionistas no tiene carácter vinculante y únicamente sirve para sacudir las conciencias dormidas mediante un inútil recurso al pataleo.
Mientras las celebrities del mundo corporativo se lo guisan a su modo y manera, los responsables institucionales se desgañitan con exhortaciones a la clase trabajadora para que ponga la mejilla ante la bofetada de la inflación. Los sindicatos no han tardado en rasgarse las vestiduras arremetiendo contra el gobernador del Banco de España que, una vez más, ha sido el primero en saltar a la palestra para reclamar un pacto de rentas muy difícil de explicar ante la escasa solidaridad de la clase dirigente y que se ha entendido bastante peor entre los propios agentes sociales. La CEOE de Antonio Garamendi, con ánimos renovados desde la llegada de Feijóo al Partido Popular, al igual que UGT y CC.OO, siempre a las faldas de la ministra Yolanda Díaz, empiezan a estar hartos de actuar como guardia pretoriana al servicio de Pedro Sánchez cada vez que hay que ventilar alguno de los muchos conflictos de interés aflorados por la difícil situación que vive la economía patria.
El rechazo creciente de las juntas generales a los sueldos del Ibex pone en cuestión un sistema en el que la opinión de los accionistas no tiene carácter vinculante
El plan que propone Pablo Hernández de Cos constituye un llamamiento al más elemental sentido común, lo que, no obstante, requiere un esfuerzo colectivo sin parangón en una sociedad dominada por “el que hay de lo mío” dentro de una atmósfera de confrontación política y territorial. Frente a la España invertebrada y diferente, el máximo representante de la autoridad bancaria se ha lanzado de nuevo a proclamar las verdades del barquero con la invocación a un acuerdo de Estado que implica mucho más que un dique de contención salarial para evitar una espiral inflacionista. La propuesta entraña también y sobre todo un ajuste general de los márgenes empresariales, con especial incidencia en todas esas grandes compañías petroleras y eléctricas que se hacen hueco a codazos en el muro de las lamentaciones al tiempo que se forran con la subida del crudo y del gas en los mercados exteriores.
El shock energético supondrá este año una factura extra de 20.000 millones de euros que nos hace más pobres a todos los españoles y que será necesario pagar a escote ateniéndonos a ese principio básico de progresividad fiscal del que siempre se llenan la boca los diferentes gobiernos, sea cual sea su color y naturaleza. Los grandes dirigentes empresariales deberían ser los primeros en dar un paso al frente, sin creer que el resto de ciudadanos son tontos de capirote, para ajustar sus pingües ganancias y evitar la pérdida de esa competitividad alcanzada con los enormes recortes aplicados a la clase media trabajadora durante la gran depresión de la anterior década. Pensar que la subida de los precios es coyuntural está fuera de lugar por mucho que Nadia Calviño se esmere en labores de autoengaño con un mensaje de trasnochado optimismo que está empezando a irritar incluso a sus más incautos colegas comunitarios.
La responsable de la política económica tiene muchas tablas en el arte bruselense de no mojarse ni debajo del agua y se resiste a liderar el movimiento político que exige el requerido pacto de rentas. Calviño sabe que lo que pide el Banco de España y reclama el conjunto de la sociedad civil atañe directamente a la médula espinal de los compromisos programáticos de su Gobierno, que consiste básicamente en no tocar ni un pelo a los 10 millones de jubilados en España. Ahí es donde naufraga cualquier intento de contención salarial porque la indexación de las pensiones al IPC es sagrada y Pedro Sánchez no está dispuesto a bajarse de la burra incumpliendo en su primer año de ejecución una ley que él mismo se ha sacado de la chistera. A ver quién es el guapo, o guapa, que les dice ahora a 10 millones de votantes que nanay del Paraguay cuando la inflación media del país se estima en un 7,5% para el conjunto del año en curso.
Nadia Calviño ha evidenciado una preocupante falta de liderazgo a la hora de impulsar el fallido pacto de rentas entre la CEOE y los sindicatos
Los asesores externos que colaboran con Nadia Calviño sugieren la alternativa de actualizar las pensiones con arreglo a la inflación subyacente, en la que no se incluye la energía ni los alimentos frescos, y que ha alcanzado a finales de abril el 4,4%. Para aliviar el trompazo la solución que se plantea en forma de trampa al solitario sería subir las nóminas de los jubilados con la media de esta misma variable, que se espera pueda remitir en los próximos meses hasta situarse en torno al 3% para el conjunto de 2022. La decisión queda ahora en manos del jefe del Ejecutivo quien está deshojando la margarita que supone enfrentarse a las contradicciones de esa mentira doctrinal que tiende a configurar las necesidades financieras del Tesoro a partir de la falsa ilusión de un estado del Bienestar propio de imaginaciones calenturientas.
La otra opción de la disyuntiva pasa por quemar las naves como se viene haciendo estos dos últimos años, con un gasto público que ha superado por primera vez la frontera del 50% del Producto Interior Bruto (PIB). La política económica de arrojar dinero a los problemas ha perdido virtualidad a medida que España se ha ido quedando rezagada de la recuperación con respecto a sus vecinos europeos. Pero precisamente por eso es más factible que el jefe del Ejecutivo se decante en sus postreros coletazos por echar más madera al fuego sin que nadie a su alrededor tenga la conmiseración de susurrarle ninguno de sus errores al oído. La vicepresidenta económica no parece la más indicada para tamaño menester y, como bien mandada, su principal cometido será embozarse en el traje de bombero mientras tira de calculadora para calibrar el alcance de las llamas.
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