Nuevos mecanismos de apoyo a las empresas ante la crisis de la Covid-19

España ha comenzado el segundo semestre de 2020 con un nivel de PIB aproximadamente un 22% menor que el que existía a finales de 2019, cifra por encima de las que registran Alemania, que ha sido del 12%, Francia, del 19%, e Italia, del 18%, aproximadamente (según Eurostat). Las cifras correspondientes a todo el año 2020 mostrarán una considerable mejoría, pero se quedarán probablemente a mitad de camino de poder compensar las cifras negativas del primer semestre. Además, desde el punto de visto del empleo y según la EPA del tercer trimestre 2020, el paro registrado en nuestro país aumentó aproximadamente en unas 500.000 personas, cifra que no incluye otras 500.000 personas, que todavía estaban incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) al final del tercer trimestre de 2020.

Desde el pasado mes de abril, el Gobierno de España ha puesto en marcha varias medidas dirigidas, principalmente, a apoyar financieramente a las empresas (créditos ICO) y a los trabajadores temporalmente sin actividad, a través de diversas modalidades de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) ligados a los efectos de la Covid-19. Es hora de avanzar con medidas más creativas que abarquen una mayor amplitud de mecanismos a los que las empresas puedan acogerse, para lo que es necesario echar una mirada a lo que están haciendo países de nuestro entorno. Con el acuerdo adoptado por la Unión Europea, la totalidad de los países europeos afectados por la Covid-19 han abandonado temporalmente las normas del Tratado de Roma, que prohibían la concesión de ayudas de Estado, y han adoptado otras claramente intervencionistas orientadas a ayudar a sus empresas a pasar esta crisis con el mínimo deterioro posible.

Las ayudas que se han puesto en marcha adoptan fundamentalmente tres formas: (1) ayudas directas a las empresas a través de subsidios, (2) inyecciones de liquidez y (3) apoyo a los desempleados a través de mecanismos tipo ERTE. Estos mecanismos permiten a las empresas retrasar el pago de impuestos y contribuciones a sistemas públicos de previsión social, y acceder a líneas de liquidez a través de bancos públicos y privados con garantías de los respectivos Estados, de manera que el riesgo de impago al vencimiento de esas líneas sea mayoritariamente soportado por ellos.

Si comparamos las ayudas existentes en España con las que se han articulado en otros países se observa que, para España, Alemania, Italia y Francia, las cifras acumuladas en los diversos tipos de ayudas hasta el pasado verano eran aproximadamente del 14%, 40%, 49% y 28%, respectivamente, respecto de su PIB de 2019 (Bruegel Institute). Además, los cuatro países citados han continuado habilitando nuevos instrumentos o ampliando otros, con lo que habrán aumentado así sus respectivos porcentajes, pero sin que las distancias relativas entre países hayan variado significativamente.

Somos conscientes de que a medida que pasan los meses y la pandemia se alarga a la espera de una vacuna que sea efectiva y alcance a toda la población, el modelo de ayudas planteado por el Gobierno de España está alcanzando su límite de agotamiento: por un lado, gran parte de los créditos ICO se han consumido y, por otro, los ERTE requieren de prórrogas continuadas al no mejorar la situación económica general.

El modelo de ayudas planteado por el Gobierno está alcanzando su límite de agotamiento: gran parte de los créditos ICO se han consumido y los ERTE requieren de prórrogas continuadas

En este contexto, resulta necesario complementar el modelo existente con nuevos mecanismos de apoyo para que puedan soportar mejor su período de convivencia con la Covid-19, y a la vez impulsarlas hacia un futuro mejor, teniendo en cuenta, además, las ayudas que España recibirá de Bruselas por un importe aproximado de 140.000 millones de euros a partir de 2021.

Dado el amplio número de empresas que van a requerir de estos apoyos, nuestra propuesta se basa en la necesidad de habilitar una colaboración (agencia) Gobierno Central-comunidades autónomas que facilite el acercamiento a esas empresas. En concreto, la propuesta se basa en que el Gobierno de España junto con las comunidades autónomas ponga en marcha una iniciativa para atender a las empresas en dificultades. Esta propuesta estaría orientada a alcanzar no solo a las empresas identificadas por el Fondo de Apoyo a la solvencia de las Empresas Estratégicas que, con un importe de 10.000 millones de euros, el Gobierno ha puesto a disposición de la SEPI, sino que se trataría, en principio, de llegar a empresas con 50 o más empleados (unas 25.000 aproximadamente), de las cuales solo un porcentaje solicitaría apoyo a través de esta iniciativa. Se abarcaría así una gran parte del tejido empresarial español.

Para facilitar la gestión de esta iniciativa, las empresas se dividirían en dos grupos: por encima de 300-400 empleados, cuya atención quedaría en manos de la propia SEPI; y entre 300-400 y 50 empleados, cuya atención quedaría en manos de los departamentos de empresa de las comunidades autónomas, que podrían llegar más cerca de las necesidades de esas empresas.

Los objetivos principales de estas ‘agencias’, que ya existen por ejemplo en Francia, consistirían en establecer diagnósticos sectoriales unificados entre Gobierno central y comunidades autónomas que facilitaran y clarificaran una acción coordinada; y apoyar a las empresas en la búsqueda de acuerdos de viabilidad y reestructuración, promoviendo acuerdos entre todas las partes públicas y privadas que puedan tener influencia sobre su futuro.

Es evidente que la magnitud de la crisis requiere que las instituciones públicas adopten una actitud mucho más proactiva a favor de las empresas españolas. Si no lo hacen, es muy probable que la destrucción de tejido empresarial sea tal, que la recuperación económica sea lenta y sujeta a grandes desequilibrios macroeconómicos, tanto desde el lado de los ingresos fiscales como desde el lado del gasto anticrisis.

Nuestro país debe abordar definitivamente un tema que viene siendo reiterativo en numerosas publicaciones y reflexiones de economistas, empresarios y sindicatos, como es la necesidad de poner en marcha una Política Industrial para España. Hay numerosos estudios que soportan una realidad económica significativa: los países con más industria manufacturera con relación a su PIB gozan de un crecimiento mayor, de una balanza comercial saneada, de un menor índice de paro, así como la capacidad de salir de las crisis en un tiempo menor, lo que puede contrastarse en países cercanos como Alemania y más lejanos como Corea del Sur, donde la industria tiene un peso en su PIB del 20-25%.

*Juan Miguel Sucunza es Presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN)

*Antonio Hidalgo es Catedrático de Organización de Empresas

*Alejandro Legarda es Ingeniero Industrial y Doctor en Economía y Gestión de la Innovación.