Del 'Green Deal' al 'Greenwashing' cuento a cuento

La Unión Europea , con Alemania al frente, quiere convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. Un objetivo loable que respalda el 93% de la población. En noviembre pasado, el Parlamento Europeo declaró el Estado de emergencia climática y apenas un mes después, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen presentaba el Pacto Verde de la UE, un plan con cincuenta acciones concretas y 100.000 millones de euros para apoyar a las regiones europeas más afectadas por la transición energética y el ocaso de los combustibles fósiles.

El nuevo año trajo la pandemia, los confinamientos y la hibernación de la economía europea. Pero, aparentemente, no ha afectado a los planes para descarbonizar Europa y combatir el cambio climático. En Alemania, el comité de expertos independientes que comenzó a trabajar hace diez años mantiene las recomendaciones pese a la crisis desatada por el coronavirus. Sus propuestas pasan por ofrecer estímulos económicos relacionados con energías limpias, eficiencia energética, espacios verdes e infraestructuras naturales para lograr un impacto muy positivo no solo en la economía, sino también en el medio ambiente. En España, el Gobierno aprueba incentivos a la inversión en renovables y un nuevo sistema de subastas. En apariencia todo cuadra, aunque la realidad es otra.

Detrás del decorado hay una pelea feroz para que la transición energética en Europa se ajuste a las necesidades de las grandes empresas. Los grupos de interés trabajan a toda máquina lo mismo en Bruselas que en Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo, para que el gran Pacto Verde no quiebre los negocios tradicionales demasiado rápido. Están logrando el objetivo. El último ejemplo es el reglamento recién publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para que los Estados puedan financiar las actividades y negocios que faciliten la transición. Por resumir, el reglamento deja que cada Estado haga de su capa un sayo. Su redacción es tan ambigua que todos los negocios relacionados con la energía pueden ser financiados y etiquetados como sostenibles.

La normativa comunitaria deja que cada Estado haga de su capa un sayo

El reglamento, publicado el 22 de junio, entra en vigor este mes y puede ser el mayor instrumento de disimulo y Greenwashing (vestir de verde lo que es gris) aprobado en la UE en los últimos años. Todo está permitido. La norma que debe guiar las inversiones sostenibles en la UE para cumplir con los compromisos medioambientales del Acuerdo de París y el llamado "paquete de invierno" admite que todas las tecnologías sirven para luchar contra el cambio climático y todas tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones en la regulación,sin criterios discriminatorios, incluso aunque emitan gases de efecto invernadero.

Como todas las normas pactadas en las instituciones comunitarias, el texto del nuevo reglamento es tan ambiguo que cada Gobierno y cada país podrá hacer lo que le venga en gana. Si lo desean, Polonia podrá seguir quemando carbón; Francia utilizando las nucleares a su ritmo y Alemania comprando gas ruso sin traba alguna. Un coladero. La Comisión Europea ha hecho un esfuerzo para para identificar una por una las actividades y umbrales a partir de los cuales una actividad se considera sostenible o no. Pero la realidad es tozuda. Cada país puede hacer su voluntad.

Mientras la ciudadanía presiona a favor de medidas contundentes contra el cambio climático, las viejas estructuras chirrían. Hay países en Europa con buen cartel ambiental que no resisten el escrutinio. Noruega, aunque no pertenece a la UE -sí pertenece al Espacio Económico Europeo-, es un ejemplo. El país es líder en energía hidráulica, presenta periódicamente medidas pioneras para extender coches y aviones eléctricos y se ha comprometido con la neutralidad climática en 2030 Pero hay otra cara. Noruega es un gran productor y exportador de petróleo y gas y ha defendido con uñas y dientes, en público y ante los tribunales de justicia nacionales su derecho a perforar nuevas concesiones en el mar de Barents, el círculo Polar Ártico.

España ha registrado avances en  renovables, pero tiene sus puntos ciegos

España, que sí ha registrado avances sustanciales en el desarrollo de la legislación medioambiental y la promoción de las renovables, también tiene sus puntos ciegos. A finales de 2019, en un asunto poco claro, autorizó prospecciones de gas en Álava a cuenta del Ente Vasco de la Energía y con un plan de cierre de nucleares en marcha, carece de un Plan de Residuos Radiactivos. El vigente es de 2006 y el próximo no estará listo hasta dentro de dos años. Son baches por cubrir en el camino hacia una transición energética que se presenta difícil.

La comunidad internacional no se puede permitir inconsistencias y dilaciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene en sus informes que los efectos del aumento de temperatura que ya se registran van a destruir el equivalente a 72 millones de empleos-año de tiempo completo para 2030. En la UE, como en España, se mantiene la idea de que la transición energética creará más puestos de trabajo de los que destruirá. Según la UE, en los próximos 10 años, el balance neto entre puestos de trabajo creados y puestos destruidos será positivo en 700.000 empleos. Puede ser. Pero no sucederá sin esfuerzo. El maquillaje verde –Greenwashing- puede acabar en gris –Greywashing-. Hay que evitar que rebose el vaso y también que la gota que lo colme sea sucia. Lo demás son cuentos montados sobre cuentas que no responden al interés general.