El adiós al carbón para generar electricidad tiene consecuencias económicas y sociales en las comunidades de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. Las grandes eléctricas propietarias de las centrales que dejan de funcionar el 30 de junio, Endesa, Iberdrola y Naturgy, negocian con las autonomías afectadas, los ayuntamientos próximos a las instalaciones y el Ministerio de Transición Ecológica inversiones millonarias para instalar molinos de viento y paneles solares donde antes se quemaba mineral y para recolocar a los empleados afectados por los cierres. Está en juego el reparto de 5.000 millones de inversión.
En abril, en lo más crudo de la pandemia, las eléctricas firmaron con el ministerio que dirige Teresa Ribera un convenio, denominado de transición justa, para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas. El plan: desarrollar proyectos de energías renovables en las antiguas instalaciones y realizar subastas de energías renovables específicas en estas áreas.
Es la forma de asegurar inversiones ante la evidencia de que los fondos públicos para paliar las consecuencias de una actividad en declive son escasos. Hasta diciembre pasado, la Estrategia de Transición Justa apenas contemplaba 422 millones para los próximos años: 292 para los próximos cinco y 130 a distribuir en el próximo trienio. Ribera, no obstante, anunció a finales de 2019 un aumento del 50% de los fondos para la transición, hasta los 600 millones. Una cantidad insuficiente para hacer frente al impacto de la reconversión.
Planes de Endesa
El tiempo se ha echado encima y las grandes compañías, aunque lentamente, empiezan a reaccionar. Endesa, que ostentó el polémico título de empresa más contaminante del país hasta 2018, es el mascarón de proa de la nueva etapa. Esta semana cierra el círculo. Clausura oficialmente la central de carbón de Compostilla (El Bierzo, León), aunque la instalación no opera desde 2019. Compostilla (1.050 MW, 300 empleados) fue el embrión de la compañía hace 60 años, un símbolo. La eléctrica que dirige José Bogas ha puesto sobre la mesa de las administraciones públicas planes de inversión por importe de 600 millones. La idea es sustituir una instalación que durante su vida útil ha quemado 124 millones de toneladas de carbón por 700 MW eólicos y solares.
Endesa tiene otro gran centro de inversión y de negociación en Aragón. Cierra la central de Andorra (Teruel) -1.100 MW- tras 40 años de actividad en los que ha producido 224.000 GWh, el equivalente al consumo de electricidad de toda España durante un año. En 2019 apenas produjo 1.536 MW. Ahora, tiene que recolocar 153 empleados y negociar el destino de hasta 1.427 millones en parques fotovoltaicos, eólicos y proyectos de almacenamiento en la zona durante los próximos 6 años. Además de Compostilla y Andorra, Endesa ha elaborado planes -los denomina Futur-e- para las centrales de As Pontes (A Coruña) y Carboneras (Almería).
Iberdrola, Asturias y Palencia
Iberdrola tiene dos puntos estratégicos en la negociación con las comunidades autónomas y el Gobierno: la central asturiana de Lada (Langreo) y la de Velilla, en Palencia. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán reserva 1.300 millones de euros para desarrollar más de 1.800 MW eólicos y fotovoltaicos que tranformarán la comarca en torno a la localidad de Velilla del Río Carrión. Entre otros proyectos, prevé construir un complejo fotovoltaico de 400 MW alrededor del cual se desarrollarán otros proyectos de movilidad y de redes inteligentes, además de una planta de reciclaje -valorización-de residuos.
En Asturias, los planes de la eléctrica son menos concretos hasta la fecha. Tampoco hay inversiones previstas cerradas. La eléctrica barajó proyectos para construir cuatro parques eólicos en el área de Lada, que sumarían unos 130 MW. El problema es que la normativa autonómica sólo prevé en el área geográfica de la central de Lada dispositivos eólicos de autoconsumo y parques eólicos de investigación. Tocará negociar.
Tres centrales de Naturgy
La antigua Gas Natural anunció el cierre de todas sus centrales de carbón a finales de 2018. Aunque el desmantelamiento tardará, las instalaciones de La Robla (León), Meirama (A Coruña) y Narcea (Asturias) viven sus últimos días. Los planes adelantados para la central situada en el municipio de Cerceda (A Coruña) contemplan una inversión en la zona de unos 80 millones para un parque eólico y un centro avanzado de gas renovable (biogás). Para las otras dos instalaciones no hay adelantados planes concretos.
Como el resto del sector, Naturgy apuesta por las renovables, con operaciones que sólo en España rondaron los 600 millones de inversión en 2019. La senda está trazada. El presidente de la compañía, Francisco Reynés, avanzó en mayo que revisará el plan estratégico 2018-2022 y destacó la posición de liquidez -10.000 millones- que le permitirá tener un papel relevante en la transición energética. Y no será ya con carbón.
Para todas las compañías, el cierre obligado de las centrales térmicas es un acicate para adelantar posiciones ante los cambios que se van a producir en los próximos años y que afectan a todo el sistema: desde el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad a la entrada en liza de nuevos competidores -comunidades de renovables incluidas-. La negociación con Comunidades Autónomas y ayuntamientos para desarrollar nuevos proyectos y canalizar inversiones es vital. "Estamos viendo hasta dónde se puede llegar" resume el portavoz de una de las tres grandes.
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