En un informe ampliatorio del análisis entregado en diciembre de 2021, los funcionarios del Banco de España concluyen que el banco resuelto debía haber reflejado pérdidas por casi 1.020 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado la investigación, al menos, seis meses más para que los peritos ratifiquen sus informes y para dar tiempo al Banco Santander a encontrar documentos.
El expresidente de la entidad rebate el informe del Banco de España que concluye que en 2015 se debió declarar pérdidas por más de 1.000 millones y presenta un análisis sobre el Gobierno corporativo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción acuerda extender las pesquisas hasta el 29 de enero de 2023, si bien avisa de que podría dar por finiquitada la investigación antes de agotar esta última prórroga.
El fiscal puntualiza que el Banco Santander, que adquirió la entidad extinta por un euro, tiene todavía que remitir documentación de “indudable valor” para la causa. También quedan periciales del Banco de España.
El magistrado José Luis Calama rechaza la petición de archivo del exdirector de los servicios jurídicos del banco debido a que la investigación aún no ha terminado y quedan diligencias pendientes por practicar.
Se muestran a favor de que el Banco Santander sea excluido como responsable civil, pero creen que la exoneración se tiene que extender a ellos, ya que la ampliación de capital no fue en beneficio propio.
El Tribunal Supremo acepta revisar su jurisprudencia para aclarar si el banco que preside Ana Botín debe responsabilizarse también de las sanciones al banco extinto por el incumplimiento interno de las normas.
El organismo pone el énfasis en que se confirma la legalidad de su decisión, que fue apoyada por Bruselas y que ha desestimado la devolución del dinero a los accionistas o una compensación a los demandantes.
El Alto Tribunal de Luxemburgo ha desestimado en su totalidad los recursos presentados por parte de los afectados contra la resolución de la entidad bancaria en 2017.
Tras una época dorada, en la que llegó a ser catalogado como la entidad más rentable del mundo, se convirtió en el primer banco intervenido por parte de las autoridades europeas.
Los investigadores han recabado, por orden del juez que investiga el 'caso Popular', más de 1.400 testimonios de personas que fueron financiadas para participar en la ampliación de capital de 2016.
El tribunal con sede en Luxemburgo recuerda que los accionistas y acreedores del banco extinto son los que deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la resolución.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió crear una pieza separada para profundizar en la financiación de clientes del banco para la ampliación de capital por más de 2.500 millones.
El expresidente del banco extinto reprocha a Anticorrupción que trate de aplicar de manera retroactiva las conclusiones del organismo europeo y ponga en duda la "imagen fiel" de la entidad a finales de 2015.
La asociación AEMEC, que ejerce como acusación en el caso que investiga la Audiencia Nacional, considera que la "maliciosa gestión" de Emilio Saracho provocó la resolución de la entidad en junio de 2017.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió crear una pieza separada para profundizar en la financiación de clientes del banco para la ampliación de capital por más de 2.500 millones en 2016.
El instructor de la Audiencia Nacional solicita esta documentación requerida por los peritos del Banco de España para poder ampliar un informe entregado en 2019 sobre el déficit de provisiones del banco extinto.
El Consejo de Transparencia insta de nuevo al ICAC, adscrito al Ministerio de Economía, a enviar a Aeris Invest el texto completo de la sanción de 2016 a la auditora y el informe interno en que se basa la multa.
Nacido en Barcelona en 1930 trabajó durante más de 40 años en la entidad durante su época dorada y la copresidió durante 17 años junto a su hermano.
El órgano consultivo ha emitido varios dictámenes en los que niega la responsabilidad patrimonial de la autoridad de resolución al entender que accionistas y bonistas deben soportar las pérdidas.
El Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid celebra este viernes, 11 de marzo, la audiencia previa por la ruptura de un acuerdo de marketing para el negocio de adquirencia.
El que fuera encargado de realizar la verificación contable de la entidad ha mantenido que el equipo revisor no contaba con los medios adecuados para tratar esta problemática con la minuciosidad que se requería.
La presidenta de Banco Santander ha abogado por "refinar" el marco de resolución de entidades financieras y limitar la responsabilidad de los bancos que compren entidades en un proceso de resolución".
Afirman que más de 14.000 clientes recibieron financiación y que "suscribieron acciones por 702 millones de euros". No obstante, comparte con el banco que el capital a deducir de los recursos propios debió ser inferior.
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