Más de un 55% de las bases aboga por abandonar la Generalitat y fuerzan a la dimisión de los consejeros, mientras Aragonés estudia los posible escenarios que se abren, incluido un Gobierno con el PSC.
Los contactos no han aportado novedades para reconducir la crisis entre ambos socios de gobierno, antes de que esta noche finalice el plazo que se marcó Junts para convocar una consulta a sus bases.
Las conversaciones no han dado frutos que hagan pensar en un posible acercamiento, antes de que JxCat pregunte a sus militantes durante los próximo 6 y 7 de octubre si deben abandonar la Generalitat.
El presidente de la Generalitat asegura que la propuesta de Junts está pensada para no llegar a ningún acuerdo y les pide actuar rápido o será él quién tome la decisión.
El partido convocará a las bases a través de una consulta los días 6 y 7 de octubre para decidir si sigue o no en la Generalitat si Pere Aragonès no da marcha atrás y restituye al vicepresidente, Jordi Puigneró.
El Gobierno de coalición vuelve a poner de manifiesto la división en sus filas, después de que la formación morada y el ministro de Consumo se haya desmarcado del voto en contra de Izquierda Unida.
Según la Guardia Urbana, han sido unas 150.000 las personas que han asistido a la manifestación, la cifra más baja de la última década, al margen de los dos años de pandemia, la organización lo cifra en 700.000.
Además de las anunciadas ausencias del presidente catalán, Pere Aragonès, y los consellers de ERC, a la manifestación tampoco asisten ni Oriol Junqueras, ni Marta Vilalta, ni otros dirigentes de peso.
También ha acudido a la cámara catalana para arroparla el expresidente catalán Quim Torra, que ha asegurado que su suspensión, deja al independentismo "muy tocado".
La presidenta del Parlament insiste en su inocencia: "No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración"
El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha advertido al PSOE "que se busquen otro socorrista, porque ya conocemos a Pedro Sánchez, que para salvar la Moncloa es capaz de ahogar a Cataluña".
La presidenta del Parlament ha sido acusada ante el TSJC de prevaricación y falsedad documental, por lo que además de la pena de prisión se enfrentará a 21 años de inhabilitación y una multa de 146.000 euros.
La portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, ha declarado que "no ve condiciones" para conversar con el Ejecutivo porque este no ha mostrado un cambio tras el caso Pegasus y pide una reunión de presidentes.
La sala que dictó la sentencia que impone un 25% de las clases en castellano eleva una petición para que las partes implicadas en la causa evalúen posibles infracciones a la Constitución y el Estatuto catalán.
Según el juez, los indicios en este procedimiento, "evidenciarían" que utilizó sus funciones como directora de la ILC dictando "resoluciones injustas" para adjudicar 18 contratos menores.
Según cualquier manual de economía política, Cataluña debería ser de derechas y Andalucía de izquierdas pues los ricos son conservadores, y la gente bien situada cree en la libre empresa y critica los impuestos.
La Generalitat y JxCat se querellaron contra el exlíder del PP por injurias, columnas e incitación al odio. El alto tribunal se declara no competente al decaer su condición de aforado, tras dejar su escaño en abril.
Es la mayoría más abultada desde 2007, cuando el Gobierno de Zapatero superó este trámite con 192 síes. La coalición sale reforzada gracias a la mayoría de la investidura y el añadido de ERC y EH Bildu.
El Parlament ha constituido una comisión, presidida por JxCat, que estudiará compromisos "incumplidos" y valorará los activos del Estado en la comunidad autónoma con el objetivo de calcular la balanza fiscal.
El pronunciamiento anula un auto anterior que desestimaba medidas cautelares tanto al expresidente de la Generalitat como a sus exconsellers, Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres con escaño como eurodiputados.
La Ley Audiovisual, que marca porcentajes mínimos a las plataformas en producción europea, española y lenguas cooficiales, así como a cine de mujeres, ha superado hoy un nuevo trámite en el Congreso.
Han dedicado la mayor parte del tiempo del encuentro, que ha durado hora y cuarto, a hablar del espionaje, así como de la "situación judicial" del expresident y del "resto de los exiliados" tras el referéndum del 1-O.
La decisión cumple con la resolución parlamentaria de llevar a los tribunales los posibles 'pinchazos' a los móviles de más de 60 independentistas, iniciativa respaldada por PSC-Units, ERC, JxCat, CUP y comunes.
Con los vetos de ERC y JxCAT a la nueva Ley de Seguridad Nacional, que permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis.
Según un comunicado de la oficina del expresidente de este martes, ya han presentado un requerimiento "exigiendo el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas de espionaje ilegal".
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