Una delegación de los sindicatos de inquilinos de Cataluña y Madrid ha entregado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sus propuestas para mejorar el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, entre ellas que la regulación de los alquileres afecte a todos los arrendadores y que el texto incluya un régimen sancionador. En una reunión en la sede del ministerio, ambas partes han mostrado "buena disposición" y Raquel Sánchez ha escuchado las propuestas y se ha comprometido a analizarlas, según fuentes de su departamento.
"Me he reunido con el Sindicat de Llogaters para conocer de primera mano sus inquietudes y compartir nuestras políticas para garantizar el acceso a una vivienda digna. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 destinan una inversión histórica. El trabajo de la sociedad civil es imprescindible para seguir avanzando", señala la ministra en su cuenta de Twitter.
Me he reunido con @SindicatLloguer para conocer de primera mano sus inquietudes y compartir nuestras políticas para garantizar el acceso a una vivienda digna.
— Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) February 11, 2022
Los #PGE2022 destinan una inversión histórica. El trabajo de la sociedad civil es imprescindible para seguir avanzando. pic.twitter.com/9qvPlpLJTw
El documento que los sindicatos de inquilinos le han entregado recoge diez propuestas para que la regulación de los alquileres tenga "efectos significativos" y para garantizar un alquiler "justo, estable y asequible". Piden que la bajada de los alquileres se aplique a todos los arrendadores, no solo a las empresas propietarias de diez viviendas o más; que se incluya en la nueva ley un régimen sancionador y que sea suficiente para declarar una zona tensionada con que el crecimiento del precio de la vivienda sea de dos puntos (y no cinco) por encima de la inflación o bien con que la carga media destinada a la vivienda (con gastos y suministros básicos) supere el 30% de los ingresos.
También, que la regulación de precios sea de aplicación inmediata cuando se apruebe la ley (sin periodo de carencia de dieciocho meses) y que el texto garantice la vigencia de los regímenes de contención de rentas ya existentes y en funcionamiento, como el de Cataluña.
Otras de sus propuestas, que Unidas Podemos defenderá en forma de enmiendas en la tramitación parlamentaria, son que los arrendadores paguen los gastos de las agencias inmobiliarias, que los contratos sean renovables automáticamente, si no hay incumplimiento de las condiciones o necesidad propia del arrendador, y que los alquileres se actualicen según el IGC, lo que limitaría las subidas a un máximo de 2%.
El documento de enmiendas, al que ha tenido acceso Efe, pide asimismo que la ley reconozca el papel de representación, intermediación y asesoramiento de las organizaciones inquilinas y que se limite el alquiler turístico en los entornos urbanos residenciales. En materia fiscal, reclama que las desgravaciones para arrendadores se apliquen solo cuando la renta sea al menos un 15% inferior a la del índice de precios o cuando se trate de una vivienda de alquiler social y que se eliminen los beneficios de las socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).
