El precio de los alimentos subió de media un 13,8% en agosto, su nivel más alto desde el inicio de la serie que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 1994. El encarecimiento de la cesta de la compra es preocupante porque en el caso de los hogares más vulnerables este componente tiene un peso mayor en su consumo total que en el de las familias con rentas más altas. Para protegerles, economistas y representantes de la cadena de producción se muestran partidarios de algún tipo de transferencia directa o cheque para consumir en alimentación, al entender que sería un tipo de ayuda más eficiente.
No es sencillo, puesto que el Estado no tiene bien localizadas a estas familias, como ha demostrado la experiencia con el Ingreso Mínimo Vital. Hay quienes tenían acceso a él pero no lo han solicitado por desconocimiento, problemas burocráticos, de acceso a Internet o porque tratan de subsistir en la economía sumergida y tienen miedo de ser 'detectados'. De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa, la del segundo trimestre, en España hay alrededor de un millón de familias con todos sus hogares en paro. Y están, además, quienes ni tan siquiera alcanzan los ingresos mínimos para tener que presentar la declaración de la renta. Sin embargo, poco más sabe el Estado sobre el colectivo.
Una ayuda a las familias y hogares más vulnerables que no interrumpiese las reglas de juego sería una medida que tendría los mejores efectos desde el punto de vista económico, según explica en 'La Información' Pedro Barato, presidente de Asaja (la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores). Desde su punto de vista, la sociedad estaba acostumbrada a consumir los alimentos a un precio muy reducido, que estaba dejando a los productores prácticamente sin márgenes o perdiendo dinero, sobre todo a raíz del fortísimo incremento de los costes de producción que trajo consigo la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania.
La luz ha subido un 300%, el precio de los fertilizantes se han multiplicado por tres o por cuatro (de los 240 0 250 euros por tonelada al entorno de los 750) y la mano de obra se ha encarecido otro 40%. "Nosotros no estamos causando la inflación. El tema de los márgenes se ha agravado y veremos qué ocurre con las siembras desde el mes que viene", zanja. El peso que tienen en el sector agrícola el coste de los carburantes, el transporte y otros componentes, como fertilizantes y piensos, lleva a María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, a no descartar que los próximos meses podamos ver todavía tasas de inflación más elevadas en el caso de los alimentos -antes de que empiecen a bajar, como está previsto que suceda con la tasa general en el tramo final del año-.
A la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de limitar los precios de una cesta de productos básicos los expertos le ven más sombras que luces. José Emilio Boscá, investigador asociado de Fedea, explica a este diario que no es partidario de un experimento de este tipo, salvo que existiese un problema real de concentración, en cuyo caso habría que acudir directamente al regulador para que lo subsanase. Las grandes distribuidoras pueden bajar precios pero no se sabe si su margen está aumentando o no, si están tirando del resto de la cadena, apunta.
¿Ha tocado techo la inflación?
Otra pregunta en el aire es si la inflación habría podido tocar techo ya en julio, cuando la tasa interanual escaló hasta el 10,8%. Camilo Ulloa, economista Principal de la unidad España y Portugal en BBVA Research, reconoce que les ha sorprendido el dato de agosto (los precios subieron en tasa interanual al 10,5%), teniendo en cuenta el escenario que manejaban a principios del verano. Esperaban un recorte de las exportaciones de gas ruso, pero no que éste tuviera un impacto tan elevado sobre los precios.
La parte positiva, según detalla a este medio, es que el deflactor del PIB, que es la mejor medida de la inflación doméstica, muestra tasas significativamente más bajas de lo que están soportando los consumidores. Así, desde su punto de vista, los márgenes empresariales a nivel nacional están ayudando a la contención de precios. Si todo se mantuviera como ahora, se produciría una desaceleración progresiva de la inflación. Sin embargo, "se mantendría la pérdida de poder adquisitivo porque es difícil que el año que viene vayamos a ver una caída de los precios", avanza. Esa rigidez en la bajada de los precios quedó patente en el peor momento de la pandemia, cuando pese a los confinamientos y el parón de la actividad únicamente bajó el precio de los combustibles.
También confía en que la tasa general haya tocado techo en julio María Jesús Fernández. El precio del petróleo cotiza por debajo de 100 dólares, otras materias primas que ya en 2021 o desde el inicio de la guerra se habían encarecido mucho han moderado su precio, como ha sucedido también con el transporte marítimo, y la demanda embalsada en 2020 y 2021 se puede dar por agotada este verano. El contexto económico será de estancamiento o recesión y con el aumento de tipos la demanda se relajará. Sin embargo, desde Funcas consideran que la subyacente (que excluye la energía y los alimentos frescos) todavía tiene recorrido al alza por los costes de producción. Sitúan, así, la inflación media en torno al 9 o el 9,1% para este año y estiman que la tasa cerrará diciembre en el 8,6%. El año que viene la media se reducirá hasta el 4,8%.
Ante un contexto como éste José Emilio Boscá recuerda la necesidad de alcanzar un pacto de rentas. Y esto, pese a que "no haya indicios de que se esté produciendo una espiral de precios, salarios y márgenes, sino más bien lo contrario", señala. El deflactor del PIB muestra cómo los precios domésticos no se han contaminado aún de la inflación -de hecho, ha caído en los tres últimos trimestres-. Esto indica que no hay una espiral, por lo que a su juicio sería deseable que las empresas no intentasen elevar sus márgenes ni los trabajadores sus salarios más allá de lo razonable. "Es importante que el Gobierno tome el liderazgo en este ámbito", señala. Incide, además, en que los acuerdos pueden alcanzarse por un periodo de tiempo razonable, por un par de años o tres, con cláusulas de revisión. Ese pacto de rentas debiera incluir también, en su opinión, a los pensionistas.
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