La ministra Yolanda Díaz tiene una ajetreada agenda para la recta final del año. Con la negociación sobre las plataformas digitales encallada, todavía tiene que abordar con los agentes sociales la eventual subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 y abrir la mesa más crítica de todas: en la que se hablará sobre la reforma laboral de 2012. El tiempo apremia y el bloqueo de la patronal al pacto sobre los riders amenaza con aplazar al próximo mes de enero, como pronto, las conversaciones para recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, así como utraactividad, o poner coto a la subcontratación. Todo ello, mientras la evolución de la crisis sanitaria vaticina que será necesario ampliar el escudo social y renegociar algunas herramientas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
En el plan anual normativo, que marca la agenda del Gobierno para 2020, el departamento que dirige Díaz tenía previsto aprobar este año la "Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial", con el objetivo de "reforzar la protección de las personas trabajadoras y recuperar el papel de los convenios colectivos, mediante la reforma de la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial". Pero fuentes del diálogo social aseguran que no da tiempo en lo que queda de año.
Otro de los asuntos prioritarios para el ministerio de Trabajo en el mencionado plan es la regulación de los riders, bajo el paraguas de la "Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos". La norma, según figura en la agenda ministerial, persigue "proporcionar una regulación suficiente que dé respuestas adecuadas al fenómeno descrito, aclarando las notas de laboralidad y distinguiendo lo accesorio o instrumental- el uso de los medios tecnológicos- de lo esencial- la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa, evitando el uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias, con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para las personas trabajadoras afectadas". Pero esa mesa está atascada en estos momentos.
La patronal ha manifestado su rechazo a abordar la cuestión en lo que queda de año y se ha mostrado partidaria de trasladar las negociaciones a principios de 2021, coincidiendo con el periodo en el que deberá tratarse una eventual prórroga de los ERTE, ya que el esquema actual caduca el 31 de enero y los empresarios ya han pedido al Gobierno que lo amplíe y mejore las condiciones. Fuentes conocedoras de los contactos mantenidos en las últimas semanas revelan que existe una gran división dentro de la propia patronal entre el sector de la logística, partidario de una regulación que favorezca la competencia leal, y el de las plataformas digitales, que defiende la posición de empresas como Glovo, que están ejerciendo una gran presión y labor de lobby para mantener su modelo laboral basado en un entramado de falsos autónomos, tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo.
Discrepancias en la patronal
El choque interno en la CEOE, indican estas fuentes, es notorio y va a más en las últimas semanas, lo que está bloqueando el eventual pacto con el Gobierno y los sindicatos. La presión de los lobbies ayudó a eliminar polémico registro de plataformas y la obligación de revelar el algoritmo para atraer la postura de los empresarios, pero no ha sido suficiente. Los sindicatos, por su parte, han hecho frente común para reclamar al ministerio que reconduzca las negociaciones para "fortalecer las relaciones laborales en el ámbito de las plataformas digitales y salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras". Las organizaciones sindicales insisten en abrir el ámbito de afectación de la nueva regulación a todas las plataformas, sin limitarse al reparto y distribución (riders) para poner coto a la proliferación fraudulenta de falsos autónomos y critican la presión de los lobbies.
Con esta mesa en stand by (que volverá a reunirse en la semana del 14 de diciembre, aunque mucho tienen que moverse las posturas para que haya acuerdo) el Gobierno va a abrir en los próximos días la mesa para explorar la subida del SMI para 2021. Será simbólica, según las fuentes consultadas, y no alcanzará los 1.000 euros, ya que el Ejecutivo es consciente de que la situación de una elevada proporción del tejido productivo es crítica y un incremento desmesurado de los costes laborales podría provocar la quiebra de muchos negocios. En paralelo, hay que recordar que la patronal y los sindicatos han renunciado a renovar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que caduca este año y en el que se deberían fijar unas directrices en materia salarial para los ejercicios venideros.
Ante este escenario, difícilmente quedará tiempo para alcanzar un consenso sobre la contrareforma laboral antes de que acabe el año. Recuperar la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad son aspectos en los que la patronal podría ceder, pero el asunto de la subcontratación es más espinoso. Hay que recordar que la CEOE ya se plantó ante esta propuesta de reforma por parte de Trabajo el pasado mes de febrero, por entender que aparejaba graves consecuencias para el tejido productivo y el empleo al hacer inviable la supervivencia de muchas empresas. Ahora, fuentes de la organización empresarial adelantan que, si bien estarían dispuestos a tratar en las mesas con el Gobierno y los sindicatos otras cuestiones relacionadas con la negociación colectiva, las intenciones de la ministra Díaz en materia de subcontratación "inquietan y preocupan", por lo que de llevarse este tema al diálogo social auguran una "batalla importante". En cualquier caso, descartan que estas conversaciones fructifiquen en lo poco que resta de año.
Además, la propia evolución de la pandemia vaticina que el actual esquema de los ERTE, que finaliza el 31 de enero, deberá renegociarse para darle continuidad. La patronal le ha pedido al Gobierno descuentos del 100% en las cotizaciones sociales mientras continúe la prohibición de los despidos, así como que se extienda el sistema hasta el verano. El Ejecutivo ha garantizado en numerosas ocasiones que los ERTE se mantendrán siempre que sigan siendo necesarios. Entre tanto, los sindicatos reclaman la ampliación de la cobertura a todos los trabajadores afectados por ERTE de rebrote en la segunda ola de la pandemia, así como a aquellos que agotaron todas sus prestaciones con motivo de la crisis sanitaria.
Con todo este mejunje de negociaciones en el aire, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo en una entrevista que, en un contexto de caída brusca de la actividad económica, "lo importante" es garantizar la paz social", pero avanzó que si los actores sociales quieren una reforma laboral, "el Gobierno está dispuesto a acompañarla". Es decir, que pese a ser una de sus grandes promesas electorales, además de uno de los puntos calientes en sus relaciones con sus socios de coalición, el dirigente socialista prefiere que un cambio de este calado venga desde los agentes sociales, como por otra parte ha defendido siempre la ministra Díaz.
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