"Pablo, el presidente quiere verte en Moncloa". 11 de noviembre de 2019 a mediodía. El móvil de Iglesias se ilumina. Mensaje de Iván Redondo horas después de las elecciones. El líder de Unidas Podemos se había dejado muchos pelos en la gatera tras una negociación a cara de perro con el PSOE durante el último verano y otoño antes del Covid. Respuesta: "Allí estaré"; y saldré con el acuerdo, comenta con los suyos. Ese día comenzó a fraguarse la primera coalición en el Gobierno de España y, por extensión, el bloque de la investidura ahora ampliado a los Presupuestos. Una mayoría que Pedro Sánchez no fue capaz de construir en solitario y eso que lo intentó por activa y por pasiva. El país aún no está preparado para vivir de eso que en Moncloa llaman la "geometría variable", al menos en lo que a los grandes asuntos se refiere, y así ha quedado demostrado en la tramitación de las cuentas públicas que dejan una coalición encolada y una perspectiva a tres años con una mayoría inédita pero inestable. Los socialistas no habían vivido en una posición tan placentera políticamente desde hacía más de una década cuando el hoy presidente era un simple diputado raso y el vicepresidente comenzaba a dirigir 'La Tuerka' y acababa su tesis doctoral.
Existe en el Gobierno una sensación de euforia. Contenida, eso sí. El jueves, a la salida del pleno que semiaprobaba los primeros PGE de la coalición, varios diputados del PSOE se hacían fotos con Rafael Simancas, portavoz, en el patio del hemiciclo. "Por fin, ahora toca pasar una legislatura tranquila", reconocía un diputado presente en el hemiciclo. Dos años y medio le ha costado a Sánchez esta fotografía. Dieciocho meses desde la moción de censura que para algunos cargos en Moncloa han sido una batalla continua, y no sólo por la pandemia. "Un Vietnam", describen gráficamente desde el equipo de colaboradores del presidente. Ahora, la partida cambia.
Sánchez sale del segundo trámite de los PGE con una mayoría más abultada que en la investidura de junio de 2018 y, por supuesto, que en las cuentas públicas fallidas que le llevaron a convocar elecciones en febrero de 2019. Los números hablan por sí solos. Diciembre de 2020: 188 síes y sus segundos Presupuestos aprobados a la primera. En 2019 el borrador presupuestario ni siquiera llegó al Pleno de votación, ya que se encalló en el debate de las enmiendas a la totalidad. Hubo 191 votos a favor de tumbar el proyecto de ley y sólo 158 noes. Otro dato: en 2020 han votado a favor de los PGE once partidos con representación parlamentaria (PSOE, UP, ERC, EH Bildu, PNV, PdeCAT, Más País, Compromis, Teruel Existe, PRC, Nueva Canarias). Y en 2019 votaron en contra de las enmiendas cuatro partidos: PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís. Se abstuvo Nueva Canarias.
Llegar a esta mayoría no ha sido sencillo. Ni para el PSOE ni para Unidas Podemos. Sánchez llevaba buscando un acercamiento a ERC desde 2017 cuando, ante la posibilidad de gobernar en su primera intento, buscó un acuerdo con Oriol Junqueras. Viajó a Barcelona y se vio en privado con el entonces vicepresidente de la Generalitat buscando la imposible: el concurso de los independentistas junto a Ciudadanos y Unidas Podemos. A las primeras de cambio se vio que esa vía era inasumible por todos, hecho que quedó confirmado tras la moción de censura cuando los republicanos volvieron a rechazar al PSOE en su primer 'matchball'. En el sanchismo aún recuerdan lo doloroso que fue para ellos que ERC les forzara a ir a elecciones.
Pero a la tercera va la vencida. Ese "no son de fiar" del pasado ha tornado ahora en un acuerdo que se ha producido, y eso no ha pasado desapercibido en un sector del independentismo, apenas unas horas antes de que el Tribunal Supremo tumbara el tercer grado a los presos del procés. Incluso, Dolors Bassa (su hermana, Montse, dijo en la tribuna del Congreso en enero que le importaba "un comino" la gobernabilidad de España) y Carme Forcadell han tenido que retornar a la cárcel. Un escenario impensable hace apenas unos meses que ahora se ha hecho realidad. La solución al "conflicto" catalán, así está escrito en el acuerdo de investidura, ahora sólo pasa por la política y el Gobierno ya está trabajando en dos vías: la de la reforma del Código Penal y la de los indultos, que no es seguro que se tramiten antes del 14-F, aseguran fuentes gubernamentales. El futuro de la relación Sánchez-Junqueras pasa por estas cuestiones, nada cómodas, por cierto, para el socialismo. Unidas Podemos no interferirá: el acuerdo es que los temas "de Estado" son de Sánchez.
La solución al "conflicto" catalán, así está escrito en el acuerdo de investidura, pasa por la reforma del Código Penal y los indultos, que no se tramitarán antes del 14-F. Iglesias interferirá
El sí de EH Bildu a los PGE de un Gobierno también es inédito. Es la primera vez que un presidente pacta con la izquierda abertzale en la ley de leyes para un Ejecutivo. Y eso ha provocado revuelo en el PSOE. No sólo entre algunos barones sino también en el seno del Consejo de Ministros. Basta recordar la cortante reacción que tuvo la vicepresidenta tercera Nadia Calviño hace unos meses cuando el grupo socialista pactó con el de Mertxe Aizpurua avanzar hacia la derogación de la reforma laboral. El PSOE tuvo que rectificar en cuestión de horas. Esta semana en el entorno del presidente se respira un clima de haber conseguido derribar un "tabú" con este acuerdo junto a los de Arnaldo Otegi que no va a ser inocuo, ni mucho menos. Hay federaciones, como la extremeña de Guillermo Fernández Vara, encendidas y que no creen que la solución sea enviar una carta a la militancia. La herida interna, por tanto, está abierta y supura. En Moncloa son conscientes de ello.
Iglesias y la "Declaración de Zaragoza" de 2017
En Unidas Podemos las sensaciones son aún más positivas. "La clave de que hayamos acabado por demostrar que teníamos razón y que había una mayoría que puede garantizar políticas de izquierdas y encarnar una visión más sensata, más plural y más inclusiva de nuestra patria, ha sido la resistencia y la perseverancia de nuestra gente", decía ayer el secretario general ante los suyos. Más de tres años ha tardado Pablo Iglesias en hacer realidad esa "mayoría progresista y plurinacional que está llamada a convertirse en mayoría de legislatura y de dirección de Estado". Para conocer los primeros movimientos hay que remontarse a la llamada "Declaración de Zaragoza". Corría el año 2007 cuando Iglesias reunió en la capital aragonesa a representantes de Podemos, Izquierda Unida, En Comú, En Marea, Compromís, PNV, ERC y PDECat. Allí había algunas promesas de la política que hoy ocupan altas responsabilidades. Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Aitor Esteban o Gabriel Rufián. El bloque de socios de los PGE de 2021, en definitiva. Faltaba Bildu. Hubo ultras en la puerta que protestaron y llegaron a agredir con un botellazo Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón. Ahí comenzó a fraguarse la entente de las izquierdas.
La propuesta estrella que salió del cónclave a orillas del Ebro fue proponer al Gobierno de Mariano Rajoy la creación de una mesa en la que esté el propio Ejecutivo y el Govern de la Generalitat. Nada inventado por Sánchez cuando llegó a Moncloa porque es la mesa bilateral que se encuentra en barbecho por la pandemia pero que se prevé retomar tras las elecciones catalanas. La última reunión fue en Barcelona, en febrero, con Torra y sin el propio Iglesias, que no acudió por una amigdalitis. Faltaban apenas dos semanas para que Sánchez declarara el estado de alarma y confinara el país.
Meses después de aquella Declaración llegó la moción de censura, el primer intento de los PGE, las elecciones, el insomnio de Sánchez, el paso atrás de Iglesias para favorecer un acuerdo con el PSOE, las elecciones del 10-N, el adiós de Rivera, el ascenso de Vox y la inevitable coalición. "Tenemos que estar orgullosos de la perseverancia de este espacio político por haber apostado por estar en el Gobierno", insistía Iglesias este sábado. No ha sido fácil y lo que viene a partir de ahora tampoco será un campo de rosas. El siguiente punto de set es el 14-F en Cataluña.
La coalición se tomará las uvas con los Presupuestos en la mochila y con los motores bramando. El compromiso de permanecer unidos es hasta 2023, explican tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos. Se ultiman leyes consideradas troncales para PSOE y Unidas Podemos. La de Vivienda, la Trans, la de Eutanasia o la de Memoria Democrática son sólo algunos ejemplos. Pero en Moncloa hay quien sigue pensando que la llamada "geometría variable" es una opción que se debería abrir paso tras la aprobación de las cuentas públicas. Con Ciudadanos sigue habiendo vías de comunicación y no se van a romper porque creen que una coalición 'Frankenstein' con once partidos es una bomba de relojería. Iglesias, por su parte, contraargumenta que con ellos no cuenten porque "eso que algunos llaman geometría variable consiste básicamente en poder hacer políticas de derechas con los votos de izquierdas". Son dos formas muy diferentes de mirar al futuro las que se sientan cada semana en el Consejo de Ministros.
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