El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dejó claro en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción de este martes que es partidario de prolongar los ERTE por causa de fuerza mayor más allá del mes de junio para proteger el empleo y aliviar la estructura de costes de las empresas, singularmente de aquellas a las que la naturaleza de la crisis va a dejar una cicatriz más profunda y permanente. Pero también advirtió de que es una medida que no se puede mantener eternamente, de que su prórroga debe ser selectiva y de que - aquí va el mensaje al Gobierno - no puede ser una coartada para no desarrollar otras medidas de flexibilidad interna que permitan a las empresas adaptarse a las nuevas condiciones generadas por el coronavirus.
La reflexión del Banco de España es la siguiente: "la efectividad de los ERTE para salvaguardar el empleo se ve reducida una vez que la duración de la crisis se alarga y, en particular, cuando se requieren reestructuraciones a nivel de sector y/o empresa para adaptarse a un nuevo contexto en términos de actividad". En otras palabras, los ERTE no constituyen ningún blindaje para los puestos de trabajo de las empresas que los han solicitado y no evitan los ajustes de plantilla a los que éstas puedan verse abocadas por la deriva de la situación económica. Bienvenidos al mundo real.
Llegará un momento en que los ERTE por causa de fuerza mayor desaparecerán y las empresas tendrán que enfrentarse a la nueva normalidad. Para ese momento, el Banco de España tiene su receta y ésta no pasa por ningún cambio legal sino bien al contrario únicamente por garantizar los mecanismos de flexibilidad interna que ya existen en la ley y que, en algún caso, fueron suspendidos por el Gobierno al principio de la crisis. Y también, cuando sea necesario, por suspender las condiciones pactadas en los convenios colectivos cuando ello sirva para preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles en la empresa o en última instancia para garantizar la viabilidad de la misma.
Según el Banco de España, "la elevada inercia que se observa en los procesos de negociación colectiva, podría no reflejar adecuadamente las nuevas condiciones tras la pandemia" y "por algunas experiencias del pasado" - en referencia directa a lo que ocurrió tras la Gran Crisis de hace una década - la institución considera necesario preservar la posibilidad de que las empresas se puedan descolgar de las condiciones de los convenios como instrumento para prevenir los riesgos para la viabilidad de las empresas y por consiguiente de los empleos en las mismas.
El planteamiento no es fortuito. UGT y CCOO han solicitado formalmente al Ministerio de Trabajo una 'reforma exprés' que impida una devaluación salarial general en España como la acaecida en la Gran Crisis y que limite por ley las posibilidades de las empresas para desentenderse de los acuerdos salariales alcanzados en su día con los representantes de los trabajadores. Así que existe un riesgo cierto de que se pueda regular en ese sentido. Los sindicatos, por su parte, ya han maniobrado ante la posibilidad de que el Gobierno no entre en esa batalla y se han apresurado a negociar con las empresas acuerdos que no suspenden la aplicación de las subidas salariales, sino que las posponen, permitiendo adaptarse a las empresas a la situación creada por la Covid-19, pero también preservando los derechos adquiridos por los trabajadores en los convenios.
Lo habían hecho, en parte, porque CEOE había planteado en su documento de propuestas para el proceso de reconstrucción agilizar los procedimientos de descuelgue de los convenios colectivos, que según el marco legal actual exigen de un farragoso proceso de negociación previa, para evitar cargar con costes innecesarios a empresas ya en una situación complicada para recurrir a esa salida. "Estas palancas de ajuste interno, convenientemente calibradas a la situación actual", considera el Banco de España, "suponen una opción valiosa para salvaguardar la viabilidad de muchas empresas y, por consiguiente, de sus puestos de trabajo".
No sólo salarios
La inmensa mayoría de los descuelgues de convenios que solicitan las empresas se plantean para tratar de librarse de las condiciones salariales pactadas con los representantes de los trabajadores. De hecho, los despachos de asesoría laboral admiten que el asunto de la posible inaplicación de las condiciones salariales del convenio es uno de los que más se les han planteado desde que se inició la crisis del coronavirus.
Sin embargo, la naturaleza de la pandemia y las consecuencias sobre la actividad de las empresas que han tenido las medidas de restricción a la movilidad aplicadas para contener su expansión han abierto la puerta a nuevas opciones. Fuentes de CEOE admiten que su propuesta de agilizar los descuelgues no se debe tanto al tema salarial como a la necesidad de adaptar la organización interna de las empresas a fenómenos nuevos como los horarios de entrada - regulados de manera estricta en muchos convenios - o el teletrabajo, una circunstancia que ha desbordado la frágil infraestructura que tenían las empresas al respecto.
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