"Junto con los despidos, el otro gran riesgo es la caída de los salarios en gran parte del tejido productivo". Con esta advertencia, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado al Gobierno a hacer una modificación exprés de la reforma laboral de 2012 para impedir la devaluación salarial generalizada que se espera para la segunda mitad del año. A juicio de los sindicatos, a raíz de la legislación implantada por el PP, los empresarios tienen demasiadas herramientas para bajar los sueldos y urge modificarlas para impedirles optar por esta vía ante la falta de liquidez y los problemas de solvencia que, con toda seguridad, van a encarar en el segundo semestre.
En el documento conjunto que han presentado en rueda de prensa Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, las organizaciones sindicales modifican sustancialmente el tono en lo que se refiere a la reforma laboral del PP. Ya no hablan de derogación total de la norma sino de "derogar de la actual legislación laboral aquellos aspectos que presionan a la baja las condiciones de trabajo y los salarios; estructurar de forma racional el conjunto de medidas de ajuste, desde el despido colectivo hasta la modificación sustancial; racionalizar las jornadas de trabajo y ofrecer mayores posibilidades de conciliación; e impedir y perseguir la discriminación y el fraude laboral".
En rueda de prensa el responsable de UGT ha asegurado que los sindicatos no renuncian a derogar la reforma laboral de 2012, pero ha explicado que una forma de hacerlo es eliminar la norma y volver a la legislación anterior y otra, negociar modificaciones en el marco del diálogo social. Y esa última vía por la que van a optar cuando se retome la mesa de conversaciones con el Gobierno y la patronal en esta materia. De momento, Sordo ha explicado que la prioridad en estos momentos es evitar los despidos y el desplome de los salarios que se va a producir en la segunda mitad del año.
El líder de CCOO ha advertido de que se avecina "una situación muy delicada" en el segundo semestre, porque "va a haber problemas de solvencia en un porcentaje muy elevado de empresas" y esto va a provocar "destrucción de empleo". En paralelo, Sordo ha augurado que "ante la ralentización económica muchas empresas pueden buscar fórmulas de reducción de salarios", porque es una vía de ajuste "que tienen excesivamente fácil" ya que la reforma laboral de 2012 puso a disposición de los empresarios un sinfín de herramientas en este sentido. "Hay que restringir estas herramientas", ha zanjado sordo.
Se refieren a elementos como los descuelgues de los convenios o las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. En este sentido, los sindicatos han insistido en la necesidad de volver a poner sobre la mesa estos asuntos como prioritarios y es lo que le van a exigir al Gobierno tanto en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados como en una mesa tripartita específica entre los agentes sociales que han demandado al Ejecutivo. Hay que recordar que esta cuestión ya se estaba tratando en las conversaciones bilaterales patronal-sindicatos, con los representantes de los trabajadores dispuestos a renunciar a las subidas salariales pactadas para 2020 a cambio de evitar recortes en las nóminas.
Negociación de los ERTE
Los máximos representantes de las dos grandes centrales sindicales del país han puesto en valor los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar la destrucción de puestos de trabajo durante esta crisis, si bien han evitado entrar a concretar en qué punto se encuentran las negociaciones con el Gobierno para prorrogar las condiciones favorables de estos mecanismos más allá del 30 de junio. Para los sindicatos, la prioridad es que tanto las exoneraciones de cotizaciones como el denominado 'contador a cero' para los perceptores de prestaciones por desempleo, así como la suspensión del requisito del periodo de carencia para acceder a este derecho, se mantengan mientras persistan las causas de fuerza mayor en forma de limitaciones de aforo o restricciones de la movilidad.
Hay que recordar que el Gobierno amplió las condiciones de flexibilidad habilitadas para los ERTE hasta finales de junio y dejó la puerta abierta a ampliaciones posteriores mediante acuerdo en Consejo de Ministros. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social continúan negociando con la patronal y los sindicatos en qué términos se van a prorrogar estos expedientes, en principio, hasta que finalice el mes de septiembre. Los empresarios apuestan por alargarlos hasta diciembre en determinados sectores especialmente afectados por la pandemia, mientras el Ejecutivo se resiste a poner el foco en el largo plazo por el alto coste que están suponiendo estás suspensiones de empleo para las arcas públicas. Está previsto que el Gobierno traslade su propuesta a los agentes sociales en las próximas horas para aprobar la nueva normativa el martes que viene.
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