Una moratoria administrativa de seis meses para la liquidación de las deudas tributarias pendientes de pago por parte de las pymes - con un límite máximo de 30.000 euros- con la garantía de que éstas no devengarán interés alguno durante la primera mitad de ese plazo, y la posibilidad de tributar en el IRPF por el régimen fiscal menos desfavorable a los cerca de 400.000 trabajadores autónomos que aún optan por cumplir con Hacienda a través del controvertido régimen de estimación objetiva, más conocido como sistema de módulos. El escudo fiscal para empresas del Gobierno de España cuyo impacto Hacienda estimó en 1.100 millones de euros y que desde el sector empresarial ya fue criticado en su día por su insuficiencia aflora en el estudio comparado de las medidas adoptadas durante la crisis de la Covid-19 publicado este lunes por el Banco de España como el más débil de las grandes economías de la Unión Europea.
Mientras en España, las gestorías hacían cuentas para no superar el límite de 30.000 euros dispuesto por el Gobierno y cumplir los requisitos administrativos exigidos para acceder a las moratorias, en Italia se disponía un aplazamiento general de todos los impuestos de empresas y autónomos hasta el mes de septiembre, se abolía el pago del mes de junio del impuesto regional sobre las actividades productivas de autónomos y empresas y se cancelaban del mismo modo el plazo de junio de los impuestos a los hoteles; Alemania disponía también un aplazamiento temporal sin límites de impuestos para todas las empresas, y Francia no sólo hacía lo mismo sino que decretó acelerar la devolución de créditos fiscales a las empresas, otra de las medidas que también se ha solicitado al Gobierno en España.
La falta de contundencia del 'escudo fiscal' del Gobierno para las empresas ha constituido una crítica recurrente de la gestión gubernamental de la crisis de la Covid-19. La estrategia del Ministerio de Hacienda en este campo ha sido exigir el pago de impuestos a todas las empresas que bajo su perspectiva mantenían su capacidad para hacerlo - las grandes - y plantear pequeñas medidas de alivio temporal como la moratoria de seis meses para el pago de deudas tributarias o el diferimiento temporal de la obligación de presentar sus declaraciones de IRPF, IVA y Sociedades para las empresas de menor tamaño cuyos ingresos se desplomaron en muchos casos a cero por causa de las medidas decretadas para contener la propagación del coronavirus.
Las voces que desde el ámbito empresarial y económico han solicitado al Ejecutivo suspender el pago fraccionado de abril de los principales impuestos o acelerar las devoluciones pendientes de impuestos a empresas y autónomos han caído en saco roto ante la evidencia de la necesidad de recursos presupuestarios por parte del Gobierno para atender sus prioridades, principalmente toda la red de seguridad en forma de prestaciones y ayudas para los trabajadores afectados por la crisis que se han enmarcado bajo el enunciado genérico del 'escudo social', principalmente a través de las prestaciones vinculadas a los ERTE.
La engañosa foto de los programas de avales para empresas
El documento publicado este lunes por el Banco de España revela también una singular perspectiva de los programas de avales de apoyo a las empresas puestos en marcha por los gobiernos para dar cauce a las necesidades de financiación de éstas y que en España se canalizan a través del ICO. El Banco de España revela como, en efecto, los programas de otros grandes países europeos como Alemania (820.000 millones de euros), Italia (450.000 millones de euros) o Francia (300.000 millones de euros), son significativamente más 'generosos' que el programa español que contaba con una dotación inicial de 100.000 millones de euros, pero también que su aprovechamiento real ha sido muy inferior en esos países respecto a España, que aparece como el país dónde las empresas más se han beneficiado de este instrumento de financiación barata con garantía estatal.
Las empresas españolas son junto a las francesas las que más financiación con garantía estatal han recibido de estos instrumentos durante la crisis, muy por delante de las italianas, las alemanas o las británicas; y si se pone el foco en el porcentaje de utilización de las ayudas, es España la que lidera de forma clara ese ránking, lo que señala el programa de avales del ICO como el más eficaz de todos los dispuestos por los países europeos.
Y ello a pesar de que las garantías que ofrece el Estado sobre la financiación bancaria recibida por las empresas es algo menor que la de otros países. Mientras en España la garantía máxima es del 80% - nueva financiación para pymes- y la mínima del 60% -renovaciones grandes empresas-; en Italia la garantía estatal media es del 90% y puede llegar a ser del 100% en algunos casos; en Francia, la financiación a grandes empresas tiene una cobertura estatal mínima del 70% y la financiación de las pymes llegan al 60%; y en Alemania, el aval del Estado es del 80% para las grandes (lo que en España se dispone para pymes y autónomos) y del 90% para las pymes, aunque en determinados casos puede llegar también al 100%.
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