Hay que prepararse para lo mejor y para lo peor. Pero, sobre todo, para lo peor: el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo con medidas en materia de empleo público con la finalidad de reforzar los servicios afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que conlleva el refuerzo de 1.735 personas a través de la aprobación de un real decreto por el que se adelanta una parte de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2019. La cifra es significativamente superior a los 350 empleos a los que se refirió a mediados de semana la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Congreso.
De este refuerzo de personal de 1.735 efectivos, 875 corresponden a empleados públicos o puestos de trabajo de la Administración General del Estado, y 860 efectivos para servicios que prestan empresas públicas, principalmente AENA y Puertos del Estado. Los 875 nuevos efectivos para la Administración General del Estado se dividen entre los departamentos de Hacienda (462 efectivos); Política Territorial y Función Pública (135); Interior (59); Agricultura y Pesca (30), Sanidad, Consumo y Bienestar Social (18); Industria, Comercio y Turismo (51) y Educación, Cultura y Deporte (18). El resto de plazas van para los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación (26 plazas), Fomento (62), Justicia (3), Economía () y Transición Ecológica (6).
El Ejecutivo señala que la Administración dispone actualmente de los medios necesarios para afrontar el marco de relaciones que se produciría con el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea, pero reconoce que se debe reforzar la disponibilidad de empleados públicos en determinados sectores. Además, es necesario contar con la mayoría de dichos efectivos antes del 29 de marzo, fecha en la que está prevista la salida del Reino Unido, con o sin acuerdo, para actuar con suficiente antelación.
Así, señala que las áreas más relevantes que necesitan refuerzo de personal son el control fronterizo de personas, el control aduanero y los servicios de inspección sanitaria exterior, tanto para la importación como para la exportación de mercancías. Otros sectores afectados son el control de la seguridad en el transporte de viajeros, las oficinas de extranjería y la atención a los ciudadanos británicos, así como las actividades de promoción de la internacionalización de las empresas españolas o la actividad de la representación de España en el Reino Unido.
Duras críticas de los sindicatos
Mientras tanto, e incluso antes de que se conocieran las cifras definitivas, la medida contaba con el rechazo frontal de los sindicatos por la forma en la que han conocido la noticia. "Entendemos que reunirnos para darnos una cifra que se publica hoy es una vulneración de los principios de la negociación colectiva", ha denunciado José Manuel Vera, secretario general de CCOO en la Administración General del Estado. "Consideramos una burla a las organizaciones sindicales que solo nos faciliten un número global y que únicamente detallen que la mayoría irá a la Agencia Tributaria", ha añadido.
Para el sindicato, la aprobación de estas plazas llega por sorpresa, cuando aún quedan pendientes convocatorias de la OEP 2017 y prácticamente la totalidad de 2018. En un comunicado señala, además, que si el Gobierno considera que hay una necesidad extraordinaria debe solucionarse con una Oferta de Empleo que también lo sea, y adicional por tanto a la correspondiente a 2019.
Por su parte, CSIF ha calificado la oferta de "chapuza", por considerar que esta medida se adopta con "improvisación" y "falta de perspectiva", ya que aún no ha salido la convocatoria de empleo de la administración general del Estado de 2018, un retraso que, según el sindicato, obligará a cubrir las nuevas plazas con personal interino. Además, el sindicato ha recordado que la Agencia Tributaria, donde irán la mayoría de los efectivos, "padece un déficit de 3.950 empleos desde 2009".
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