La Comisión Europea ha recortado en casi un punto su previsión de crecimiento para la economía española el año que viene hasta el 1%, desde el 2,1% que preveía en verano. El contexto internacional agravado por la guerra en Ucrania y la crisis energética meterá presión a los países de la zona euro, con casi todas las grandes economías incapaces de eludir la recesión. No será el caso de España que, pese a que según Bruselas podría registrar una caída del PIB del 0,3% en el cuarto trimestre de este año, se estancaría entre enero y marzo del año que viene (contempla un 0% de crecimiento), por lo que no encadenaría los dos trimestres consecutivos que implican incurrir en una recesión técnica.
En sus Previsiones de Otoño, Bruselas se muestra más optimista sobre el comportamiento de la economía española este año de lo que lo hizo hace solo unos meses, en julio. Así, prevé que el PIB crezca un 4,5% este año, frente al 4% que estimaba en verano. Esto implica que España avanzará por encima de la media de la Unión Europea (3,3%) y por encima de la media de la zona euro (3,2%). Posteriormente, la economía se desaceleraría el año que viene a ese 1%, que supone también una rebaja en relación a las perspectivas que el Gobierno contemplaba en su último cuadro macroeconómico (donde estimaba que la actividad avanzase al 2,1%). Con todo, seguirá creciendo por encima del conjunto de la zona euro (0,3%) y por encima de lo que lo harán las otras grandes economías de la región: Francia (0,4%), Italia, (0,3%) y Alemania (-0,6%).
En lo que respecta a la inflación, la gran bestia económica contra la que combaten el Banco Central Europeo (BCE) y que tienen que atajar también los respectivos gobiernos, Bruselas proyecta que la tasa se sitúe en el 8,5% este año en España (cuatro décimas por encima de lo que estimaba en verano), pero la rebaja al 4,8% en 2023 y al 2,3% en 2024. En lo que respecta al empleo, los cálculos de la UE también arrojan un diagnóstico más positivo para España, en lo que a evolución se refiere, puesto que se sitúa entre los países con mayor disminución de la tasa de desempleo, junto a Lituania, Suecia o Italia, pasando del 13,3% al 12,4%. Para la deuda pública, otro de los grandes lastres que ha traído consigo la concatenación de grandes crisis a nivel global, las previsiones contemplan que este ejercicio cierre en un 114%, cuatro puntos por debajo del año pasado, para caer después al 112,5% en 2023 y al 112,1% ya de cara a 2024.
Déficit a la baja pero toque de atención con las pensiones
En lo que respecta a las cuentas públicas, si este año el déficit ha pasado de representar un 6,9% del PIB a un 4,6%, de cara al próximo ejercicio la Comisión estima que caerá tres décimas hasta el 4,3% y mantendrá esa senda hasta 2024, cuando despedirá en el 3,6%. El Ejecutivo comunitario destaca cómo el "fuerte" aumento de la recaudación permitirá ese tijeretazo al agujero de las cuentas públicas. Con todo, Bruselas ha advertido del coste "considerable" que tendrá ligar las pensiones al IPC en las cuentas públicas de 2023. "Por el lado del gasto, la retirada de algunas medidas energéticas reducirá el déficit, pero se espera que volver a vincular las pensiones a la inflación pese considerablemente sobre el déficit público de 2023 (con un coste estimado de un 1,4 % del PIB)", apunta el informe de previsiones. Más aún, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha añadido que analizará'n la efectividad de la reforma cuando evalúe el cuarto tramo del plan de recuperación "a finales del próximo año".
La reforma de las pensiones forma parte de los compromisos pactados por el Gobierno y Bruselas en el marco del fondo de recuperación, especialmente para el desembolso del cuarto tramo que ascendería a 10.000 millones de euros. Para ello, España deberá haber cumplido tres hitos: adecuar el periodo de cómputo para calcular la jubilación, sustituir el factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional y el envío de proyecciones actualizadas que muestren que las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.
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