Una inflación al 10,5% en agosto, un encarecimiento de los alimentos como no se había producido en toda la serie estadística que el INE empezó a elaborar en 1994 y los coletazos de una crisis que se agrava en Europa y que puede desembocar, como poco en un fuerte estancamiento (tal y como advertía en su última reunión el Banco Central Europeo). En el puzle de medidas necesario para atajar esta coyuntura, el pacto de rentas debiera ocupar un papel destacado. En el Gobierno en general y en el Ministerio de Economía en particular mantienen que su objetivo es impulsarlo y defienden que la moderación salarial y de los márgenes empresariales es esencial para contener la escalada de los precios.
Se va a hacer todo lo posible para propiciar el acuerdo entre los agentes sociales, con los que hay una muy buena relación, ya que éste permitiría generar expectativas de estabilización y un contento de confianza y estabilidad a empresas, trabajadores e inversores internacionales. Es el mensaje en el que insisten en el Departamento que encabeza Nadia Calviño. Ese acuerdo plurianual es esencial para evitar una espiral de precios-salarios como la que se produjo en los años 70, que es ahora mismo el principal reto.
Los llamamientos del Ejecutivo a los agentes sociales para que reactiven el dialogo social y lleguen a un acuerdo sobre negociación colectiva que complete ese pacto de rentas son constantes. Desde CEOE inciden a este diario en que no hay nada tangible aún. "A un pacto de rentas se le puede dar la forma que uno quiera, pero alguien tiene que darle un perímetro", sostienen. Desde la patronal tienen claro que no puede hablarse de un acuerdo de la envergadura que se le supone a un acuerdo de este tipo sin incorporar también a la ecuación la parte pública, es decir, a los funcionarios y las pensiones. Piden abrir ese perímetro para conseguir un acuerdo. La suya es, de hecho, la tesis que han defendido también organismos como el Banco de España (BdE).
Las posturas de empleadores y empleados no pueden estar más alejadas en este momento. Los sindicatos insisten en que el mayor escollo para salvar las distancias que les separan en el marco de la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que ahora mismo está parada, sigue estando en una cláusula de garantía salarial que ligue los sueldos al IPC (que estos suban como mínimo lo que lo haya hecho la inflación). El líder de CCOO, Unai Sordo incide en que el pacto de rentas que reclama el Ejecutivo debería incluir, además de la subida del SMI y de un pacto salarial con la patronal, medidas efectivas para limitar el incremento de precios y los excedentes empresariales de determinados sectores, así como aquellas necesarias para proteger las rentas de familias y trabajadores.
La pasada semana, la titular de Economía mantuvo encuentros con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y con el propio Unai Sordo. En las conversaciones, que se centraron en el plan de recuperación, se abordó también el problema de la inflación y el necesario reparto de los costes de la crisis, si bien las partes no han querido entrar en más detalles al respecto. La próxima semana Nadia Calviño tiene previsto reunirse también con el responsable de UGT, Pepe Álvarez.
El debate sobre qué incluir en ese pacto
Los economistas y expertos inciden en la necesaria contención de la inflación y de la pérdida de competitividad del aparato productivo que puede ser letal con una coyuntura tan complicada. Con estas palabras se expresa Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. En el blog de la fundación Torres hace hincapié en que los salarios pactados se han incrementado cuatro veces menos que la inflación, un 2,5%, y en que los márgenes empresariales, pese a haber evolucionado de forma muy heterogénea en conjunto, están por debajo de la situación prepandemia. "Un pacto de rentas que significase la indiciación de la economía (que determinados sectores o salarios o precios siguieran la inflación pasada) perpetuaría la inflación y, a la vez, uno que pesase demasiado (como ocurre ahora) sobre los asalariados no sería sostenible y generaría conflictividad social", añade. Desde su punto de vista, sería necesario también que el Gobierno ponga en marcha un instrumento fiscal para recompensar a las empresas y sectores que cumplen el pacto de rentas.
Es importante que los sacrificios necesarios se repartan entre todas las rentas relevantes, incluyendo, en particular, "los salarios privados y públicos, las pensiones, los márgenes empresariales y los alquileres", apuntaba recientemente Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en un acto organizado con el Consejo General de Economistas. Desde su punto de vista, al núcleo del pacto de rentas deberían añadirse ayudas directas a los sectores productivos más afectados por el shock y a los hogares de menor renta, así como medidas destinadas a reducir la demanda de energía y a aumentar la oferta no fósil. El presidente del Consejo, Valentí Pich, considera que también debería contemplarse la deflactación de la escala de gravamen del IRPF, “que, si bien podría tener una incidencia en el aumento de precios, no deja de ser un mal menor en comparación con la enorme pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los contribuyentes, especialmente los de rentas bajas y medias”.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios