Un nivel de inversión del Estado que garantice el cumplimiento de la célebre disposición adicional tercera del Estatut, medidas de alivio financiero para no asfixiar la gestión presupuestaria de la Generalitat y, como gran prioridad, recursos presupuestarios extra para sufragar el traspaso a Cataluña de alguna de las 56 competencias que el Govern estima que aún están pendientes de transferir desde el Estado en virtud del perímetro competencial definido en el Estatut de Cataluña. Los partidos catalanes, pero particularmente ERC, aspiran a saldar la negociación en torno al proyecto de Presupuestos del Estado para 2022 con una ampliación del perímetro de competencias de la Generalitat no sólo como una forma de reforzar el autogobierno de Cataluña sino también como un espaldarazo simbólico a la mesa de diálogo institucional que con tantos problemas han conseguido finalmente poner en marcha el Gobierno y la parte del Govern de ERC.
Desde ERC ya se avanzó en su día que el eventual apoyo al proyecto presupuestario del Gobierno dependería en buena parte de los avances que se produjeran en la mesa de diálogo institucional y que ambas negociaciones discurrirían en paralelo. Con la negociación presupuestaria en puertas, fuentes del arco catalanista del Congreso aseguran que se han planteado como prioridad conseguir el traspaso de alguna de las competencias pendientes del Estatut y por supuesto la financiación extra asociada al ejercicio de la misma, que esperan ver en el proyecto presupuestario que ultima estos días el Ministerio de Hacienda. Las fuentes consultadas admiten que no se ha comenzado aún a hablar "en serio" con el Gobierno sobre el detalle de las medidas, pero señalan que en Moncloa ya son conscientes - porque se les ha transmitido así- de que les va a tocar negociar sobre ese 'terreno de juego', algo que confirman fuentes gubernamentales.
El abanico de opciones es amplio pero el foco ya se ha empezado a centrar sobre un puñado de aspectos. Uno de los que en apariencia presentaría menos problemas es el traspaso de la gestión de las becas universitarias, una competencia que la Generalitat reclamó formalmente el pasado verano y sobre la que el Parlamento ya se pronunció favorablemente en el año 2020. El propio Grupo Socialista en el Senado se comprometió a continuar avanzando en los contactos con la Generalitat en torno a la gestión, el control y la resolución de las convocatorias de becas, aunque en aquel momento se especificó que más en la dirección de reconocer la compatibilidad de las ayudas de la Generalitat con las del Estado que en la línea de un traspaso íntegra de esa comptencia.
Sobre lo que sí se ha empezado a hablar entre ambas partes, aunque aún de forma muy prospectiva, es sobre los 'Mossos'. La Generalitat pretende que el Estado flexibilice las restricciones al tamaño de la plantilla que pueden tener sus fuerzas de seguridad, como primer paso para asumir nuevas competencias en materia de seguridad, que a día de hoy están reservadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como la vigilancia de los entornos naturales o la seguridad de infraestructuras estratégicas. El asunto está sobre la mesa de la negociación presupuestaria, así como la posible financiación por parte del Estado del derecho de los 'mossos' a jubilarse de forma anticipada a los 61 años, como ya se ha reconocido a la Policía Local.
El Gobierno, dispuesto a 'jugar el partido'
La relación de asuntos que los partidos catalanes tienen intención de poner sobre la mesa de negociación que encabezan por parte del Gobierno el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la dupla con la que Moncloa pretende equilibrar el impulso de su voluntad política con la prudencia de las disponibilidades presupuestarias, va más allá: la participación en la gestión de la red de Cercanías (Rodalíes), la asunción de determinadas competencias en materia de Seguridad Social como ya se han reconocido al Gobierno Vasco, la dependencia, cuestiones relacionadas con la formación profesional...
El Gobierno no tiene ninguna intención de esquivar ese debate, embarcado como está en una travesía para tratar de tender puentes con Cataluña. Pedro Sánchez ya precisó en su Agenda del Cambio qué es lo que está dispuesto a ofrecer y cuáles son sus límites. El documento planteaba una fuerte inyección económica para la red de Rodalíes, las carreteras, los Mossos, dependencia, vivienda... De hecho, Cataluña ya fue una de las autonomías mejor paradas de los Presupuestos de 2021 y el Gobierno apunta a que el proyecto de ley de cuentas públicas de 2022 también tendrá en cuenta las necesidades de la Generalitat. En el reparto de los fondos europeos también habrá una especial atención a la inversión territorializada para Cataluña.
Esta vez, sin embargo, no será sólo cuestión de dinero. Con JxCAT metiendo presión a ERC para conformar un bloque único y enfrentado al Gobierno de Sánchez en la negociación presupuestaria, en la formación republicana son conscientes de que necesitarán algo más que inversiones para justificar su influencia en Madrid y el apoyo decisivo de sus 13 diputados al proyecto presupuestario. Entienden que ha llegado el momento de hablar de competencias y ahí estará la clave de su respaldo a los Presupuestos de 2022.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios