El Estado destinará a Cataluña un total de 3.480 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2021, según las inversiones previstas en el anteproyecto de Ley que acaba de llegar al Congreso de los Diputados. La cifra comprende varios conceptos: inversiones en Sanidad, Educación, Servicios Sociales o infraestructuras, incremento de la Policía autonómica, inversión en Cercanías y un primer pago de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Se trata de un gesto que allana el camino presupuestario con las fuerzas catalanas y, especialmente, con ERC o, incluso, con JxCAT.
La comunidad presidida en funciones por Pere Aragonès recibirá un 16,5% del total de estas inversiones repartidas entre 1.999,30 millones presupuestados. Será la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, que se verá más beneficiada de las inversiones del Gobierno central si salen adelante las cuentas públicas. A esta cifra hay que añadir otros 200 millones desde el Ministerio de Transportes en cumplimiento de la Sentencia TS 1668/2017", el famoso recurso a la Disposición Adicional Tercera del Estatut catalán.
La cifra del 16,5% del total de la inversión supone un notable incremento en relación al proyecto de ley de Presupuestos actualmente en vigor. Entonces, en 2018, Cataluña recibió 1.349,59 millones, un 13,3% del total, por lo que la subida comparada con las cuentas públicas que consiguió sacar adelante Cristóbal Montoro es de 650 millones sólo en inversión real del Estado. Andalucía, por su parte, la región más poblada recibirá 2.146,16 millones en inversiones, el 17,7% del total; y la Comunidad de Madrid, 1.250 millones, el 10,3% del total. Llama la atención que la inversión en la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso apenas varíe: en los PGE de 2018 fue de 1.247,31 millones de euros.
Además, los PGE de 2021 contienen una disposición adicional en la que se contempla un incremento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra. Para ello el Estado desembolsará a lo largo del próximo año 452 millones de euros adicionales a la Generalitat. Asimismo, el Gobierno aportará otros 233 millones de euros para compensar las obligaciones de servicio público de Cercanías y de trenes de media distancia prestados en Cataluña en el ejercicio 2020 que fueron transferidos a la Generalitat desde el 1 de enero de 2010.
Cataluña también es una de las comunidades más beneficiadas de los fondos europeos de reconstrucción, sólo superada por Andalucía. En concreto la Generalitat podrá gestionar directamente 596 millones de un primer pago repartido entre políticas medioambientales y de vivienda.
Otro de los territorios privilegiados en estos Presupuestos que arrancan ahora su tramitación parlamentaria es el País Vasco. El Gobierno ha incrementado en un 109% la asignación destinada a financiar el Concierto Económico en 368 millones, pasando de los 336 millones a los 704 en 2021. Asimismo, la previsión de cupo bruto para el año 2019 asciende a 1.298 millones de euros.
En total las comunidades autónomas recibirán una financiación corriente de unos 113.729 millones de euros. Sumados los fondos europeos y otras partidas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado que las regiones recibirán en total unos 146.008 millones de euros. "Con este Presupuesto, el Gobierno quiere ser un defensor del modelo descentralizado. Por eso, este año las regiones van a contar con la mayor financiación de sus historia. Blindaremos sus recursos", ha indicado.
18.793 millones entre las CCAA
En lo relativo al reparto de fondos europeos, el Gobierno central va a permitir a las comunidades autónomas y ayuntamientos ejecutar el 58% de los proyectos. En 2021 se repartirá un total de 18.793 millones entre las regiones. "Las administraciones territoriales van a gestionar la mayoría de los fondos de recuperación comunitarios y, por lo tanto, van a jugar un papel determinante en la transformación del país. Por ello resulta crucial el esquema de cogobernanza que en la actualidad está diseñando el Gobierno y que pretende fortalecer las estructuras de colaboración política y administrativa responsables de este reto. Debe tratarse de un foro plural en el que participen de manera activa no solo las Comunidades Autónomas, sino también los ayuntamientos, el sector privado y el conjunto de la sociedad civil", se puede leer en el anteproyecto de ley.
"Para garantizar la eficacia y agilidad en la ejecución de los fondos, se pondrá en marcha una reforma de las principales normas que afectan a la gestión pública para, respetando escrupulosamente el marco normativo europeo y el necesario control de los fondos recibidos, eliminar las posibles trabas administrativas y los cuellos de botella que supongan un obstáculo para la gestión e implementación de los proyectos e inversiones", explica el Gobierno. Es un proyecto en el que ya está trabajando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
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