La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este jueves el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, y desde ese momento, el reparto no ha dejado indiferente a nadie. Los empresarios han mostrado su rechazo y han estallado contra el Gobierno. Al igual que la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), que ha manifestado este viernes "su rechazo absoluto al fuerte incremento de las cotizaciones sociales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023", que suben las bases máximas de cotización un 8,6%.
Cepyme critica en un comunicado que este incremento se ha dado "en un contexto de máxima incertidumbre y fuerte desaceleración económica" y reprocha al Gobierno no haber recurrido al diálogo social. Además, denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado en cinco años las bases mínimas de cotización en más de un 40% y las máximas, cerca de un 20%. Para 2023, el incremento de las mínimas se determinará con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las máximas, ese 8,6%.
"Estas alzas afectan especialmente a las pymes, cuyos costes laborales han registrado crecimientos en los últimos años de más del 6% anual, perdiendo competitividad con nuestros países vecinos. Recordamos que un país con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea (UE) debería incentivar y no penalizar el empleo. De hecho, estas nuevas subidas amplían la brecha fiscal entre los costes soportados por las empresas y los salarios percibidos por los trabajadores", añade el comunicado.
Asimismo, Cepyme considera que la indexación total y generalizada de las pensiones al IPC "no puede garantizarse sin incluir ningún límite que proteja la viabilidad del sistema". También rechaza la sustitución del factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y su aumento de las cotizaciones.
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