Las CCAA se preparan para contener más el gasto ante el frenazo de la economía

A las comunidades autónomas les va a tocar aprobar unos presupuestos de 2024 más restrictivos de lo que habían previsto y esto, pese a que en la práctica están abordando esta tarea casi a ciegas. La interinidad del Gobierno Central hace que no dispongan de cifras clave como las entregas a cuenta que percibirán del sistema de financiación, que suponen alrededor del 80% de sus ingresos y que sólo este ejercicio se han disparado un 24% hasta la cifra histórica de 134.336 millones; y tampoco cuentan con los objetivos de déficit y deuda ni con el techo de gasto. 

Este último es el que genera ahora mismo mayor preocupación y el que obligaría en la práctica a los ejecutivos regionales a ser más conservadores en la elaboración de sus cuentas de lo que probablemente hubieran deseado, más aún a las puertas de una desaceleración económica que se está intensificando. En su Informe Trimestral de la Economía española, el Banco de España prevé unas tasas de inflación más persistentes y elevadas de aquí a 2025 de lo que había estimado en junio, en un contexto en el que el PIB tirará menos a lo largo de los dos próximos ejercicios.

Los presupuestos autonómicos para 2024 se enfrentan a una importante incoherencia; de un lado, la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, que el Ejecutivo remitió a finales de abril a Bruselas, exige que las comunidades cierren el próximo año con equilibrio en sus cuentas (0% de déficit) pero esto, dadas las previsiones de ingresos y sobre todo la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022 -que recibirán en julio de 2024 y que podría rondar la ingente cantidad de 20.000 millones de euros- conllevaría de facto elevar el gasto muy por encima del 2,6% recomendado por la Comisión Europea a España. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo sitúa en el entorno del 9 o el 10% bajo esas condiciones.

"Sin nuevas reglas fiscales poner sentido común va a ser muy complicado"

Para poner esa cifra de 20.000 millones en contexto hay que tener en cuenta que la liquidación de 2021 -que percibieron el pasado julio- fue de 11.798 millones a favor de las comunidades y las entidades locales. La recaudación de aquel ejercicio fue muy superior a lo previsto, al alcanzar los 223.385 millones de euros, por lo que la compensación que el Estado ha tenido que hacer este año ha engordado su déficit hasta el 2,68% en los siete primeros meses del año. De acuerdo con el modelo de financiación vigente, que caducó en 2014 y ningún Gobierno desde entonces ha entrado a reformar, el Estado debe entregar cada año a las autonomías una cantidad de dinero a cuenta (dependiendo de lo que calcula que esta recaudará). Dos años después, la Administración Central liquida con los ejecutivos territoriales en función de lo que recibieron en su momento. 

"Sin reglas fiscales (las actuales no solo se han quedado anticuadas sino que carecen de credibilidad) poner sentido común en esto va a ser muy complicado", apunta a este diario Diego Martínez López, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. Desde su punto de vista, una posible solución sería dosificar esa "impresionante liquidación positiva" de 2022 a lo largo de varios ejercicios. Las autonomías podrían percibir una parte en 2024, otra el siguiente ejercicio y, así, sucesivamente. Esto evitaría que la capacidad de gasto se desborde en un momento en que España tendrá que ceñirse de nuevo al marco fiscal establecido por Bruselas si no quiere exponerse a que la Comisión le abra un procedimiento de déficit excesivo. 

Las posibilidades que ofrece la Ley de Estabilidad

Martínez López recuerda que ya se han perdonado y/o fraccionado liquidaciones negativas previamente para dar facilidades a los gobiernos autonómicos, por lo que ahora correspondería a las regiones hacer ese esfuerzo. Otra solución complementaria a la anterior sería aplicar -por primera vez- el artículo 12.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas (LOEPSF). Este fija que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública". Se podría por tanto obligar a los territorios a amortizar dicha deuda aunque no todos lo necesiten en la misma magnitud.

En caso de que la aplicación de este artículo quedase "muy restrictiva" (¿Qué se considera por encima de lo previsto?), el experto apuesta por intentar aplicar el 32.1, que establece que "en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda".

Responsabilidad ante la desaceleración económica que viene

En principio, la revisión de las previsiones económicas para el año que viene que han venido haciendo los principales organismos nacionales e internacionales -la OCDE la situaba recientemente en el 1,9% y el Banco de España la ha rebajado cuatro décimas hasta el 1,9%- están siendo muy moderadas, por lo que no deberían afectar a la baja sustancialmente a los ingresos públicos. Y, si bien este mensaje es de difícil encaje en lo político para los gobiernos territoriales, una rebaja de ingresos en ese sentido podría amortiguar el incremento esperado por la liquidación, y atemperar un poco el crecimiento del gasto.

La propia presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, recordaba el jueves que “la situación económica y fiscal requiere responsabilidad de todos los niveles de la Administración”. La responsable del organismo fiscalizador apuntaba que, ante la más que previsible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el año que viene, España sólo podrá reducir el déficit al 3% comprometido si retira por completo las medidas extraordinarias que se aprobaron para hacer frente a la crisis energética y de precios (que equivalen a alrededor de 1,1 puntos del PIB) y si esta retirada va acompañada, además, de una contención del gasto por parte de las Administraciones territoriales.