El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), una de las siete autoridades administrativas independientes del sector público estatal, entre las que también se encuentran la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Consejo de Seguridad Nuclear, es posiblemente uno de los organismos institucionales con menos presupuesto y menos personal de los 5.100 que recoge el inventario de entes públicos, pese a que tiene asumidas unas funciones trascendentales dentro de la Administración.
Su labor, encomendada hace ya ocho años, pasa por velar por la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos y dentro de su desempeño incluso se ha 'atrevido' con el presidente Pedro Sánchez, al que instado, previa petición al Ministerio de Hacienda, a que haga público el dinero que ha invertido en acciones o participaciones, o con la Casa Real, a la que ha solicitado medio centenar de peticiones en siete años. Buena parte de estas reclamaciones han tenido que ver con el rey Juan Carlos I.
Con un staff de 25 personas -último trimestre de 2021-, la mayoría altos funcionarios y prácticamente igualitario, y un presupuesto en 2022 de apenas tres millones, dos de ellos para el pago de nóminas, el Consejo, creado en 2014, y que estuvo gobernado de forma interina durante cuatro años, está presidido desde octubre de 2021 por José Luis Rodríguez Álvarez, que tiene una retribución superior a 112.000 euros anuales. Este ente intermedia entre el Gobierno y los ciudadanos para que estos reciban la información que se les ha negado en el Portal de Transparencia, un trabajo, que por los datos que registra en su web, no está dando los resultados esperados, por la opacidad del Ejecutivo y la permanente negativa a facilitar determinadas informaciones, algo a lo que por ley está obligado, de no ser secretos oficiales.
Transparencia ha llevado a la vía judicial 290 asuntos ante la negativa a facilitar información, mayoritariamente en el mandato de Sánchez
Desde 2014, el Portal de Transparencia ha recibido más de 46.700 solicitudes de información, pero cuatro de cada diez ha sido inadmitidas, denegadas o desistidas. En esta primera fase, 18.400 ciudadanos, asociaciones y empresas se quedaron sin conocer los datos o decisiones administrativas por la que estaban interesados, pero de estos rechazos, apenas 3.776 fueron reclamados durante los últimos ocho años y llegaron al Consejo, que solo estimó la mitad. Ante las reclamaciones, apenas 1.700 se convirtieron en peticiones formales a la Administración, que en la mayoría de los casos desistió, prorrogó u obvió las reclamaciones ciudadanas de una política transparente. Junto a esto, muchas de los asuntos no son resueltos en plazo por falta de medios, según se ha denunciado desde el Consejo.
Trasparencia ha llevado a la vía judicial 290 recursos ante la negativa del Gobierno a facilitar información, mayoritariamente durante el mandato de Sánchez y sobre asuntos relativos al Ministerio del Interior, pero también sobre la compras de mascarillas y vacunas durante la pandemia o la utilización poco transparente de recursos públicos. Pese a todo, la Ley de Transparencia no contempla sanciones que de alguna forma obliguen a las administración a dar información ante las peticiones de los ciudadanos y del Consejo. La excusa más habitual es que no se pueden reelaborar los datos y la solución más habitual es un enlace a una página web. Mientras, miles de asuntos quedan en el cajón alegando múltiples motivos.
Determinada cuestiones centran las prioridades de información, desde el Ingreso Mínimo Vital (IMV), a los asuntos relacionados con Interior -más confidenciales-, a los relativos a la sanidad o los viajes en Falcón del presidente, los escoltas de Iñaki Urdangarín o, en los últimas semanas, el viaje de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a Nueva York. Mientras, otros asuntos, como el ático de 500 metros cuadrados en Retiro de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han sido destapados gracias a la insistencia del Consejo de Transparencia.
Hasta 8 cargos se reparte 737.000 euros en sueldos. El presidente, tuvo cargos de relevancia con Rodríguez Zapatero, pero también los conservó con Rajoy
Un repaso a la web oficial del organismo evidencia que es notablemente transparente, con estadísticas periódicas, detalles internos y de su personal e incluso, datos relativos a los gastos superiores a 1.000 euros -seminarios, material, reparaciones o asuntos jurídicos relacionados con reclamaciones- y todo pese a que el alto cargo al frente del ente es un desconocido para la mayoría. El presidente del CTBG, pocos días después de desembarcar en el cargo y en uno de los pocos actos públicos en los que ha intervenido dejó patente el elevado número de resoluciones 'torpedeadas' desde las instituciones, pero sin abogar por un régimen sancionador, difícil de aplicar y que llevaría a la frustración.
Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional, fue director General de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia y director de Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes con José Luis Rodríguez Zapatero, pero también fue director la Agencia Española de Protección de Datos con Mariano Rajoy durante cuatro años, pese a que su nombramiento se produjo en los últimos meses del Gobierno socialista anterior -junio 2011 a julio 2015-. Su declaración de bienes y su retribución, que incluye ocho trienios, es más que transparente, como lo es de sus subdirectores, con sueldo de más de 92.000 euros, el del director de la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales -87.249 euros en 2021- o la jefa de la Unidad de Apoyo, 81.806. Los ocho principales cargos se reparten 737.000 euros, 92.100 de media.
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