Uno de los principales riesgos que identifica el Banco de España para la economía nacional es que la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación se traslade en mayores demandas salariales. "Aunque por el momento los incrementos salariales están siendo limitados, en un contexto de tensionamiento del mercado de trabajo y de aumento de expectativas de inflación por parte de los agentes económicos, la dinámica inflacionista actual podría conducir a efectos de segunda ronda apreciables, lo que constituye un elemento de riesgo para las sendas de inflación y de crecimiento en el medio plazo", recoge la institución en su informe trimestral. Por ello, el BdE ha reforzado la investigación sobre la incidencia real de estos efectos a través del análisis textual de los convenios colectivos.
Según detallan fuentes de la institución, "el seguimiento de la estadística de convenios colectivos se realiza de forma habitual en el Banco de España y en el entorno actual de elevada inflación ha adquirido mayor relevancia. En particular, hemos reforzado el análisis en dos frentes. Por un lado, en el pasado ya se realizaba un análisis de los convenios colectivos ya firmados que tienen vigencia para los próximos años. Ahora, hemos reforzado este análisis ampliando su cobertura y así poder realizar una actualización mensual cada vez que se registran nuevos convenios. Por otro lado, se ha realizado un análisis textual del contenido de las cláusulas de salvaguarda salarial de los convenios registrados para mejorar el análisis sobre su impacto potencial sobre los costes laborales en los próximos años".
De momento, la institución ya advierte que se ha producido "cierto repunte en la incidencia de las cláusulas de salvaguarda salarial". Este año, están presentes en casi el 27% de los convenios, frente al 15,7% de 2021. Así, aunque los incrementos salariales llegan hasta el 2,4%, frente al 1,5% del pasado año, la negociación entre empleados y empresarios incluye de forma más habitual una cláusula para revisar las remuneraciones en función de cómo evolucionen los precios. Además, esto se produce en un escenario en el que "las expectativas de inflación a largo plazo muestran una trayectoria ascendente, aunque la traslación a los salarios es todavía limitada".
En función de esta investigación en los convenios, el Banco de España no descarta a revisar sus perspectivas económicas, presentadas el pasado viernes, según afirmó el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán. "A partir de análisis textuales estamos tratando de extraer información que nos pueda llevar a revisar las previsiones de este año", expuso. Sin contar el impacto de la crisis con Argelia, ni la prórroga de las medidas que incluye el plan de respuesta a la guerra de Ucrania, el BdE estima que la inflación media -índice armonizado de precios al consumo (IAPC)- se situará en el 7,2% este año. La entrada en vigor del límite al precio del gas que se utiliza para generar electricidad solo restará medio punto al IAPC.
En el escenario recogido en el informe, el Banco de España "asume que las demandas salariales responderán de forma limitada al repunte inflacionista, en consonancia con lo observado hasta la fecha", pero como se mencionaba anteriormente, no descarta que si la inflación sigue al alza durante más tiempo del previsto, los trabajadores reclamen incrementos salariales para recuperar poder de compra. De hecho, la institución prevé que los precios de la alimentación sigan subiendo y alcancen una tasa interanual del 6% en el primer trimestre del próximo año, para moderarse entre el 3 y el 4% en los tres primeros meses de 2024.
El Banco de España estará "vigilante" sobre la evolución de la inflación subyacente y asegura que "muy previsiblemente las tasas de inflación serán más altas de lo que hemos visto" en los últimos años. Para 2022, la institución estima que el índice medio sin energía ni alimentos será del 3,2%, todavía más de un punto por encima del nivel de estabilidad de precios que establece el Banco Central Europeo (BCE), en el 2%. El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al mes de mayo, arrojó una tasa de inflación subyacente interanual del 4,9%.
Pacto de rentas
Ante esta situación y las perspectivas que dibuja el organismo, el BdE ha venido reclamando un pacto de rentas en el que participaran también los pensionistas. No obstante, esta propuesta no ha sido considerada por el Ejecutivo que ha reiterado que las pensiones se revalorizarán en función del IPC, tal como fija la ley. A principios de este mes, el gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, advirtió en una comparecencia en el Congreso de los Diputados de que el pacto implícito al que parecían haber llegado empresas y trabajadores, por el que se estaba produciendo una reducción de los márgenes y no había un traslado de la inflación a los salarios, se estaba agotando. Por ello, insistió en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas que evite llegar a estos efectos de segunda ronda que pueden contraer el crecimiento económico y lastrar la competitividad de España frente a otras economías.
A la espera de un acuerdo que ahora parece congelado, el Banco de España seguirá atentamente la redacción de nuevos convenios sectoriales para así poder determinar si los efectos de segunda ronda ponen en riesgo de espiral inflacionista a la economía española. Además de las previsiones, y tras conocerse que el Gobierno prorrogará las medidas del plan de respuesta a la guerra, el supervisor prevé un incremento del PIB muy leve, de menos de una décima y una reducción de la inflación de más de tres décimas para este año, si el descuento de los carburantes y las medidas fiscales vinculadas a la electricidad se extienden hasta septiembre.
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