El Gobierno ha detectado varios colectivos de trabajadores que corren un elevado riesgo de quedarse descolgados del mercado laboral en el nuevo proceso de transformación productiva y digital, acelerado por la crisis sanitaria, y para evitarlo va a poner en marcha un paquete de formación y recualificación específico. El plan va dirigido especialmente a los trabajadores que se están cronificando en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y a los ocupados en actividades turísticas, que son los que más han sufrido el impacto de la pandemia, y busca fomentar la contratación en sectores considerados "estratégicos" o de "interés general", que van a ser palanca de la economía en los próximos años.
Así figura en el denominado 'componente 23' -así es como se refieren a las reformas laborales en el argot comunitario- que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y que ha sido elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En concreto, se trata de una inversión enfocada hacia la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva y alcanza los 434,5 millones de euros en total, que se ejecutarán a lo largo de los próximos tres años mediante convocatorias públicas de subvenciones y también a través de un novedoso sistema de microcréditos de formación.
Para la recualificación profesional de los ocupados en el ámbito sectorial del turismo el Ejecutivo contempla 119 millones de euros (40 millones en 2021, otros 40 en 2022 y 39 millones en 2023). En la información remitida a las autoridades europeas se constata que la crisis económica provocada por la Covid ha tenido un "impacto directo" sobre el sector que más aporta al Producto Interior Bruto (PIB) y al empleo en España, pese al dominio de las pymes (según el INE, el 78,7% de las empresas turísticas tiene dos o menos empleados y solo 1.108 empresas -el 0,3% del total- cuenta con más de 100 empleados) y plantea su estrategia de formación como vía para mejorar la cualificación y competitividad de las pymes y autónomos del sector.
Asimismo, el Gobierno revela en este componente que el Sistema Nacional de Empleo se encuentra con dificultades para dar cobertura a vacantes de puestos de trabajo en sectores estratégicos, debido a la ausencia de perfiles adecuados en las personas desempleadas inscritas en los Servicios Públicos de Empleo. En este sentido, el Ejecutivo señala que "el propio Plan de Recuperación va a generar demanda en ocupaciones como eficiencia energética, renovables, infraestructuras y soluciones digitales para las que es importante tener personal cualificado". Por ello, entiende necesario formar a parados en las competencias específicas requeridas para cubrir esos puestos, mediante la financiación de acciones formativas "que incluyan compromisos de promoción de la contratación estable". A este programa se destinarán 120 millones de euros, a razón de 40 millones por cada ejercicio.
Por otro lado, de acuerdo con el plan elaborado por el departamento que dirige Yolanda Díaz, se invertirán otros 119 millones de euros en formación de trabajadores en ERTE (40 millones en 2021; 40 en 2022 y 39 en 2023). El Gobierno ha defendido este mecanismo de flexibilidad interna como una herramienta clave en pandemia para evitar una oleada de despidos -en el pico de la crisis llegaron a estar en ERTE tres millones y medio de trabajadores- sin embargo, ya asume que muchos podrían convertirse en empleos 'zombis' y para evitarlo, invertirá en su formación, ampliando el catálogo formativo con nuevas especialidades. Para ello, se apoyarán en las plataformas digitales, ofertando formación en ámbitos como la digitalización, el emprendimiento, la transición ecológica, la innovación o la sostenibilidad, que propulsen su reincorporación en el mercado laboral.
Durante el periodo 2021-2023 se invertirán otros 6 millones de euros adicionales en la detección de necesidades formativas en los distintos sectores del tejido productivo, en colaboración con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. Y en paralelo, se pondrá en marcha un microcrédito de formación con un coste total de 70,5 millones de euros, dirigido tanto a ocupados como a desempleados. Este tipo de financiación consiste en el diseño de un programa de formación en base a un plan personalizado y adaptado a las carreras profesionales de los beneficiarios, a quienes se concederá el microcrédito. Alcanzará un importe medio de unos 600 euros que permitirá financiar la realización de actividades formativas tanto en centros públicos como en privados, y en el caso de los trabajadores ocupados será reintegrable de modo fraccionado con posterioridad.
El Ejecutivo pretende implementar esta inversión durante los próximos tres años, empezando ya su despliegue en este 2021. Se trata de una de las inversiones clave del componente 23 para mejorar la empleabilidad de parados y ocupados, junto a los programas de apoyo al empleo joven (765 millones de euros) y de la mujer (105 millones), los proyectos territoriales para colectivos vulnerables (555 millones), las políticas activas de empleo (105,5 millones), el plan de impulso a la economía social (100 millones) y la vinculación de las políticas de inclusión al Ingreso Mínimo Vital (298 millones). En total, las reformas previstas por el Ministerio de Trabajo -pendientes de la negociación con los agentes sociales- suponen una inversión de 2.363 millones de euros, en parte financiada con los fondos UE.
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