El fracaso del tope al precio del gas en la Península Ibérica para frenar la subida de la luz de forma efectiva ha dejado muy 'tocada' la figura de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su enfrentamiento frontal por este tema con la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, cuyo gabinete nunca confió en una medida tan radical como esa para arreglar la situación. Tanto desde el sector energético como entre los propios técnicos del Ejecutivo se ha confirmado que la reducción inicial del 40% en la factura que ‘vendió’ Ribera, no solo quedó rebajada por ella misma al 15% en el mejor de los escenarios posibles, sino que es muy probable que a lo largo del año que va a estar en vigor no se logre un recorte muy superior al 5% en los recibos de las familias y las empresas, un resultado muy pobre para una decisión tan compleja de calcular y de sacar adelante en el entorno europeo.
El enfrentamiento entre Ribera y Calviño por las medidas contra el precio del gas llega en un momento critico para el Gobierno de Sánchez, en pleno desastre tras las elecciones andaluzas y con una previsible crisis de Gobierno delante para aguantar el año y medio que queda de legislatura sin adelantar elecciones ni perder demasiados votos ante la irrupción de Núñez Feijóo de la mano del triunfo de Moreno Bonilla.
La puesta en marcha del tope al gas en una de las peores épocas del año para aprovechar las renovables, con la demanda disparada por la ola de calor y la menor producción limpia por la falta de viento y la calima, ha disparado el recurso a las centrales de gas (ciclo combinado) y la compensación millonaria a las eléctricas, que no se reparte de forma equitativa entre todos los consumidores. Las bajas esperadas del precio no surten su efecto y se transforman en subidas, que disparan las críticas a una ministra conocida por su falta de diálogo e intransigencia para reconocer las derrotas.
Frente a ello, en el entorno comunitario que rodea a la ministra Calviño las críticas se han disparado por la falta de efectividad de una medida que ha enfrentado a España con Alemania, Holanda, Portugal e Italia, que nunca confiaron en la ‘excepción ibérica’ y ahora ponen en entredicho sus resultados. “Se ha hecho mucho daño a la figura del presidente del Gobierno español, por su empeño personal en defender las medidas de Ribera y los escasos resultados”, señalan desde Bruselas fuentes conocedoras de todo el proceso. “Era el parto de los montes que iba a servir de ejemplo a toda Europa, y ha salido un ratoncito”, señalan desde el ámbito de las grandes empresas del sector, enfrentados a la ministra de Transición Ecológico desde el primer planteamiento de esta medida.
Las malas relaciones con Argelia que se derivan de la alianza con Marruecos tampoco han servido para mejorar la posición de Sánchez en Bruselas, a donde ha tenido que ir a pedir apoyo para frenar el órdago de Argel.
Sin una solución clara
Lejos de amilanarse por los escasos resultados que se prevén para su iniciativa sobre el gas, la ministra Ribera defiende sus resultados a toda costa. Fuentes cercanas al Gobierno y a ese departamento aseguran que la clave esta ahora en revisar la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, puesta en marcha desde el Ministerio de Hacienda como respuesta a la huelga de transportistas, cuya eficacia también ha sido puesta en duda, a pesar de haber sido prorrogada esta misma semana. Es una medida que no gusta a Ribera, que prefiere destinar ese dinero de nuevo a promocionar más el desarrollo de las energías renovables.
Antes de la puesta en marcha de la iniciativa estrella de Teresa Ribera, desde el entorno de Economía se hacía hincapié en la necesidad de tener primero bien controlados todos los datos sobre los costes y el funcionamiento del mercado eléctrico, para no caer en un error de cálculo como los cosechados con los dos primeros decretos sobre los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Una de las premisas pasa por conocer toda la cadena de valor y formación del precio de la luz, más allá de la fórmula simple al uso de multiplicar por 2,1 el precio del gas, algo que las grandes compañías mantienen como información estratégica, sobre todo porque cada una de ellas tiene diferentes estructuras de costes y de generación de energía para manejar.
La cuestión es más complicada de conocer todavía si tenemos en cuenta que las grandes energéticas que utilizan gas para sus ciclos combinados, como Naturgy, Cepsa, Endesa o Repsol, todavía no han cerrado con Argelia, que es su principal proveedor, el precio que aplicarán en los próximos tres años, dentro del convenio marco cerrado por el Gobierno (Ministerio de Exteriores) para garantizar el volumen de suministro. Y el colofón de esta situación lo pone el choque entre los gobiernos de España y Argelia por el giro de Sánchez en la postura sobre el Sáhara Occidental y su nuevo acercamiento a Marruecos, enemigo declarado de los argelinos.
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