Los efectos de la pandemia del coronavirus en las personas de riesgo y, sobre todo en los más mayores se han visto reflejados en diferentes estadísticas, pero hasta ahora no se había puesto el foco en los que estuvieron en la primera línea, los médicos, o los que tuvieron un trato directo con los ciudadanos -profesores y funcionarios de atención al público-.
Si en la Seguridad Social, las altas de jubilados en el año de la Covid han caído casi un 5% -por los desincentivos que supone adelantar el retiro-, las bajas, la mayoría por defunción, aumentaron cerca del 14%. Mientras, los estragos del coronavirus entre los funcionarios, menos numerosos y adscritos al régimen de clases pasivas, han sido mayores y muestran indicios del brutal efecto del virus entre los empleados públicos -funcionarios de carrera, militares, docentes y sanitarios-.
Los datos de la Seguridad Social, que el pasado abril asumió la gestión del sistema de clases pasivas, antes en manos de Hacienda, no dejan lugar a duda del impacto, tanto en las nuevas altas como en las bajas que se han ido produciendo durante 2020, el año del coronavirus, entre los funcionarios y, sobre todo, en los que tuvieron o tienen que dar la 'cara' en el día a día frente a la pandemia. Entre los funcionarios de clases pasivas se encuentran los médicos de Asistencia Pública y Domiciliaria (APD) y los profesionales que trabajan como funcionarios para las distintas administraciones.
El Portal de Transparencia de la Administración del Estado ha dado respuesta a La Información sobre las bajas y altas de jubilación en clases pasivas en los últimos tres años y la edad media de retiro de los funcionarios. Los datos los aporta la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas y dejan patente que mientras en 2018 y 2019 apenas 27.000 decidieron jubilarse, en el año 2020 su número se ha incrementado en 3.300, un 12% más.
Una de las causas, según ha podido constatar La Información, ha sido el miedo a la Covid, no a contraer el virus y sí a propagarlo. Carmen, una ex directora de un centro de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid y con más de 15 años en el centro, reconoce que tenía como meta retirarse más allá de los 65 años "pero las circunstancias me echaban para atrás a la hora de relacionarme con los niños, de 0 a 6 años, y por eso, pese a que tenía dudas, he decidido jubilarme antes".
En el caso de Carmen hay miles de funcionarios que se debaten sobre el adelanto de su jubilación. En 202o hubo un 12% más que en 2019, un claro indicio de que muchos han precipitado su decisión, pese a que el objetivo del Gobierno, fundamentalmente del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es justo el contrario: demorarla al máximo con el claro objetivo de sostener el sistema de pensiones.
Mientras, las bajas, han sido muy numerosas y sumaron 12.449 en 2020, un 23% más que en 2019, una variable que apenas cambio respecto a 2018. Las defunciones entre los funcionarios con más edad han sido porcentualmente superiores a las del sector privado.
Se jubilan antes... y pueden
La lucha de Escrivá por demorar la edad de jubilación y condicionarla, en parte, a la esperanza de vida, parte de cero. Y es que pese a las importantes reformas introducidas en la Seguridad Social en 2011 y 2013, los avances para adelantar la edad de jubilación son escasos.
Si en el sector privado se ha logrado de media llegar a los 64,6 años de jubilación, el progreso en el sector público, en el que los funcionarios tienen la posibilidad de adelantar la jubilación a los 60, con 30 años cotizados, van más lentos. La información de la Seguridad Social muestra que la edad media de jubilación de los funcionarios es 61,97 años, dos años y medio menos que los asalariados y autónomos del sector privado.
La edad de retiro prioritaria es entre 60 y 64 años, pero la media se sitúa en 60,71 años. Hasta 19.500 funcionarios, el 68% del total que se retiraron el año pasado, lo hizo antes de los 65 años, un porcentaje que se reduce al 38% entre los cotizantes de la Seguridad Social.
El sistema de Clases Pasivas tiene cerca de 475.800 funcionarios y militares, además de otros casi 200.000 que están recibiendo pensión por este sistema -víctimas del terrorismo, VIH, mutilados de guerra... -, que se puedan retirar cuando cumplan los 60 años y con prestaciones medias brutas de 2.185 euros, 814 euros más que las nuevas pensiones del sector privado. En la actualidad, 388.129 funcionarios están cobrando esta prestación, además de otros 86.689 militares y guardias civiles retirados.
Los dos partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo, algo inusual, para mantener los derechos adquiridos por los funcionarios de carrera, militares y miembros de la Guardia Civil a la hora de la jubilación, es decir, que se puedan jubilar a los 60 años con el 100% si se retiran con 35 años de cotización.
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