La UE marca el paso a Escrivá... medidas indoloras para retrasar las jubilaciones

El aplazamiento de la edad de jubilación más allá de la ordinaria, 66 años para los que han cotizado menos de 37 años y 3 meses; y 65, para los que tienen una carrera laboral mayor, y elevar la edad media de retiro -64,6 años en 2020-, se han convertido en objetivo prioritario del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que pretende legislar la prohibición del retiro forzoso en los convenios.

Pese al aparente poco margen de acción que le han dejado las trabas sindicales y de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, Escrivá ya tiene un esbozo de la futura reforma, que en buena parte está teledirigida desde Bruselas y que se pretende que sea profunda y con la vista puesta en el largo plazo. 

Posiblemente, el aspecto más atractivo que tiene sobre la mesa el ministro son los incentivos para retardar la jubilación, que estarán presentes en el nuevo marco de las pensiones, pero que irán en paralelo a las penalizaciones por el adelanto del retiro por debajo de la edad legal y, previsiblemente, a un aumento de los años para calcular la pensión, para algunos supondría un recorte de las futuras prestaciones.

Una parte de su reforma se centra, según ha reconocido el propio ministro, en incentivar "la jubilación demorada con incentivos tangibles", que incluirán opciones como la jubilación parcial y el trabajo.

Ante un panorama demográfico demoledor, con un progresivo aumento de la esperanza de vida -83,5 años en la actualidad-, una caída de la natalidad y a la espera de un aluvión de retiros de la generación del 'baby boom', resulta complicado garantizar la cuantía y las condiciones actuales. Las cotizaciones de un trabajador sirven de media para pagar 13 años de su jubilación, cuando la edad de retiro efectiva oscila entre a 21,7 años para los hombres y 26,6 años para las mujeres, según BBVA Research.

Por estas razones –entre otras muchas- y pese a que las reformas de 2011 y 2013 empiezan ahora a surtir efectos, es necesario impulsar medidas para elevar por encima de los 65 años la edad de jubilación. ¿Pero qué están haciendo el resto de los países, que empezaron antes, en este sentido?

Un reciente estudio realizado por el Círculo de Economía y la Fundación Transforma España, que lleva el título El talento senior y el valor de la experiencia, emplaza Gobierno y a los agentes sociales a poner en marcha medidas que den protagonismo a los trabajadores mayores, en los que recaerá el peso del mercado laboral y que con la prolongación de sus carreras laborales deberán garantizar las futuras pensiones, y destaca las experiencias a nivel global, que han demostrado su efectividad.

Japón, Suecia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos contemplan incentivos, en algunos casos importantes, para impulsar la contratación de mayores y retardar su marcha. Suecia introdujo en 2007 una rebaja fiscal del 16% en la nómina de los trabajadores mayores de 65 años, una iniciativa que ha sido determinante para la creación de empleo.

Por su parte, en Reino Unido, prevé que, tras rebasar la edad de jubilación, los ingresos de la pensión mínima aumenten un 10,4% por cada año que se posponga la percepción de la pensión. Esta medida contribuyó a que una de cada 10 personas que alcanzaron los 65 años aplazaran su retiro. En Japón, se ofrece financiación a los empresarios para mejorar sus prácticas en recursos humanos dirigidas a reclutar y retener a trabajadores de edades avanzadas.

Mientras, en Bélgica, los desempleados mayores de 50 años que se reincorporan al mercado laboral reciben del Gobierno una bonificación salarial de 194 euros al mes; y en Países Bajos existe un sistema de ahorro de parte del salario durante la carrera profesional que les permita retirarse antes de los 65, crédito que también podrán utilizar en educación, permisos parentales, entre otros, según destaca el estudio.

Otra de las patas es la sensibilización. Canadá tiene desde hace diez años un plan de acción de apoyo a los trabajadores mayores de 45 años, con el objetivo de favorecer en envejecimiento activo y en Dinamarca, los desempleados mayores están obligados a participar en medidas de activación y reintegración, destacando su implicación en la educación. Sin embargo, no existe protección adicional ni costes extra asociados en caso de despido.

En la UE, Finlandia, Alemania, Dinamarca, junto a Nueva Zelanda han implementado campañas de sensibilización de empresarios y trabajadores y buena parte de los países desarrollados tienen en marcha campañas para incentivar la contratación de mayores.