La pandemia de la Covid ha puesto a prueba los servicios públicos y ha dejado patente la labor y la capacidad de respuesta de los 'funcionarios' ante una situación inimaginable hace apenas un año y medio. Sin embargo, también ha hecho aflorar los problemas y agravios que padece un colectivo dispar, que agrupa a 2,6 millones de trabajadores, y la necesidad de cambios profundos en las administraciones -rutinarias y burocráticas- ante amenazas impredecibles y con asignaturas pendientes como la digitalización y la captación de talento.
El desembarco de Miquel Iceta en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha sido bien recibido por los sindicatos, que urgen incrementos salariales y poner coto a la temporalidad, cercana al 30%, diez puntos mayor que en el sector privado. La renovación de plantillas y el mínimo rejuvenecimiento del empleo público se están haciendo a costa de más precariedad.
Las administraciones arrastran desde hace años graves problemas y uno de los más acuciantes es el envejecimiento de sus efectivos. Casi el 60% de los de los empleados públicos tiene más de 50 años y es inminente la salida de casi un millón de empleados con edad para jubilarse que entraron en aluvión a la Función Pública en la década de los 80.
Las justas reclamaciones de los sindicatos, que llevan muchos años en el cajón, son sin embargo la punta del iceberg del problema de una Administración que apenas se ha transformado en las últimas décadas y que debe dar respuesta rápida a las demandas de los ciudadanos. Pese a todo, más de la mitad de la plantilla pública está dedicada a servicios esenciales, seguridad o tributos.
Según destaca el estudio Talento público para una Administración tras el corona shock. Propuestas para una reforma ineludible, elaborado el ex ministro Rafael Catalá y el profesor Óscar Cortés y presentado por Esade y PwC, será necesario un redimensionamiento de la Administración, que se adapte a las exigencias de los ciudadanos, en el que será imprescindible recortar en unas áreas -las no esenciales- y potenciar otras.
"Las decisiones políticas más inmediatas deberán determinar en qué ámbitos es necesario reforzar las plantillas públicas y en qué otros es necesario ajustar. Un empleo público listo para la innovación y la digitalización: uno de los retos de la Administración pública es dar respuesta a una agenda que traslada problemas de una dimensión y complejidad que no se pueden resolver con un más de lo mismo", aseguran los autores.
Parte del ajuste, destacan, vendrá de la jubilación de un buen número de empleados públicos durante esta década. "El envejecimiento será un factor de ajuste natural de las plantillas públicas en los próximos años. Serán entre 800.000 y un millón los empleados que abandonen por edad la Administración y afectará en mayor medida a los empleos de menor cualificación".
¿Muchos o pocos funcionarios?
El empleo público, cada vez más precario, ha logrado salvar la cara del mercado laboral en el último tramo de 2020 y su incremento se muestra imparable frente a un sector privado fuertemente tocado por los efectos de la pandemia. Incluso sin oposiciones, los efectivos públicos no han parado de crecer con la entrada de interinos, bastantes con su examen suspendido, y temporales.
Los empleados públicos han alcanzado su cota máxima en la historia de la Encuesta de la Población Activa (EPA), con 3.337.100 efectivos, y su número creció cerca de un 12%, frente apenas un 5% de los empleados privados, desde 2015, año que coincide con el inicio de la recuperación económica, según el Banco de España, y con el final del primer mandato de Mariano Rajoy.
El porcentaje de empleados públicos en España ronda el 16%, similar a Alemania, Reino Unido o Italia, pero la mitad que países como Noruega, Dinamarca o Suecia. Mientras, Eurostat destaca que los sueldos públicos en España suponen algo más del 8% del Producto Interior Bruto (PIB), a media distancia entre Finlandia (10%) o Alemania (5,7%).
Digitalización y teletrabajo
La pandemia ha forzado numerosos hechos excepcionales en la Administración. El teletrabajo, totalmente residual hasta hace unos meses, ha irrumpido con fuerza y ya es una solución eficaz, que supondrá ahorro de costes y que hace más fácil compatibilizar la vida laboral y familiar.
Antes de la aparición del coronavirus, apenas un 5% de los empleados vinculados a la Administración General del Estado (AGE) desarrollaba su labor en su casa. Sin embargo, hasta seis de cada diez pudieron teletrabajar en los momentos más duros de la pandemia un porcentaje que se ha reducido a en torno el 22%.
Ley de Función Pública
Iceta deberá dar un impulso a la elaboración de la nueva Ley de Función Pública, para desarrollar el Estatuto Básicos del Empleado Público, con el objetivo de transformar la Administración General del Estado reforzando la racionalización y la calidad y eficacia.
Además, también tiene sobre la mesa el plan de digitalización de la Administración enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la puesta en marcha del III Plan de Igualdad y el estudio de un nuevo modelo de selección de empleo público, que permita una mayor modernización de las administraciones y que la captación de talento.
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