Al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, le bastó con comprometerse a estabilizar por la vía rápida a los interinos que llevaran más de 10 años en esa situación y con permitir a las administraciones territoriales regular el carácter no eliminatorio de las oposiciones para asegurar la tramitación parlamentaria de la ley con la que pretende resolver el problema enquistado de los interinos y acabar con el problema de la temporalidad en la Administración. Sin embargo, ni ERC ni Unidas Podemos, los socios parlamentarios preferentes del PSOE, parecen dispuestos a conformarse con eso para dar su respaldo definitivo al proyecto gubernamental diseñado en su día por el que fuera ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y que había llegado al Congreso aparentemente 'blindado' por el aval de los sindicatos del sector público.
Republicanos y morados han utilizado el trámite de enmiendas al articulado del proyecto para plantear cambios drásticos en el texto pactado por Función Pública con los sindicatos, que avanzan además en una línea que amenaza con elevar de forma significativa la factura que el proceso puede tener para las arcas públicas. Una de sus exigencias es elevar de 20 días por año a 33 días por año la indemnización legal para los interinos actualmente en plantilla de la Administración que se queden sin su trabajo en el proceso extraordinario de estabilización de puestos ocupados por temporales que el Gobierno activará en los próximos meses.
La maniobra trata de reconocer a los interinos que han permanecido durante años en las plantillas de las Administraciones Públicas en situación de fraude de ley - como ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea - el mismo tratamiento que reciben los trabajadores despedidos de forma improcedente, en lugar de la 'vía barata' abierta por la reforma laboral de 2012 a las empresas para adaptarse a sus necesidades económicas o administrativas, que es la que el Ejecutivo ha planteado de partida. ERC va incluso más allá y propone una indemnización incrementada de 45 días para los interinos y el personal laboral que lleven más de tres años en la Administración por cada año que hayan permanecido en fraude de ley en la plantilla por encima de ese límite.
El asunto tiene consecuencias económicas relevantes. El proyecto del Gobierno preveía una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope máximo de un año de salario, para los interinos que llevaran más de tres años en el mismo puesto y no lograran superar el masivo proceso de estabilización que se abrirá en los próximos meses y que aspira a liquidar el exceso de temporalidad del sector público de aquí a 2024. Además, les exigía concurrir a los procesos de estabilización para hacerse acreedores de esa indemnización.
Las propuestas presentadas en el trámite de enmiendas por ERC y Unidas Podemos no sólo incrementan hasta 33 días por años trabajado , con un tope de 24 mensualidades, la indemnización legal a reconocer a los interinos en situación de fraude de ley, sino que amplía el universo de los potenciales perceptores al abrirlo a interinos que no hayan permanecido de forma ininterrumpida en el mismo puesto, sino que hayan podido pasar por varios o hayan tenido interrupciones de la actividad inferiores a 90 días.
ERC plantea, además, introducir una nueva disposición adicional a la norma para que sea la Administración General del Estado la que asuma la factura que se derive de las indemnizaciones a los interinos que se queden sin su trabajo en la Administración. El asunto tiene su miga ya que la inmensa mayoría de los afectados, un colectivo que oscila entre los 300.000 y los 800.000 empleados públicos según se atienda a los datos del Gobierno o de las plataformas de defensa de los intereses del colectivo, se localizan en las entidades locales y, sobre todo, en las comunidades autónomas, que han tirado sistemáticamente de los interinos para cubrir las plantillas del sistema educativo y sanitario.
Estabilización por concurso de méritos
El PSOE, en minoría en el Congreso de los Diputados, tiene una salida para esquivar el frente de sus socios: pactar con el Partido Popular. El Grupo Popular respeta el fondo del proyecto gubernamental, defiende la imposibilidad legal de estabilizar a los interinos sin un proceso selectivo, aunque abre la puerta al concurso para los interinos que ya hubiera superado una oposición aunque no lograran plaza, y sustenta la indemnización de 20 días por año trabajado prevista en la ley, que propone financiar con un préstamo a largo plazo para abonarla de manera inmediata sin comprometer el déficit público.
El cauce que se debe seguir para estabilizar esas plazas estructurales de la Administración ocupadas durante años por interinos es el otro gran elemento de debate. El PSOE, pese a las dudas de los sindicatos, se ha avenido a defender el concurso-oposición para el grueso de los interinos, regulando la opción de que las administraciones puedan determinar el carácter no eliminatorio de la oposición, y el concurso de méritos sin oposición para los interinos que lleven más de diez años en el puesto.
ERC aboga por abordar el proceso extraordinario de estabilización de interinos por la vía del concurso de méritos para todos aquellos que estén en situación de fraude de ley. Podemos, por el contrario, plantea un concurso-oposición para los interinos en fraude de ley con menos de cinco años de trayectoria en la Administración y concurso de méritos puro y duro para los que lleven más de un lustro en esa situación.
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