El nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con el que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende dotar al sistema de las pensiones de un colchón suficiente para afrontar la jubilación del baby boom supondrá un coste para las empresas de 192 euros anuales por cada trabajador. Según los cálculos elaborados por La Información a partir de las estimaciones del propio Ministerio de Inclusión, ese será el incremento de los costes laborales que tendrán que asumir las compañías a partir de 2023 y durante toda una década, de acuerdo con el diseño de la herramienta que se introdujo en la primera parte de la reforma de las pensiones a última hora y con el respaldo único de los sindicatos, ya que la patronal la rechazó.
El ministro Escrivá alcanzó un acuerdo con CCOO y UGT para aumentar las cotizaciones sociales un 0,6% entre 2023 y 2032 para hacer frente al incremento del gasto público que va a suponer la jubilación de la llamada generación del baby boom, los nacidos entre 1959 y 1974. El esfuerzo lo asumirán fundamentalmente las empresas, ya que la distribución pactada fija un sobrecoste de 0,5 puntos para las compañías y de 0,1 puntos para el trabajador. Precisamente ese reparto fue uno de los principales argumentos en contra por parte de la CEOE, que considera que el MEI no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y es injusto por cargar a las empresas con más costes en un momento económico general muy delicado.
Inicialmente, Escrivá afirmó que la subida de cotizaciones, para una base media de 2.000 euros mensuales, supondría un incremento de costes de alrededor de 12 euros al mes (unos 10 euros para el empresario y los 2 euros restantes para el trabajador). Pero la semana pasada el ministro aseguró que el coste salarial agregado pasaría de los 20,9 euros por hora y trabajador que se abonan actualmente a 21 euros, lo que implica un encarecimiento de 10 céntimos que, para una jornada laboral de 40 horas semanales supone una subida del coste salarial de 16 euros mensuales y 192 euros anuales. Es decir, un 30% por encima de lo que garantizó el titular de la Seguridad Social cuando firmó el acuerdo bilateral con los sindicatos.
En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza de las cotizaciones sociales durante una década para pagar la jubilación de los baby boomers iba a incrementar la recaudación de la Seguridad Social en cerca de 50.000 millones de euros. Sin embargo, una vez cerrado el diseño final del MEI con los sindicatos, en noviembre de 2021, Escrivá redujo esa cuantía hasta los 42.000 millones. Pero a finales del pasado mes de enero el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rebajó las expectativas y situó el montante en unos 30.000 millones de euros. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que la medida supondrá una recaudación adicional de 0,2 puntos de PIB anual, lo que se traduce en algo más de 2.500 millones de euros en el periodo 2023-2032, unos 25.000 millones en total.
En cualquier caso, el Mecanismo de Equidad, que entrará en vigor el 1 de enero del año que viene, según el calendario previsto en el primer bloque de la reforma de las pensiones, supondrá una importante recaudación adicional por el incremento de las cotizaciones sociales, que crecerán a partir de 2023 en un 6,3%, moderando ligeramente esta tendencia en 2024 y 2025, año en el que alcanzarán el 13,9% del PIB, según recoge el Gobierno en el Programa de Estabilidad que ha enviado a la Comisión Europea. En el documento remitido a Bruselas, el Ejecutivo justifica que el MEI es un "mecanismo contingente que operará mediante distintos componentes por el lado del gasto y de los ingresos" y aporta esa previsión de incremento de la recaudación como única justificación de esa afirmación, ya que el ajuste por el lado del gasto no aplicará hasta que se realice una revisión en 2032.
Hay que recordar que el MEI está planteado en dos fases, una primera en la que se acumulará una sobre cotización entre 2023 y 2031 y otra posterior en la que el sistema podrá gastar lo acumulado en la jubilación de la generación del baby boom y, si no fuera suficiente para cubrir ese pico de gasto, se buscarían ingresos adicionales o se abordaría un ajuste en las prestaciones. La patronal considera que esa herramienta supone un mero incremento de los costes pero no lleva asociada ninguna otra medida para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Por eso, lo que plantean los empresarios es que esa válvula de ajuste se implante desde ahora, sin esperar a dentro de nueve años, y van a aprovechar la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones para introducir cambios en el MEI.
El Mecanismo de Equidad no solo ha sido rechazado por la CEOE, sino que también ha suscitado muchas dudas en el seno de la Comisión Europea, según revelan fuentes al tanto del mood bruselense. A esto se suma que el blindaje del poder adquisitivo de los pensionistas con la subida de las prestaciones con el IPC supone un grave problema para la sostenibilidad del sistema en un contexto de precios tensionados por la onda expansiva de la guerra en Ucrania. Pero el Gobierno se mantiene firme en un compromiso que está respaldado por el Pacto de Toledo, así como por los sindicatos y la patronal, que sí apoyó esta medida, y ya le ha comunicado a Bruselas, en la actualización del Programa de Estabilidad, que planea subir las pensiones en torno a un 6%, lo que implicaría un gasto de unos 11.000 millones de euros.
Precisamente, en la actualización de las previsiones macroeconómicas publicada este mismo lunes, la Comisión no solo asesta un duro golpe al cuadro macro del Gobierno, al dejar la proyección de crecimiento para este año en el 4%, por debajo del 4,3% que incorporó la vicepresidenta Nadia Calviño en su Programa de Estabilidad y en el nivel más pesimista del conjunto de los organismos nacionales e internacionales. Las autoridades comunitarias también advierten de que la indexación de las pensiones puede suponer un gasto mayor del previsto inicialmente si se mantienen las tensiones inflacionistas, complicando la reducción del déficit público.
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