El sector eólico disfrutó de un buen 2022 en España. Instaló una potencia que se encuentra entre las tres mejores de los últimos diez años, con el despliegue de 1.640 megavatios (MW), y terminó el curso con la mayor cantidad de electricidad generada de la historia, hasta alcanzar los 61.069 gigavatios hora (GWh) y una cobertura de la demanda del 24%.
Así se desprende del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, elaborado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en colaboración con Deloitte. No obstante, si bien los resultados de 2022 son positivos, y el sector eólico español continúa siendo líder a nivel mundial, la patronal advierte de la "elevada carga fiscal" y de la pérdida de peso del subsector de fabricantes de equipos y componentes en España y en la Unión Europea (UE).
En este sentido, el documento denuncia que los agentes del sector vienen sufriendo una alta tributación de "manera tradicional", especialmente el subsector de promotores y productores. De hecho, en 2022, el valor del Impuesto sobre Sociedades satisfecho por las empresas eólicas se situó en 680 millones de euros, lo que supone el máximo de la serie histórica y quintuplicarlo desde 2015, año base para el estudio.
"Los promotores y productores de energía eólica soportan un gran número de impuestos, tasas y cánones, siendo una de las tecnologías de generación eléctrica que más impuestos debe pagar", remarca el informe, que cita hasta nueve figuras impositivas. En concreto, son el Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios obtenidos; el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE); el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que para la eólica es particularmente gravoso al ser considerados los parques bienes inmuebles de características especiales (BICES); el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); el canon urbanístico; el canon eólico; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y la Tasa por Ocupación y Aprovechamiento de Dominio Público Local.
Desde la AEE destacan que muchos de estos impuestos son independientes de los ingresos reales y del beneficio obtenido por la empresa. En particular, el BICES, los cánones eólicos, las tasas por Otorgamiento de Licencia Urbanística y el Impuesto de Actividades Económicas se calculan en función de factores fijos, como el número de aerogeneradores instalados, la potencia del parque, o el valor catastral del mismo. Por tanto, los promotores/productores deben satisfacerlos independientemente del precio de la electricidad, o de las horas de funcionamiento del parque.
Los tributos volverán a crecer por la tasa extra energética
La cuantía de los tributos que pagó el sector en 2022 fue de 170 millones de euros. Cabe destacar que fue muy inferior a la del ejercicio precedente -543 millones- debido a la suspensión temporal del impuesto a la generación del 7%, que las eléctricas han pedido al Gobierno eliminar de manera permanente, tal y como ha publicado La Información. La AEE considera que este importe volverá a crecer "de manera muy importante" este año debido al impuesto temporal energético.
De este modo, entre el impuesto de sociedades y los tributos, el sector sufragó 851 millones de euros en 2022, cantidad muy por debajo a los 1.085 millones de euros de 2021 pero por encima del resto de la serie histórica que viene desde 2011. La patronal eólica calcula que si el IVPEE hubiera existido en 2022, su impacto habría sido de 109 millones de euros. Matiza que este impuesto no considera los costes incurridos, al aplicarse sobre los ingresos y no sobre los resultados de las empresas.
Para ofrecer un ejemplo más gráfico, ha analizado el caso real de un promotor eólico en 2022 y concluye que por cada 1.000 euros de ingresos que obtuvo, incurrió en gastos corrientes (sin incluir tributos) y amortizaciones por 466 euros. Además, indica que 265 euros se generaron como resultado neto después de impuestos y 123 euros se dedicaron a pagos de tributos e impuestos (76 euros de tributos y 47 euros de impuesto de sociedades). Los tributos se desagregaron en las siguientes partidas: 10 euros del Impuesto de Actividades Económicas, 21 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales y 45 euros de cánones eólicos.
En este sentido, manifiesta que la cuantía de impuestos pagados es un 57% superior a los gastos de personal: 123 euros en impuestos, frente a 78 euros de gastos de personal. Por su parte, los tributos (76 euros) son similares incluso con el gravamen de la generación suspendido. "Esto permite comprobar que, pese a la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el sector eólico continúa soportando una carga fiscal muy alta, en comparación con el margen que genera", asegura la asociación.
El empleo crece un 14% con más de 39.000 trabajadores
En cuanto a empleo, el sector dio trabajo a 39.015 personas (18.278 empleos directos y 20.737 empleos indirectos) el año previo, con un incremento del 14% frente a 2021, y aportó 5.896 millones de euros al PIB, lo que representa el 0,5% sobre el total. Dentro de este último epígrafe, los productores y promotores dispararon su parte por los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista, mientras que los fabricantes de equipos y componentes mostraron un grave recorte, afectado -tanto en España como en el resto de la UE- por la fuerte competencia con los fabricantes chinos y por el incremento de los costes de producción.
Asimismo, las cadenas de suministro de equipos y materiales se están viendo sometidas a una demanda que no pueden cubrir desde el final de la pandemia. La AEE también resalta que existe "incertidumbre regulatoria y legal" con respecto al desarrollo de nueva potencia. En su opinión, esto “desincentiva a la instalación de fábricas de mayor tamaño que permitirían conseguir mayores economías de escala”.
Esperanzado en el negocio de la eólica marina
Por el contrario, el negocio de la eólica marina ('offshore' en la jerga) experimentó un fuerte crecimiento pese a que en España todavía no hay marco regulatorio. Esto se debe principalmente a que las empresas de este subsector han recibido importantes pedidos de plataformas, cimentaciones y subestaciones eléctricas para parques eólicos marinos de empresas españolas y europeas que se están desarrollando en costas del Viejo Continente. El Gobierno se comprometió recientemente a lanzar a consulta pública el marco normativo antes de que termine el año tras acumular un importante retraso -con la primera subasta de capacidad que se tendría que haber celebrado en el primer semestre-.
El 28 de febrero se aprobaron los nuevos Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que identifican 19 zonas de alto potencial para la eólica marina con hasta 5.000 kilómetros cuadrados de aguas, lo que se traduce en el 0,46% del espacio marítimo español. No obstante, este es 'tan solo' el primer paso.
El Libro Blanco de la Industria Eólica Marina en España, elaborado también por la AEE en colaboración con Deloitte, estima una aportación directa del sector al PIB de 6.116 millones de euros para el periodo 2025-2030, considerando un escenario en el que un 75% de las actividades se desarrollen en el país. Adicionalmente, se sumarían 1.860 millones de euros relativos a las actividades de operación y mantenimiento de los parques, construcción de buques, etc. Además, en términos de empleo, la patronal calcula que la tecnología eólica marina generará 7.523 nuevos puestos de trabajo entre 2025 y 2030 -17.438 profesionales especializados para 2045-2050.
