El sector energético abre un nuevo frente con el Gobierno. Pocos días después de que el Ejecutivo se haya mostrado dispuesto a revisar el impuesto extraordinario -que no a eliminarlo-, varias patronales han enviado sus peticiones por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y la mayoría coincide en acabar definitivamente con el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) del 7%.
Entre las más destacadas están la de las grandes eléctricas Aelec, que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, y la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), según ha podido saber La Información de fuentes del sector. Las mismas fuentes señalan que el impuesto a la generación de electricidad de España es único en Europa, encareciendo la luz nacional frente a la del resto del Viejo Continente. Actualmente se encuentra suspendido y gracias a la producción renovable, España disfruta de unos precios que están muy por debajo de los de Alemania y Francia.
"El impuesto tiene un impacto nulo sobre el déficit español, dado que el importe recaudado se destina a cubrir una pequeña parte de los cargos que soportan los consumidores, por lo que el saldo disponible para Hacienda es nulo. Actualmente existe superávit en el sector eléctrico, que permite compensar los cargos de la electricidad", esgrimen las fuentes.
La vuelta del impuesto subiría la luz a los hogares
Además, lanzan un mensaje de advertencia: de reponerlo, subiría la factura de la luz para los hogares. "Reponer el impuesto del 7% solo provocaría un incremento del precio de electricidad en el mercado, que lastraría la competitividad de las empresas españolas y encarecería el acceso a la electricidad para los consumidores domésticos", argumentan. Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indican a este medio que aún no se ha decidido cómo van a quedar muchas de las medidas aprobadas con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, acordó prorrogar la suspensión temporal del citado impuesto hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque fue introducida inicialmente para el tercer trimestre de 2021 y extendida en sucesivas ocasiones. Es un tributo que aunque se aplica a las eléctricas repercute directamente en el recibo final que paga el consumidor.
La Comisión Europea ha expresado su apuesta por acabar con las medidas de intervención en el sector energético con el objetivo de recuperar el funcionamiento habitual de los mercados y la confianza de los inversores en Europa. Simultáneamente, Francia o Alemania exploran vías para reducir la factura eléctrica de sus empresas. "Recuperar el 7% supone ir en contra de Europa y penalizar a las empresas españolas frente a sus competidores europeas", añaden las fuentes.
Según los cálculos del sector, acabar con el gravamen provocaría una rebaja en la factura de alrededor del 3,5%. Aunque desde Transición Ecológica y Hacienda aseguran que no hay nada decidido, desde el sector prevén que se recupere la fiscalidad habitual de la electricidad, volviendo el IVA al 21% -frente al 5% actual- y el Impuesto Especial a la Electricidad al 5,11% -en comparación con el 0,5% de ahora-.
El BdE y Bruselas piden la retirada de la rebaja fiscal
Su razonamiento es que no tiene sentido que todas las rentas disfruten del mismo IVA reducido tras una normalización de los precios -aunque siguen estando caros- y apuestan más por una mayor protección solo para vulnerables. No obstante, el hermetismo en el Gobierno es absoluto y no hay nada claro a tan solo dos semanas para que termine el año con su dos respectivos Consejos de Ministros -si no hay ninguno extraordinario-. Además, tampoco hay información sobre continuará el descuento extra en el bono social eléctrico. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es partidaria de mantener las medidas que han resultado efectivas durante la crisis.
Por el contrario, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o la Comisión Europea, entre otros organismos a nivel nacional e internacional, han recomendado retirar completamente estas medidas para poder ceñirse al objetivo de déficit del 3% comprometido con Bruselas, que recupera desde el 1 de enero la vigencia de las reglas fiscales, cuya reforma negocian 'in extremis' los Veintisiete.
El plan presupuestario cuenta con la vuelta a la normalidad
Según el plan presupuestario 2024 enviado a Bruselas, el Gobierno calcula que eliminar a partir del 1 de enero de 2024 la rebaja del IVA a la electricidad, permitiría recaudar 1.016 millones de euros. En la misma línea, eliminar la reducción al 5% del IVA al gas, la madera y los pellets, tendría un impacto presupuestario positivo de 397 millones en 2024. Asimismo, si decae a partir del año que viene la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5%, el Estado recaudaría 1.032 millones de euros extra.
En el lado de los electrointensivos, otra de las cuestiones que demandan al Ejecutivo es que se prorrogue la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos. En su opinión, esta medida evitó que la brecha entre las empresas con gran consumo de energía españolas aumentara en un 15% frente a la industria alemana y en un 8% respecto a la francesa. Para la industria electrointensiva, los precios de la electricidad representan la mitad de sus costes de producción y, bajo este contexto, el sector se ha lanzado a la caza de energía a precio fijo.
Las empresas que conforman Aege, que suponen más del 10% del consumo eléctrico nacional, cerraron 2021 con un sobrecoste eléctrico que superó los 1.500 millones de euros, más del doble que sus principales competidores europeos, mientras que el curso pasado la factura se elevó a más de 2.000 millones. En este sentido, la gran industria tiene pendiente celebrar la que será la primera subasta privada de renovables en España.
