Los promotores de renovables tienen hasta el 25 de enero para acreditar la autorización de construcción y se avecina nuevo lío administrativo. Desde el sector denuncian un nuevo tapón como ya ocurrió con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que muchos proyectos caerán si no hay una nueva prórroga por parte del Ministerio para la Transición Ecológica o una interpretación más laxa para la acreditación de este hito.
En este sentido, varias fuentes del sector fotovoltaico consultadas por La Información aseguran que muchos promotores se están viendo obligados a renegociar el precio del alquiler de los terrenos ante la imposibilidad de llegar a tiempo. Ya se pide entre 1.500 y 1.800 euros por hectárea, frente a los 1.200 euros que se pagaban habitualmente, es decir, hasta un 50% más.
Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica no hacen comentarios sobre si habrá o no más tiempo añadido. A finales de junio, la cartera que dirige Teresa Ribera ya extendió seis meses el plazo otorgado para la acreditación de la obtención de la autorización de construcción -la fecha límite era el 25 de julio- a los titulares de proyectos renovables y almacenamiento con permisos de acceso posteriores al 1 de enero de 2018.
El 25 de junio de 2025, marcado en rojo
La prórroga se produjo tras el atasco que generó en la Administración la tramitación de las DIA. Las comunidades autónomas y Transición Ecológica aceleraron para que miles de megavatios 'verdes' no perdieran los permisos de acceso y conexión a la red. El siguiente paso que tuvieron que solventar los promotores fue conseguir la autorización administrativa previa, con fecha tope el 25 de abril. Esta concede el derecho a realizar una instalación concreta y en unas determinadas condiciones.
Posteriormente, con otros tres meses de margen, debían obtener la autorización administrativa de construcción y aquí es donde se ha vuelto a generar atasco, pese a que el sector lo veía un paso "bastante salvable". No obstante, desde el Ejecutivo podría haber una interpretación más abierta en comparación con la obtención del informe medioambiental con el fin de ‘salvar’ miles de millones de inversión.
El siguiente paso será la autorización administrativa de explotación definitiva. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo. Este último requisito es el que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación. En enero se aprobaron declaraciones de impacto ambiental para 45 GW, de los cuales 25 GW los tramitó la cartera de Ribera y otros 20 GW, las comunidades autónomas.
Además, según los números del sector, hay otros 23 GW de potencia que cuentan con autorizaciones previas, lo que da como resultado 68 GW conectados a red. "Es un absurdo esperar que se vaya a conectar esta potencia en año y medio", señalan las fuentes, subrayando que el Gobierno ya está viendo la manera de solventar el problema.
50.000 millones de inversión comprometidos
El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW o afecta a dos o más comunidades autónomas, mientras que esta últimas se encargan cuando la capacidad es inferior. Los promotores deben presentar unas garantías económicas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución y la caducidad de los procedimientos de autorización supone la ejecución de estas. No obstante, en este caso, al ser un fallo administrativo, sería la propia Administración Pública la que tendría que compensar al promotor.
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha llegado a pedir hasta dos años a Transición Ecológica. La asociación defiende que es imprescindible la prórroga si se quieren salvar los 50.000 millones de euros de inversión que están en juego. De no haber prórroga, desde el sector advierten de que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar prácticamente construidos para finales de 2024 o principios de 2025 para entrar en plazo, algo que el sector energético y los proveedores ven muy complicado. Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación.
Tensión en la cadena de suministro
Las mismas fuentes aseguran que los promotores irán "muy apurados" ante los problemas que está experimentando la cadena de suministro como consecuencia de la explosión 'verde'. Las fuentes explican que, por ejemplo, en el caso de los transformadores de tensión pueden tardar hasta 24 meses en recibirlos. Hay que tener en cuenta que una planta fotovoltaica puede tardar en construirse entre seis y 12 meces en función del tamaño, mientras que el plazo para los parques eólicos se eleva a entre 12 y 18 meses. Así, las fuentes consultadas dudan de que para el 25 de junio de 2025 se puedan poner en marcha la cantidad de proyectos que están en juego sin la prórroga que se demanda.
El no cumplir a tiempo con alguno de los hitos administrativos incluidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, supone la caducidad automática del permiso de acceso y conexión, tal y como le ha ocurrido a Aena. Sobre el afloramiento de capacidad una vez constatada la caducidad automática de todos los permisos, Red Eléctrica deberá evaluar la capacidad existente y disponible en aquellos nudos en los que se hayan producido. Una vez evaluada, procederá a publicar en el mapa de capacidad -que temporalmente corresponda- la nueva capacidad disponible que haya podido aflorar.
