España recorta siete puestos en libertad de empresa por la "deficiente regulación"

España ocupa el puesto vigésimo noveno entre los 38 países de la OCDE en lo que a libertad de empresa se refiere (obtiene 75,2 puntos), lo que implica un retroceso de más de seis puntos y siete posiciones en comparación con el año 2012, un ejercicio marcado por el shock de deuda y las consecuencias de la crisis financiera. Así se desprende del informe elaborado por la fundación Heritage y publicado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El ranking sitúa al país en la zona media-baja de la tabla, alejado de los puestos más destacados, que ocupan actualmente Singapur, Suiza e Irlanda.

"La consecuencia de nuestra falta de libertad económica y reducida libertad de empresa es una pérdida de dinamismo económico, capacidad de generación de empleo y crecimiento potencial a largo plazo", apunta el servicio de estudios de la patronal. Entre las variables que más lastran nuestra libertad económica se encuentran, según el 'think tank' de la CEOE, la excesiva dimensión del sector público, las elevadas cargas tributarias y el fuerte desequilibrio fiscal. En lo que tiene que ver, en concreto con la libertad de empresa, señalan la "deficiente calidad regulatoria" como la variable que más la está penalizando.

De acuerdo con el mismo estudio, la situación es muy similar en lo que a libertad económica en general se refiere. España sería uno de los países que se sitúan a la cola de la organización que engloba a las economías más desarrolladas, al colocarse en la posición 35 de los 38 estados que la conforman tras el fuerte deterioro que ha registrado esta variable en la última década. Según el IEE, en 2012 la economía nacional ostentaba el vigésimo segundo puesto de los 38.

Según el informe, las economías donde la libertad de empresa es más elevada presentan tasas de paro más reducidas, del 6,2% de media, frente a aquellos países con inferiores registros en libertad de empresa cuyas tasas de desempleo promedio son del 10,7%. En España y de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, la tasa de desempleo se situó en el 13,26%. A la vez, existe un vínculo positivo entre el desarrollo económico y la libertad de empresa, puesto que esta última implica "una mayor flexibilidad y capacidad adaptativa de los agentes económicos", sostiene.

Considerando el PIB per cápita de 2022, en dólares y con paridad del poder de compra, se obtiene que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que presentan una libertad de empresa muy alta alcanzan, en promedio, un PIB per cápita de casi 63.900 dólares, que es un 44,5% superior a los 44.200 dólares per cápita, de media, de los países cuya libertad de empresa es alta o moderada.

Crítica al proyecto de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

En el IEE sitúan como ejemplo de normativa que limita la libertad de empresa el proyecto de Ley que pretendía crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que ha decaído con la reciente convocatoria de elecciones generales del próximo 23 de julio y la consiguiente disolución de las Cortes. Desde su punto de vista, la iniciativa infringe el derecho constitucional de libertad de empresa, recogido en el Artículo 38 de la Carta Magna, ya que la obligatoriedad de utilizar este mecanismo de resolución de conflictos, junto con el hecho de que se impida acudir a la justicia ordinaria competente por razón de la materia (jurisdicción civil o mercantil), así como la falta de equilibrio entre las partes a la hora de financiar la Autoridad, alejan la normativa contenida en el Proyecto de Ley de los principios de proporcionalidad y mínima intervención constituyendo, a nuestro juicio, un "ataque al principio de libertad de empresa".

Más aún, recuerdan que el Proyecto de Ley ha sufrido fuertes críticas, no solo por parte de las empresas del sector, sino también en los informes realizados tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por el Consejo de Estado e inciden en que en una relación entre particulares puede resultar "contrario a la Constitución" crear un sistema de resolución extrajudicial de conflictos que sea obligatorio y que impida, de manera efectiva, que una determinada controversia pueda ser resuelta por los tribunales de justicia.