Próxima reforma fiscal

Gobierno y Podemos negocian qué es una pyme para subir los impuestos al resto

Hacienda y la formación morada dudan exigir el tipo mínimo del 15% en Sociedades a parte de las pequeñas y a todas las medianas.

Rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero / ÓSCAR DEL POZO/EUROPA PRESS

El tamaño lo es todo en los contactos que mantienen el Gobierno socialista y Podemos en su negociación para cerrar un paquete económico que permita a los segundos apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que Pedro Sánchez quiere ver entrar en el Congreso en el mes de noviembre. El tamaño de las ganancias, se entiende. Y desde Podemos se continúa en una situación de máximos, también en el listón a partir del que subir los impuestos a las grandes empresas.

A la discusión sobre qué se considera renta alta y a quién se le debe aplicar el tipo máximo del IRPF, ahora entra en juego otra definición: ¿qué es una gran empresa? La respuesta es tan importante como que otra de las medidas más espinosas del acuerdo, la de exigir a las empresas el pago mínimo de un 15% por el Impuesto de Sociedades, afecte a las pymes de menor tamaño o solo a las denominadas medianas. La distinción supone cobrar o no a miles y miles de autónomos y de sociedades de un tamaño reducido. 

El umbral, en este caso, son los 10 millones de euros de volumen de negocio que, según la Unión Europea y la propia Dirección General de Industria y de la Pyme separa a una firma de ser ‘pequeña’ de ser ‘mediana’. Por debajo de los dos millones de negocio (y con menos de diez empleados), no hay dudas para nadie de que son ‘micro’; este grupo está por completo fuera de la discusión.

La cosa se complica en el siguiente tramo: entre dos y diez millones de volumen (y con una plantilla inferior a 50) se consideran ‘pequeñas’. Sin embargo, a la mesa de debate entre socialistas y Podemos se ha colado un baremo intermedio por la que se aplicaría el carácter de gran empresa a todo lo que esté por encima de los ocho millones de euros. Es decir, todas las medianas y aquellas pequeñas con ingresos entre ocho y diez millones tendrían el mismo tratamiento fiscal que una compañía del Ibex.

Esos 8 millones fue la frontera trazada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando compareció en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del 13 de julio y así ha llegado a la mesa de debate entre Gobierno y Podemos de la mano de los socios de moción. Ambos coinciden al mismo tiempo en que la medida debe reservarse a las grandes empresas, según confirma Efe 

La situación de las negociaciones

Mientras tanto, los grupos negociadores de los socialistas y la formación morada avanzan poco a poco para cerrar un acuerdo presupuestario de cara a 2019 y que incluya un aumento de los impuestos a las rentas más altas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido dos veces con los principales dirigentes económicos de su principal socio en la moción de censura y una vez recabado su apoyo a la modificación de la Ley de Estabilidad, el Gobierno se centra en la fiscalidad.

De hecho, para Unidos Podemos el tema impositivo es "fundamental" para avanzar en las mesas sociales, de Educación, Sanidad, Dependencia o pensiones ya que abogan por aumentar la recaudación fiscal para "incrementar el gasto en el bienestar social". Bajo esta premisa negocia el secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, y los responsables económicos del partido y del grupo parlamentario.

Crear un impuesto a las transacciones financieras más especulativas, otro a las grandes fortunas y regular las sicav son temas abiertos que están sobre la mesa y que, de momento, Hacienda no ha rechazado. "Ninguna de las dos partes ha renunciado a nada", dijo Echenique un día antes de que Montero confirmara que el Ejecutivo explora y analiza subir el IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros anuales, "porque no pertenecen ni a clases medias ni a clases trabajadoras".

El Ejecutivo y Podemos coinciden en que se debe recaudar gravando a los que más ganan y aunque ya no hablan de un impuesto a la banca siguen explorando otro a las transacciones financieras más especulativas. No obstante, el debate más complejo se cierne en torno a la modificación del impuesto sobre sociedades después de que el Gobierno anunciara que habrá un tipo mínimo del 15 % y que no afectará a las pymes. Echenique avanza que hay que atajar las deducciones fiscales a las que se pueden acoger las grandes corporaciones.

Fuentes de la formación morada inciden en la buena sintonía de estos encuentros que -afirman- se intensificarán los próximos días con intercambio de documentos y propuestas. También Montero ha señalado que están trabajando "de forma intensa con Podemos satisfactoriamente" y que cree que se están produciendo avances.

De hecho, Podemos ve viable que el Ejecutivo elimine el copago farmacéutico y Hacienda ha propuesto ya prolongar a 16 semanas el permiso de paternidad de forma paulatina hasta 2021. La modificación de la regla de gasto, para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit más fácilmente, o la vuelta al IPC en la revalorización de las pensiones, son otros de los asuntos que también van por buen camino.

Los nacionalistas dudan, PP y C's lo rechazan de plano

Sin embargo, el Gobierno no negocia todavía con las otras dos formaciones que apoyaron la presidencia de Pedro Sánchez: el PNV y el PDeCAT. Fuentes parlamentarias del PNV han confirmado a Efe que no hay contactos presupuestarios mientras que el portavoz de Presupuestos del PDeCAT, Ferran Bel, ha lamentado que tampoco se les haya llamado para negociar y no ve "prioritario" subir el IRPF.

La portavoz del Gobierno y titular de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, avisa a los nacionalistas de que todavía están "al principio del camino" y que es un "trabajo complejo" en el que el Gobierno sabe que deberá pactar con otros interlocutores parlamentarios.

Los nacionalistas catalanes, ERC y Compromís apoyarán al Gobierno en la modificación de la Ley de Estabilidad que impedirá que el Senado vete la senda de déficit y permita que el Congreso pueda volver a votarla si es rechazada por la Cámara Alta, pero lo que no están garantizados son sus apoyos a los nuevos objetivos de déficit y al techo de gasto.

El Gobierno baraja presentar los Presupuestos en noviembre y ve deseable que para esa fecha ya estuviera aprobada la reforma de la Ley de Estabilidad. Ante ese trámite, lo único claro es que el Ejecutivo se encontrará de frente con la oposición del PP y de Ciudadanos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la subida de impuestos es "insolidaria" y pone "en riesgo" la recuperación económica y el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ya ha advertido de que su partido "dificultará" la aprobación de las próximas cuentas públicas. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado al Gobierno de 'podemizar' la economía y cree que será incapaz de alcanzar mayorías parlamentarias.

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