El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto el debate sobre la posibilidad de armonizar el impuesto sobre las rentas del trabajo para evitar la competencia fiscal a la baja de países con menor presión tributaria. En el monitor fiscal, publicado este miércoles, el organismo subraya que los impuestos sobre las personas físicas "en una economía digital global, igual que los impuestos a las empresas, requieren coordinación entre fronteras para afrontar la erosión de las bases tributarias". Además, sitúa esta cuestión en un contexto en el que la movilidad laboral está en auge, con el incremento del teletrabajo a raíz de la pandemia.
El FMI pone de relieve que se pueden producir situaciones de competencia fiscal a la baja con países que atraigan mayores ingresos si tienen políticas tributarias más beneficiosas que otros países con menor margen. Este hecho también puede provocar que los territorios con más carga fiscal se vean forzados a bajar los impuestos. "Acciones descoordinadas pueden resultar en impuestos ineficientemente bajos", subraya. "Sin coordinación (la movilidad laboral y el trabajo en remoto) pueden afectar negativamente a la eficiencia, la distribución y, en algunos casos, a las relaciones económicas y de comercio internacionales", añade el FMI.
El documento compara en varias ocasiones las decisiones que se han tomado en materia del impuesto sobre Sociedades para establecer un tipo mínimo común en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y desliza que la tributación sobre las rentas del trabajo debería ir en la misma línea. El FMI señala que en los estados federales se pueden compensar los ingresos tributarios con transferencias por parte del Estado a las regiones, pero a nivel internacional, el organismo insiste en que se debe buscar un punto común para entender los efectos de los impuestos en cada país.
El motivo de que el FMI destaque el impuesto sobre la renta como uno de los que precisa de mayor coordinación internacional es que la pandemia ha acelerado la tendencia del trabajo fuera de la oficina e incluso ha abierto la posibilidad -a algunos trabajadores- de desarrollar su actividad desde cualquier lugar del mundo. Por poner cifras a este fenómeno, el FMI señala que el número de países que ofrecen visados para los nómadas digitales ha aumentado de 16 a 40 a raíz de la pandemia. "Este desarrollo indica que la elasticidad de los impuestos de la movilidad laboral puede aumentar la competencia fiscal entre más profesiones y grupos de ingresos", indica la institución en el informe.
En concreto, los países se disputan ingresos por valor de unos 40.000 millones de dólares, una cuantía que el FMI considera pequeña. Esta cifra es la que estima el FMI como el diferencial entre países con el auge del trabajo en remoto, aunque podría ser mayor a medio y largo plazo si la cifra de empleados que trabajan desde un lugar distinto a su centro de trabajo aumenta o si lo hacen los salarios. Este escenario plantea una disyuntiva. En primer lugar, la coordinación internacional facilita la recaudación de impuestos y el cumplimiento de las políticas fiscales. Sin embargo, dejar margen a algunos países para que fortalezcan su política fiscal permite abordar las desigualdades y aumentar los ingresos.
Los países se disputan ingresos por valor de unos 40.000 millones de dólares
En esta línea, y con la idea de que el fenómeno del trabajo en remoto va a ir a más en los próximos años, el FMI cree que intercambiar información de forma internacional mejora la recaudación tributaria. Además, apuesta porque el teletrabajo ofrece una oportunidad para revisar los impuestos a las personas físicas para evitar la desigualdad de ingresos. Por ello, aboga por la creación de registros de la propiedad y por mejorar la tecnología de las administraciones de países con ingresos bajos, para que puedan beneficiarse de esos intercambios de información.
En España, el debate sobre la armonización fiscal se centra en los impuestos sobre Donaciones y Sucesiones y sobre el impuesto de Patrimonio. Sin embargo, también existen diferencias entre regiones en materia de IRPF. De hecho, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha acusado en diversas ocasiones a la Comunidad de Madrid de ejercer competencia fiscal a la baja, es decir, dumping fiscal, por aplicar un modelo que atraer a empresas y ciudadanos al contar con una fiscalidad más ventajosa. Según los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), a partir de los 30.000 euros, la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso es la que cuenta con un IRPF más ventajoso para los contribuyentes solteros y sin hijos con edad inferior a 65 años y sin discapacidad ni ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho a deducción estatal o autonómica.
Nómadas digitales en España
Nuestro país es uno de los países que ha apostado por crear visados específicos para profesionales cualificados que quieran trabajar en nuestro país como nómadas digitales. Este permiso está incluido en la Ley de Startups, una norma que está ahora en debate parlamentario y que podría entrar en vigor a finales de año. Los profesionales que quieran solicitarlo deben ser extranjeros que trabajen para empresas con sede fuera de España y que obtengan al menos el 80% de sus ingresos por esta vía. Deben tener al menos 3 años de experiencia y ser graduados universitarios, entre otros requisitos.
Este visado también tiene ventajas fiscales. El texto -pendiente de aprobación- facilita a los teletrabajadores extranjeros acceder al impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) ya que flexibiliza los requisitos como no haber sido residente fiscal en España en los últimos diez años, que se limita a cinco. Además, en la misma norma, se rebaja el tipo impositivo para los nómadas digitales con ingresos de hasta 600.000 euros, que pasa del 24% al 15% durante un periodo máximo de cuatro años. A partir de los 600.000, el tipo es del 47%.
Si se aplicase el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por el que tributan los residentes en España, la situación sería menos favorable para estos empleados. Según los datos de la OCDE, el tipo máximo medio en nuestro país es del 43,5%, aunque hay comunidades autónomas en las que supera el 50% para el tramo más elevado. En otros países europeos, frente a los tipos máximos del 25% en Eslovaquia, del 32% en Polonia o del 38% en Noruega. En Italia, el tipo máximo es del 47,2% y en Francia, del 55,4%.
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