La catalana Foment del Treball es una de las patronales díscolas que se abstuvieron en la votación que se celebró en el seno de la CEOE sobre la reforma laboral pactada con el Gobierno y los sindicatos. El rechazo a ese acuerdo en el que puso su firma Antonio Garamendi sin consenso interno es generalizado en la organización que preside Josep Sánchez Llibre y así quedó patente en la reunión de su junta directiva celebrada este lunes. En el cónclave de los empresarios catalanes se difundió un documento que plasma la inseguridad jurídica que generan algunas de las modificaciones del marco de relaciones laborales que se han introducido en el real decreto ley que tiene que convalidar el Congreso de los Diputados y plantea la necesidad de que se clarifiquen o incluso se supriman durante la tramitación parlamentaria.
El año 2022 ha empezado tanto o más revuelto de lo que acabó 2021 en la organización empresarial. Lejos de cesar con la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la tensión por el rechazo interno a la reforma laboral ha ido in crescendo en los últimos días, tal y como perciben fuentes de la patronal que advierten de que algunas organizaciones territoriales y sectoriales están elevando el tono por las consecuencias negativas que consideran que va a tener el nuevo marco legislativo en su competitividad y en su actividad empresarial. Es el caso de Foment, una de las que se han mostrado más beligerantes contra la decisión de Garamendi de apoyar al Gobierno en su reforma laboral, junto con la madrileña CEIM o las sectoriales del motor (Anfac) y del campo (Asaja). "La división interna es total en estos momentos", admiten desde la cúpula de la CEOE.
Los empresarios catalanes celebraron este lunes una reunión de su junta directiva en la que expusieron cada uno de sus motivos para rechazar la reforma laboral. Para ello se ayudaron de un extenso dosier que resume los principales cambios que introduce el real decreto ley y cómo van a afectar a las empresas: la limitación de las modalidades contractuales, los recargos a los contratos temporales, el nuevo marco para la subcontratación de obras y servicios, la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial en materia salarial y de la ultraactividad de los convenios, el nuevo esquema de ERTE, el endurecimiento del régimen sancionador y el aumento de las multas... Toda una compilación de medidas que, a juicio de Foment, no responden a las necesidades del tejido empresarial y suponen un importante retroceso en materia de flexibilidad. "Nos han colado un gol", lamentan desde la patronal catalana fuentes que aseguran que Garamendi "ha cometido un grave error" dando su apoyo al Gobierno en esta reforma "diseñada para los sindicatos".
La CEOE defiende el argumento contrario para justificar su respaldo -no unánime- al pacto tripartito: que las medidas acordadas mantienen intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas. Pero la sección catalana de la organización no solo no comparte esa valoración, sino que va más allá y advierte en el citado informe interno de que algunos apartados de la norma, tal y como están redactados, generan inseguridad jurídica. Es el caso del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que se modifica para establecer que "las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados". Un cambio que Foment considera que "genera inseguridad jurídica y abre la puerta a interpretar que, incluso las indemnizaciones por despido, se calculen considerando toda la relación laboral y no el tiempo de servicio efectivamente prestado".
El potente sector turístico catalán es uno de los más preocupados por esa modificación que afecta de lleno a sus costes. En un comunicado, la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (ConfeCat) calificó de "ilógica e insostenible" la decisión del Gobierno de modificar al alza las indemnizaciones por despido de los trabajadores fijos discontinuos y exigió que sea "corregida de forma urgente". La confederación se mostró "perpleja" ante este cambio y su presidente, Santiago García-Nieto, manifestó que "no tiene ningún sentido esta modificación de una herramienta estable y consolidada, que pone en peligro la viabilidad y competitividad de las empresas que forman parte de una industria turística estacional imprescindible y de éxito, que genera una actividad laboral de calidad e indispensable para nuestro país".
En esa misma línea, en el citado documento interno, que lleva el sello de Foment del Treball Nacional, los empresarios catalanes advierten de la necesidad de que algunas de las modificaciones introducidas en el real decreto ley, como por ejemplo en el caso de los fijos discontinuos, se supriman o clarifiquen durante la tramitación parlamentaria. Y es que el Gobierno aprobó la reforma por real decreto ley para cumplir con los plazos pactados con la Comisión Europea y ahora el Congreso debe decidir si la convalida o la tramita como proyecto de ley para introducir modificaciones. Fuentes gubernamentales insisten en que la intención es mantener el texto tal y como se pactó con los agentes sociales, pero para ello el Ejecutivo tiene que conseguir los apoyos parlamentarios suficientes fuera de sus socios habituales, que ya han advertido de que la reforma presentada es "maquillaje" y solo la apoyarán si se les permite participar en su contenido.
El propio Garamendi ha exigido al Gobierno que no toque ni una sola coma del acuerdo que alcanzaron a finales de diciembre y que mantenga el texto intacto, tal y como salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero dentro de su propia organización empresarial, algunas patronales demandan cambios en lo pactado con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos con cierta nocturnidad. "No conocíamos ni el contenido ni la letra pequeña de la reforma cuando se nos quiso hacer votar a favor, no teníamos la información suficiente para tomar una decisión de tal calibre", explican desde Foment. "La reforma laboral que necesita este país es otra y si no se arregla durante el trámite parlamentario Garamendi va a tener un grave problema interno", añaden fuentes que advierten de que el empresario vasco "se juega la reelección a finales de año si no reconduce la situación".
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