El Gobierno aleja el pacto de rentas por las elecciones en la CEOE en otoño

El Gobierno insiste en su apuesta por aprobar un pacto de rentas que reparta los costes de la inflación y del impacto económico de la guerra de Ucrania. Pero hay un asunto en el calendario que podría complicar el acuerdo en el diálogo social. Se trata de las elecciones en la Confederación Española de Organizaciónes Empresariales (CEOE), donde Antonio Garamendi buscará revalidar su presidencia. Además, ¿habrá un candidato alternativo? No está descartado. Un posible cambio de líder al frente de la patronal preocupa a Moncloa porque consideran que el pacto de rentas puede convertirse en un arma en esa campaña electoral. De hecho, fuentes gubernamentales creen que será "complicadísimo" lograr el pacto antes de otoño y señalan a las presiones que recibirá Garamendi para no firmarlo.

Varias patronales han exigido al presidente que su postura sea firme ante el giro a la izquierda de las políticas del Gobierno. Foment del Treball, sin ir más lejos. La organización empresarial catalana presidida por Josep Sánchez Llibre se ha mostrado en contra de los dos impuestos presentados la semana pasada. Ceim, la madrileña, opina similar. Hay unanimidad entre el empresariado a la hora de considerar equivocadas las políticas económicas con las que el Gobierno pretende culminar la legislatura. Este posicionamiento ya ha sido escrutado por el Gobierno, de ahí que las fuentes consultadas alejen el acuerdo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a incluir a los funcionarios en un eventual pacto de rentas, pero primero, el Ejecutivo espera el acuerdo entre sindicatos y empresarios. De hecho, Montero no negociará la revalorización salarial de los empleados públicos hasta septiembre, fecha para la cual ya han anunciado protestas las organizaciones sindicales. Csif ha adelantado que prepara "una gran movilización en septiembre" y ha manifestado su rechazo al pacto de rentas. El sindicato, que representa principalmente a trabajadores del sector público, ha exigido "al Gobierno que dé ejemplo a la empresa privada y plantee ya una subida en las administraciones, como acaba de proponer el Ejecutivo en Francia".

Desde CCOO se han mostrado favorables al acuerdo entre empresas y empleados pero piden al Gobierno mayor implicación. El secretario general de la organización, Unai Sordo, afirmó recientemente que "la gran incógnita es qué pone el Gobierno encima de la mesa, porque sigue dando la impresión de que lo ve como una cuestión ajena y es el principal protagonista en ese pacto de rentas". Sordo insistió en que el Ejecutivo "podría ayudar mucho a avanzar en un acuerdo salarial si dijera que si a finales de año no hay un acuerdo (...) tirará para adelante en los próximos Presupuestos Generales del Estado con un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 15% o el 20%".

UGT también defiende que además del acuerdo entre representantes de los trabajadores y de los empresarios el pacto de rentas debería tener "consenso político". No obstante, critican que la negociación se haya frenado y que no se hayan producido "ni avances ni retrocesos" tras la última reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales, celebrada a principios del mes de julio. Sin embargo, sí se ha producido un cambio con respecto a semanas anteriores y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que las pensiones se incluyan en un eventual pacto de rentas, como ha pedido el Banco de España.  "No hay objeto de negociación y se tiene que cumplir la ley" afirmó durante la rendición de cuentas del pasado viernes, dando por hecho que las pensiones se revalorización en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC).

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Impuestos a banca y energéticas

Ante las dificultades para lograr un pacto de rentas, el Gobierno ha activado al maquinaria legislativa. En el texto de la proposición de ley para la creación de dos tasas que graven las comisiones e intereses de la banca y la facturación de las energéticas, el Ejecutivo justifica que los gravámenes se crean para "reforzar el pacto de rentas de tal manera que determinados grandes grupos económicos realicen una aportación obligatoria que grave y, en consecuencia, reduzca sus beneficios empresariales, contribución que, además, permitirá reforzar la acción pública dotándola de recursos adicionales para el sostenimiento del pacto de rentas respecto de los más desfavorecidos".

PSOE y Unidas Podemos aseguran que los sectores a los que se imponen estas tasas son los que pueden "incrementar en mayor medida sus beneficios" a causa de la inflación. Además, el texto de la norma describe que "ambos sectores se caracterizan por un menor peso de sus gastos de personal respecto del valor añadido que generan respecto de otros". "En consecuencia, el reducido peso relativo de los gatos de personal en estos sectores es un segundo factor que justifica que realicen una especial aportación al pacto nacional de rentas". Pese a ello, el acuerdo se ve realmente remoto en el área económica del Gobierno.