El plan del Gobierno para capear la crisis económica derivada de la guerra pasa por limitar los beneficios empresariales. En el marco de los nuevos 'Pactos de La Moncloa económicos', el Ejecutivo dirige su mensaje directamente a las grandes corporaciones del Ibex y pide a sus responsables que arrimen el hombro y se abrochen el cinturón, aportando al Estado y renunciando al reparto de dividendos. Mientras la patronal y los sindicatos negocian en el ámbito bipartito la recomendación de subida para los sueldos cubiertos por convenios colectivos, Moncloa intenta atraer a los agentes sociales a un gran pacto de rentas y, para ello, intenta seducir a los empresarios con subidas salariales moderadas que eviten una espiral inflacionista y, al mismo tiempo, busca la fórmula para incorporar la demanda sindical de captar recursos puntuales de las grandes empresas que en estos momentos están obteniendo ganancias extraordinarias.
El presidente Pedro Sánchez expresó sus intenciones en la tribuna del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para explicar el plan del Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía española y, en particular, de una escalada de la inflación que, en sus palabras, "tendrá un coste y exigirá sacrificios". Fueron los términos que eligió para lanzar un claro aviso a navegantes: empresarios y trabajadores tendrán que arrimar el hombro; los primeros, limitando sus beneficios; y los segundos, aceptando subidas salariales moderadas. Y así, pidió a los agentes sociales que se sumaran a "un acuerdo de país que proporcione estabilidad, tanto desde la perspectiva de los costes salariales como desde la contención de los beneficios empresariales, evitando caer en una espiral inflacionaria que ponga en riesgo la recuperación". El mensaje fue claro.
Durante su intervención parlamentaria no entró al detalle, pero sí bajó al terreno días después, cuando llamó a Moncloa a la patronal y los sindicatos para sentarse a la mesa específica del Plan de Recuperación a debatir, en realidad, el ansiado pacto de rentas. Fuentes del diálogo social revelan a La Información que lo que el presidente les trasladó en el encuentro fue su intención de cerrar, con su consenso, un paquete de medidas destinadas a garantizar un cierto poder adquisitivo de los salarios frente a la escalada de los precios, combinado con una contención de los beneficios empresariales. La fórmula no está cerrada, pero, según las fuentes consultadas, la idea pasa por topar las ganancias extraordinarias de algunas de las grandes empresas del Ibex, particularmente las energéticas, y limitar el reparto de dividendos, impulsando, a cambio, una subida salarial moderada, por debajo del IPC.
El Gobierno descarta, por ahora, llevar a cabo una subida masiva de impuestos a las empresas, pero sí tiene en la agenda la puesta en marcha con carácter urgente de medidas destinadas a detraer ciertos beneficios extraordinarios de las compañías energéticas de manera temporal. Fuentes del Gobierno recuerdan que los principales grupos del país cerraron el año pasado con beneficios récord, elevaron dividendos y consolidaron los bonus de sus directivos, de modo que sostienen que estas compañías pueden permitirse este sacrificio. Para el resto de las cotizadas se valora la opción de prohibir o limitar el reparto de dividendos, como se hizo durante la pandemia con las empresas que se acogieron a ayudas del Estado para apuntalar la liquidez, permitiendo al mismo tiempo a los socios minoritarios desvincularse de las compañías en estos casos para evitar abusos.
Varias opciones sobre la mesa
Las posibilidades para contener los beneficios empresariales son varias y el Gobierno va a escuchar las propuestas de los agentes sociales antes de tomar una decisión. Por lo pronto, fuentes de la patronal asumen que "la única opción viable es la impositiva" y advierten de que "cargar el peso en las cotizadas generaría un agravio comparativo y afectaría a la competencia, además de hacer descender las cotizaciones por la caída de dividendos, afectando a los fondos de pensiones y al conjunto de ahorradores". Mientras, desde el flanco sindical meten presión al Ejecutivo y demandan "reformular los mecanismos de redistribución para captar recursos puntuales de aquellas personas o empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios con la situación actual" y "frenar la erosión del poder adquisitivo de los salarios por la escalada de los precios", pactando subidas con cláusulas de revisión y adoptando a la vez medidas para reducir los precios de la factura eléctrica.
No son las únicas medidas que proponen los sindicatos. En el marco del pacto de rentas, también exigen al Gobierno que extienda las redes de protección social de los trabajadores, aprobando la aplicación del denominado mecanismo RED, la herramienta de flexibilidad interna que incorpora la reforma laboral para situaciones de crisis cíclicas o sectoriales. Como adelantó La Información, el Ejecutivo valoró esta opción desde el mismo momento en que estalló la guerra y posteriormente el propio Pedro Sánchez confirmó su puesta en marcha inmediata desde la tribuna del Congreso. El problema es que este mecanismo lleva asociado un fondo de financiación que aún no se ha desarrollado y los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Económicos trabajan en su diseño contrarreloj.
El pacto de rentas es solo una pata del 'plan nacional de respuesta al impacto de la guerra' que está coordinando Moncloa y que recoge aportaciones de todos los ministerios y de los agentes sociales y económicos. Entre las medidas se incluyen la prórroga hasta el verano de las medidas fiscales que afectan a la factura de la luz, así como de la minoración temporal del beneficio que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono, de las medidas de flexibilidad de los contratos de suministro de gas natural de los consumidores industriales o la reducción de los peajes de consumidores electrointensivos. También se va a extender el descuento del bono social eléctrico para consumidores vulnerables y se va a dotar una partida para acelerar el autoconsumo eléctrico, eliminando barreras ligadas a la conexión. Todas estas medidas, entre otras, se activarán a nivel nacional, a la espera de poner en marcha otras a nivel europeo como el desacople del precio del gas del recibo de la luz o fijar precios máximos de la electricidad.
La discusión en el seno del Gobierno es intensa. El plan lo coordina Moncloa, con el gabinete de Pedro Sánchez al frente, y el objetivo es acertar con un conjunto de medidas que eviten un escenario de encendida protesta social en las calles. Se trata de un paquete transversal en el que están trabajando prácticamente todos los ministerios, con especial intensidad los del área económica, y respecto al que existen diferencias entre los socios de coalición. Unidas Podemos, además de reclamar la salida de las centrales de gas del mercado marginalista energético para evitar que el alza que experimenta este segmento repercuta en el recibo de la luz, está presionando al PSOE para establecer un recargo del 10% en el Impuesto de Sociedades de las grandes empresas energéticas e impulsar un "cheque ayuda" a familias y pymes que usan gas para su calefacción. Todas las posibilidades están sobre la mesa y el debate, como se ha señalado, es intenso.
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