El PIB de la Eurozona cayó un 0,1% en el tercer trimestre del año, en su primera contracción desde la pandemia de Covid-19. La economía del conjunto del área se ha visto arrastrada por la recesión de la que Alemania es incapaz de salir. La subida de los tipos de interés, que golpea a sus empresas exportadoras, la debilidad de China y el encarecimiento de la energía están cebándose con la primera economía europea y avanzan un periodo de enfriamiento que ya se está contagiando al resto de la región. Los principales organismos internacionales apuntan a un retroceso del área del euro este año y prolongan los síntomas de debilidad a lo largo del próximo.
En el caso de España, el impacto será mucho menos acusado gracias al despliegue de los fondos europeos para los que el Gobierno en funciones sitúa ahora el mayor impacto sobre el crecimiento entre 2023 y 2025. En un cálculo inicial, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital había previsto que las ayudas europeas aportasen tres puntos adicionales al avance del PIB en la década comprendida entre 2021 (cuando se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y España empezó a percibir los primeros desembolsos) y 2031.
Durante su intervención en unas jornadas sobre la adenda al citado plan organizadas por LLYC, el secretario de Estado de Economía en funciones, Gonzalo García Andrés, confirmó que el mayor impacto de los fondos en el PIB se percibirá entre este y los dos próximos ejercicios y que a partir del año 2026 serán las reformas estructurales, aplicadas para poder acceder a los mismos, las que impulsen el crecimiento. España opta a un total de 163.000 millones de euros entre trasferencias a fondo perdido y préstamos en condiciones ventajosas (83.200 millones de los que prevé recibir un primer pago de 16.000 millones antes de que finalice el año).
La aprobación de la adenda ha servido para desbloquear los segundos, así como 10.300 millones en ayudas en forma de un cuarto pago que el Ejecutivo en funciones prevé solicitar en breve. El temor a que haya cuellos de botella a nivel burocrático está muy presente, y el Consejo General de Economistas advierte de que el hecho de que el reparto de los mismos se esté dilatando por el retaso en la aprobación y ejecución de los proyectos, puede poner en peligro la concesión de las ayudas. "Esto tendría un efecto negativo en el crecimiento de la economía y en las cuentas publicas", alertan.
La falta de transparencia en la adjudicación
El hecho de que este año se haya pisado el acelerador en términos de convocatorias apenas ha servido para compensar el retraso acumulado a lo largo del último ejercicio, como apunta un análisis de Funcas. En concreto y hasta finales de 2022, la cifra de fondos convocados ascendía a 35.828 millones, menos del 44% del total de los que se habían asignado al país hasta esa fecha. Sin embargo ni tan siquiera esa cuantía ha llegado por completo a la economía real, y el importe que finalmente ha sido resuelto se sitúa por debajo, sobre todo, en el caso de las subvenciones.
La preocupación no solo está en el ritmo de ejecución de los fondos, sino que expertos como los de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) echan en falta más transparencia en torno a las adjudicaciones. El 'think tank' de CEOE lamenta en un informe reciente que la información sobre la ejecución definitiva de los fondos es "muy limitada", en tanto que la mayor parte de las entidades y administraciones encargadas de ella no publican informes de ejecución presupuestaria con la misma premura y detalle con que lo hace la Administración General del Estado.
Perspectivas optimistas sobre la inversión
Y mientras la información llega con cuentagotas, la situación que dibujan las empresas en su día a día apunta a unas perspectivas algo menos optimistas de cara a los próximos trimestres. Las cuentas financieras del segundo trimestre, publicadas hace unos días por el Banco de España (BdE), revelaban cómo la deuda de las empresas se redujo entre abril y junio hasta los 939.000 millones, el equivalente al 66,6% del PIB, que es además su nivel más bajo en dos décadas.
Las empresas optan por la cautela y, pese a ello, el Gobierno en funciones prevé que la inversión bruta de capital fijo aumente un 4% el próximo ejercicio, prácticamente el doble que el año pasado a pesar de lo complejo del contexto. Esta variable venía de subir un 2,4% el año pasado. Así, en las nuevas previsiones macroeconómicas que ha incluido en el Plan Presupuestario 2024 fía el avance del PIB a la aceleración prevista del consumo y de la inversión por el despliegue de los fondos europeos y al dinamismo del mercado laboral y a la solvencia financiera de hogares y empresas.
