A la tercera no va la vencida. La reunión entre los agentes sociales para negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en condiciones flexibles más allá del 30 de junio ha finalizado, de nuevo, sin acuerdo. Sin embargo, la patronal y los sindicatos, mediante una propuesta conjunta, han arrancado al Gobierno un importante avance y es que, según trasladan fuentes de las negociaciones, el Ejecutivo se abre a exonerar parte de las cotizaciones sociales en los ERTE que no son por fuerza mayor derivada de la Covid-19, sino motivados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los responsables gubernamentales se han comprometido a poner sobre la mesa un nuevo planteamiento en este sentido el próximo lunes, según adelantan las mismas fuentes.
No hay nada cerrado y los técnicos del diálogo tripartito se han emplazado a un próximo encuentro en el que la patronal y los sindicatos esperan esa nueva propuesta del Gobierno. En la anterior reunión, los representantes de los empresarios y de los trabajadores fueron capaces de alcanzar un pacto bipartito que fue rechazado por el Ejecutivo. CEOE y Cepyme cedieron en el límite temporal y aceptaron la prórroga de los ERTE solo hasta el 30 de septiembre, frente a su planteamiento inicial que era llevarlos hasta final de año. Pero los ministerios involucrados (Trabajo, Seguridad Social, Economía, Hacienda e Industria) rechazaron la opción de mantener el nivel de exenciones de cotizaciones actual. Como se explicó en estas páginas, el área económica del Ejecutivo está empezando a cerrar el grifo a estas ayudas.
Fuentes sindicales explican que lo que se ha pedido al Gobierno es que, frente a premiar con abaratamientos en cuotas la reincorporación de los trabajadores a la actividad laboral, como sucede en estos momentos en los ERTE denominados 'de fuerza mayor parcial', destinen ese dinero a exonerar las cotizaciones en los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que no gozan de ningún tipo de exoneración y son en los que van a derivar los ERTE por fuerza mayor una vez finalice el estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad y aforos en las distintas comunidades autónomas. Las mismas fuentes trasladan que el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a explorar esta opción y pretende plasmarla en una propuesta próxima, previsiblemente después del fin de semana.
En su última propuesta, el Gobierno fijaba un recorte de las exoneraciones en los ERTE por fuerza mayor progresivo pero importante. Para los trabajadores que vuelvan a la actividad en plantillas inferiores a las 50 personas se establecía una exención del 60% en julio, del 50% en agosto y del 40% en septiembre, desde el 70% actual. En el caso de los empleados que sigan en ERTE, la exoneración pasaría del 45% en junio al 35% en julio, el 25% en agosto y el 15% en septiembre. Y las empresas más grandes pasarían de disfrutar de una exoneración del 45% en junio para los empleados que retoman la actividad al 35% en julio y al 25% y 15% en agosto y septiembre, respectivamente. Mientras, para los trabajadores que sigan en suspenso las reducciones pasarían del 30% actual al 20% el mes que viene y al 10% el siguiente, para quedarse en septiembre en apenas el 5%.
Los agentes sociales insisten en rechazar ese nivel de exoneraciones por considerar los porcentajes "excesivamente bajos". Fuentes de UGT señalan que es "absurdo" que la Seguridad Social se haga cargo del coste que soportan las empresas por sacar a trabajadores del ERTE e insisten en la necesidad de que se utilice esa partida para facilitar los ERTE por causas económicas. Mientras, la CEOE considera que aunque es un avance, esta opción sería insuficiente y ponen el foco en la necesidad de que el Estado siga cubriendo las exoneraciones según el esquema actual hasta octubre.
La propuesta del Gobierno, la última sobre la mesa a la espera de una nueva, se limita a prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor mientras persistan las restricciones vinculadas a la Covid-19 que impidan o limiten la plena actividad, entendiendo como tal las medidas de prevención y contención sanitarias vinculadas o las limitaciones a la movilidad, de aforos y equivalentes, adoptadas por la autoridad nacional o internacional competente. Y añade que, en todo caso, los ERTE finalizarán el 30 de septiembre. Tanto la patronal como los sindicatos han acabado por aceptar esta fecha, si bien consideran imprescindible mantener viva la comisión de seguimiento para analizar la situación de cara a la recta final del año.
El aspecto más novedoso que introdujo el Ejecutivo en su último planteamiento fue la prohibición a las empresas inmersas en expedientes de regulación temporal de empleo de hacer horas extraordinarias o concertar nuevas contrataciones si todavía tienen a personas afectadas por el ERTE. Esta idea no gustó a la patronal, así como el hecho de que el Gobierno mantenga hasta 30 de septiembre la prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales de las personas afectadas por un ERTE.
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