El Gobierno de España se replantea ahora el impuesto temporal que grava a las compañías energéticas. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido la necesidad de analizar de si se siguen produciendo beneficios extraordinarios -a causa del incremento de los precios- tras la presión del sector y con la mira puesta a las grandes inversiones que requiere la transición energética.
"Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura", ha asegurado Ribera en una entrevista con la agencia Efe, asegurando que el Gobierno se encuentra "analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto", siempre con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil, pero también "justo" desde el punto de vista de "reparto de beneficios y costes".
Además de identificar beneficios extraordinarios, ha destacado la importancia de ser conscientes de que "es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético" y que cuanto antes se logre hacer esa transición, "más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía". "Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir" para evitar que "unos ganen mucho" y todos paguen más.
Repsol condiciona futuras inversiones a la eliminación de la tasa
La vicepresidenta tercera reacciona así a las advertencias de compañías como Repsol. La petrolera ha sido la más dura en cargar contra la tasa extra. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", avisó la empresa durante su presentación de resultados a septiembre, subrayando que el gravamen favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, también ha amenazado con trasladar 1.500 millones de euros de en inversión en hidrógeno verde a países como Portugal o Francia. "Son inversiones que si no se hacen en un marco de estabilidad y con un marco fiscal atractivo, ni mejor ni peor, competitivo con respecto a las regiones próximas a nosotros, no volarán", dijo en una jornada dedicada al hidrógeno.
Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, defendió en una conferencia con analistas que el impuesto "reduce la capacidad de invertir en comparación con otros jugadores europeos". En su opinión, es discriminatorio e injustificado" y "no sigue la legislación y la regulación europea". "Es discriminatorio para las eléctricas españolas, ya que disminuye nuestra capacidad de inversión respecto a otros actores europeos. Tenemos una desventaja competitiva en términos del mercado europeo, y esto no tiene sentido", apuntó.
Cepsa también salió al paso de las críticas del impuesto tras registrar unas pérdidas de 116 millones a septiembre. "Los resultados globales de los nueve primeros meses del año siguen reflejando la repercusión del impuesto extraordinario , que consideramos mal diseñado", consideró la empresa. Iberdrola, que se ha inhibido de las críticas al acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, lo calificó en su día de "anticonstitucional". "Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo", dijo el director de los servicios jurídicos de la compañía, Gerardo Codes, durante la conferencia con analistas para dar cuenta de los resultados de 2022.
Grava los ingresos no regulados en España con un tipo del 1,2%
El impuesto grava los ingresos no regulados en España con un tipo del 1,2%. En principio, se trataba de un impuesto temporal para dos ejercicios -gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, respectivamente-, aunque la propia normativa ya prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.
Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy lo han recurrido, aunque fue la compañía dirigida por Imaz quien marcó la pauta. El 8 de febrero, un día después de aprobarse la orden, la petrolera presentó un recurso instando la suspensión temporal de la norma. La Audiencia Nacional rechazó la suspensión cautelar, al considerar que no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos (llevando a efecto las compensaciones necesarias). Repsol prevé pagar hasta 450 millones por este impuesto extraordinario.
En su acuerdo para un nuevo Gobierno de coalición, PSOE y Sumar se comprometieron a revisar los gravámenes "sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".
Nuevo pulso entre Gobierno y sector energético
El impuesto es otro pulso entre el sector energético y el Gobierno desde que estallara la crisis de precios en verano de 2021. Acabar con los denominados "beneficios caídos del cielo" ('windfall profits' en inglés) ha sido una de las principales apuestas del actual Ejecutivo en materia energética. Estos son las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derechos de emisión de CO2 ni usan gas y cobran en el mercado el mismo precio que la fuente de producción más cara, es decir, los ciclos combinados.
En España se aplica un mecanismo de minoración de ingresos que afecta a la generación inframarginal (nuclear, hidroeléctrica y otras renovables) y se aplica a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros megavatio hora (MWh). Ha sido una de las medidas más polémicas del Ejecutivo y desde las grandes energéticas del país han negado que existan. El 'cap' estará en vigor hasta el 31 de diciembre y acuerdo entre ambas formaciones también abre la puerta a una prórroga de la medida.
El objetivo del Ejecutivo es que las compañías no vendan la electricidad producida mediante nuclear, hidroeléctrica y otras renovables a los precios desorbitados del mercado mayorista, disparado desde verano de 2021 por los precios del gas natural y de los derechos de emisión de CO2. Están exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo de antes del 16 de septiembre de 2021 y los nuevos que también mantengan un precio fijo, mientras que si tienen indexado el precio al mercado, se minora la parte proporcional.
Los fondos recaudados se destinan a reducir los cargos del sistema eléctrico repercutidos sobre los consumidores. En el caso de los acuerdos intragrupo (entre una generadora y una comercializadora de una misma eléctrica) se tiene en cuenta el precio final comercializado. De este modo, el mecanismo introdujo una nueva fuente de ingresos adicionales que repercuten de manera directa en los cargos del sistema eléctrico.
Ampliación de las medidas para ayudar a las familias
Sobre la posibilidad de ampliar las medidas aprobadas para paliar los efectos de la crisis energética sobre las familias que vencen a fin de año, Ribera ha considerado "capital" garantizar la cobertura de los consumidores más vulnerables por renta. Hasta el 31 de diciembre se aplica un IVA a la electricidad del 5%, al tiempo que el Impuesto Especial sobre la Electricidad está rebajado al 0,5% (el mínimo que permite Bruselas) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% está suspendido. Fuentes de los ministerios para la Transición Ecológica y Hacienda consultadas por La Información aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada. El IVA del gas también está en el 5% y, desde diciembre de 2022, la Tarifa de Último Recurso (TUR) no puede subir más de un 15% de un trimestre a otro.
En referencia al resto de ciudadanos al que se ampliaron las ayudas (clase media), la vicepresidenta tercera ha explicado que se tendrá que ver si las medidas "tienen todas sentido o si hay aspectos que se pueden ir modulando". "Ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel técnico entre los distintos ministerios", ha añadido.
