El Gobierno ha vetado el debate y la votación en el Congreso de los Diputados de dos enmiendas a la conocida como 'Ley crea y crece' que perseguían facilitar a los autónomos la posibilidad de deducirse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los gastos de manutención en los que incurren durante su actividad profesional, según ha podido averiguar La Información a través de diferentes fuentes parlamentarias. Aunque el colectivo ya tiene acceso a esta deducción, en la práctica está muy restringida por Hacienda y lo que buscaban el PP y el PDeCAT con estas enmiendas era automatizar el proceso para que los autónomos pudieran deducirse con facilidad hasta 11 euros de menú diario.
No es la primera vez que el Ejecutivo veta esta iniciativa. En noviembre de 2021 ERC presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que buscaba añadir flexibilidad para los trabajadores por cuenta propia a la hora de desgravarse gastos por manutención, para eliminar los agravios comparativos con las empresas que pueden deducir las dietas y comidas sin necesidad de demostrar que se incurre en ellos durante el desarrollo de la actividad profesional. El Gobierno la tumbó, impidiendo así flexibilizar los requisitos que introdujo Cristóbal Montoro en 2017 respecto a la justificación del gasto y a la correlación con los ingresos, generando una situación de inseguridad jurídica, incluso dentro de la propia Agencia Tributaria y de la Dirección General de Tributos, que han cuestionado la deducibilidad.
PP y PDeCAT han tratado de introducir sendas enmiendas al proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas para modificar el artículo de la Ley del IRPF relativo a la determinación del rendimiento neto de actividades económicas mediante el método de estimación directa, para que los gastos de manutención respecto de los cuales el contribuyente no puede acreditar su correlación con ingresos sean deducibles con el límite de 11 euros diarios. El objetivo era conseguir la deducción automática de los gastos sin tener que acreditar su correlación con ingresos y el impacto presupuestario sería de 83 millones de euros como consecuencia de mayores deducciones de gastos, tal y como figura en el texto al que ha tenido acceso este medio.
La medida está avalada por las principales asociaciones de trabajadores autónomos (ATA y UPTA), así como por las patronales CEOE y Cepyme y por el sector de la restauración (Hostelería de España y Marcas de Restauración). Estas organizaciones se han sumado recientemente al bautizado como 'Manifiesto por un cambio en el tratamiento fiscal de de los gastos de manutención para autónomos', un documento que han trasladado al Ministerio de Hacienda en el que defienden que la medida beneficiaría a la mayoría social de autónomos, que son los más de dos millones de profesionales que trabajan mayoritariamente en el sector servicios, en el del transporte, en la agricultura o en la construcción, pero también en actividades profesionales, científicas y técnicas.
Las citadas asociaciones, que se han sumado al manifiesto impulsado por la AEEVCOS (Asociación Española de Empresas de Vales de Comida y Otros Servicios) apoyan un cambio de tratamiento fiscal para que los gastos de manutención en los que incurren los trabajadores autónomos en los días que desarrollan su actividad, respecto de los que no sea posible probar su correlación con los ingresos, pasen a considerarse un gasto automáticamente deducible por un importe máximo de 11 euros diarios en el IRPF, siempre y cuando se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago.
Además del impacto positivo en términos de recaudación, las asociaciones sostienen que la medida supondría ventajas para la Administración, que ahorraría recursos administrativos y judiciales al reducirse la litigiosidad; contaría con una herramienta digital efectiva en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, ya que las tarjetas de comida permiten el pago asegurado, son finalistas, nominativas y válidas exclusivamente en comercios de restauración, por lo que garantizan el control y la trazabilidad; contribuiría a la creación de empleo (y a la consecuente reducción del gasto en desempleo); y beneficiaría a dos de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania, la hostelería y los autónomos, además de reducir las cargas administrativas y promover la digitalización.
Pero el Gobierno no tiene tan claros los beneficios que plantean las asociaciones representativas de los sectores afectados y ha vuelto a optar por vetar la iniciativa en la tramitación parlamentaria de la 'Ley crea y crece'. Mientras, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá continúa negociando la reforma del sistema de cotización de los autónomos para que empiecen a aportar al erario público en función de sus ingresos reales y mejoren sus prestaciones sociales. La reforma debe estar lista antes del 30 de junio, que es el deadline pactado con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, y la tramitación parlamentaria posterior a esa fecha se ve como una nueva oportunidad para intentar flexibilizar la deducción de los gastos de manutención del colectivo.
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