"Se ha querido vender como la 'Tasa Google' pero al final va a ser un impuesto que van a pagar todas las grandes empresas". Era finales de 2018 y el máximo responsable del área fiscal de una de las principales empresas del Ibex 35 ya auguraba que el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez había puesto ya sobre la mesa -y sobre el que el Gobierno de Mariano Rajoy ya había realizado los primeros trabajos preliminares- no se iba a limitar a gravar a los Facebook, Google, Amazon o Youtube para compensar las millonarias ganancias realizadas en España pero materializadas en países de baja tributación a través de sofisticados mecanismos de elusión fiscal, sino que iba a acabar recayendo en buena medida sobre muchas de las grandes empresas del país y sobre los servicios digitales de carácter instrumental que prestan y cuyos beneficios -escasos, aseguran desde el ámbito empresarial- ya pagan impuestos a través del Impuesto de Sociedades.
Han pasado dos años desde ese augurio, la ley que sostendrá el cobro de impuestos a partir de 2021 a determinados servicios digitales que prestan las empresas está a poco más de dos semanas de activarse y el Gobierno acelera para tener preparados para entonces tanto el reglamento como la orden ministerial que desarrollarán esa ley. Y en paralelo a esos trámites regulatorios, la Agencia Tributaria acaba de enviar una carta a un puñado de grandes empresas españolas ajenas al sector tecnológico solicitándoles información con un elevado nivel de detalle sobre las actividades que realizan que podrían ser susceptibles de ser gravadas en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, según ha podido saber La Información de fuentes empresariales y ha confirmado la Agencia Tributaria. Todo indica que, en efecto, el radio de acción del impuesto no se limitará a los gigantes multinacionales del sector tecnológico.
La misiva, de cinco páginas, solicita información a las empresas sobre los servicios de naturaleza digital que prestan u ofrecen a sus clientes y que encajan dentro del radio de acción de la conocida como 'Tasa Google', que como se sabe impone un tipo del 3% sobre la facturación (no sobre los beneficios) derivada de la prestación de servicios de publicidad en línea, de los servicios de intermediación en línea prestados por las empresas y de la comercialización de bases de datos generadas a partir de la información disponibles de sus usuarios y clientes.
También solicita información adicional sobre cómo las empresas se están preparando para aportar a la Agencia Tributaria la información que ésta necesita - y de la que actualmente no dispone - para poder empezar a solicitar a los contribuyentes el pago de este impuesto. En este sentido, y según las fuentes consultadas, la Administración Tributaria solicita información precisa sobre el sistema de geolocalización que están utilizando o prevén utilizar para localizar las IP de los usuarios - que en principio determinarán cuáles de los servicios que presten estarán sujetos al impuesto en España -, el catálogo de servicios de naturaleza digital que prestan o la forma en que se están asesorando para dar cumplimiento a las obligaciones informativas que se les exigen en el impuesto...y que no son pocas.
Fuentes conocedoras del documento que la Agencia Tributaria ha remitido a las empresas aseguran que por la información requerida y el nivel de detalle de la misma -llegando incluso a requerir documentación escrita- se trata casi de "una especie de inspección previa" sobre los probables futuros contribuyentes del impuesto. Quizá contribuya a esta sensación el hecho de que la carta se haya remitido desde la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el macroorganismo de la Administración Tributaria que se encarga de la gestión, recaudación e inspección tributaria de los contribuyentes que facturan anualmente más de 100 millones de euros y responsable de las principales actuaciones de la Administración Tributaria contra los gigantes empresariales que operan en España.
Un "primer acercamiento" según Hacienda
Pese a que fuentes empresariales subrayan el tono "poco cooperativo" de la misiva remitida por la Agencia Tributaria, desde el organismo encargado de la gestión de los impuestos en España se subraya que la actuación no es más que "un primer acercamiento" a los posibles contribuyentes del impuesto con el objetivo de ir conociendo las diferentes realidades de las empresas que en el futuro van o podrían estar sujetas a este impuesto. Fuentes de la asesoría fiscal ya avanzaban con motivo de la publicación del Reglamento del impuesto por parte del Ministerio de Hacienda, en el que se exige a las empresas un volumen de información excepcional sobre sus actividades en el campo digital, que el planteamiento que Hacienda había definido para devengar el impuesto iba a obligar a empresas de muchísimos sectores a realizar un gravoso ejercicio previo únicamente para saber si resultaban ser contribuyentes del impuesto o no. "Parece una operación para intentar perfilar el perímetro de los contribuyentes que van a estar sujetos al nuevo impuesto antes al menos de empezar a cobrarlo" -algo que el Gobierno quiere empezar a hacer ya el próximo mes de abril- según interpretan fuentes del sector empresarial.
Fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria subrayan, sin embargo, que este tipo de ejercicios prospectivos son absolutamente normales antes de poner en marcha un impuesto de nueva creación y que lo único sorprendente en este caso es que se haya esperado tanto para llevarlo a cabo. En el fondo se trata de un reconocimiento implícito por parte de la Agencia Tributaria de su profundo desconocimiento sobre la realidad que se va a empezar a gravar ya el próximo mes de abril - aunque los representantes en España de los gigantes tecnológicos continúan maniobrando para intentar retrasar al verano el inicio del pago de este impuesto - y de que las expectativas de ingresos se han construido sin saber siquiera a ciencia cierta el número de contribuyentes que va a tener el impuesto.
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