Si Miquel Iceta llega a la presidencia del Senado, lo hará con una clara encomienda de gestión por parte del presidente del Gobierno: ser el ariete de una reforma territorial de corte federal, que tenga en cuenta las sensibilidades de todas las nacionalidades que conviven en España y tienen derecho a desarrollar al máximo su autogobierno. Aunque todavía tiene que aprobarlo el Parlamento catalán, cuando Iceta llegue a la Cámara Alta le tocará aplicar el último punto de los ocho que contiene su ideario para llevar a cabo una reforma federal de la Constitución: “La transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos”.
El propio Pedro Sánchez advirtió en plena campaña electoral que una de las primeras reformas que pondría en marcha si renovaba en el cargo sería un nuevo sistema de financiación autonómica, base de un nuevo sistema de relaciones entre comunidades autónomas que debería tener como fondo un acuerdo impulsado desde el Senado como cámara de representación territorial. Incluso la ministra de Función Pública en funciones, la también catalana Meritxell Batet, pese a reconocer que no habría tiempo para aplicar un nuevo modelo en el corto periodo de tiempo de gobierno que tenían, reconocía que las bases estaban puestas y el diseño previsto, para iniciar ese proceso cuanto antes.
Colocar a Iceta al frente del Senado es el primer paso para todo ello, con las miras puestas en abrir un camino que tiene implicaciones en prácticamente todas las áreas del nuevo gabinete que forme Sánchez el mes que viene. Si seguimos los puntos que Iceta ha predicado para cambiar la Constitución y darle un sesgo federal, no solo incluye la mención expresa al Senado y una nueva definición de España como “nación de naciones”, sino que contempla cuestiones como redefinir todas las competencias del Estado y las autonomías, una nueva financiación marcada por la “solidaridad” y la “ordinalidad”, el reconocimiento de los hechos diferenciales e históricos, sobre todo en materia de cultura y lengua, y hasta “la descentralización efectiva del Poder Judicial”.
Aunque el líder catalán siempre ha defendido sus posturas como aplicables a todas las autonomías, con la convicción de que ser federalista nunca supone que se pierda la unidad territorial de España, el guiño que esta decisión supone para avanzar en una salida dialogada al conflicto catalán va a planear sobre cualquier decisión que tome en la legislatura. Con la mayoría absoluta del PSOE en el Senado, su margen de maniobra será amplio, si bien con la premisa de que su partido no contempla un referéndum sobre autodeterminación ni la independencia de Cataluña como fin último. Más al contrario, sus críticas al nacionalismo radical de partidos como ERC, son similares a las que hace del nacionalismo español de partidos como Vox.
La cuadratura de círculo en fiscalidad
La historia es tozuda y tras cinco años al frente del socialismo catalán y varias décadas defendiendo el federalismo como solución al modelo territorial español, Iceta va a tener ahora la oportunidad de avanzar en el Senado hacia el modelo que su colega de partido - uno de los grandes defensores del federalismo fiscal en Europa-, el exconseller de Economía de la Generalitat Antoni Castells, quiso poner en marcha hace diez años, sin éxito, hasta el punto de abrir un largo periodo de crisis en el PSC.
En el área económica y fiscal estará una de las grandes claves para que no haya bloqueos en una reforma de la financiación auspiciada desde el Senado. La aplicación de un modelo fiscal federal exige determinar primero la contribución que las autonomías deben garantizar al Estado por las prestaciones comunes que reciben, previa determinación del nivel de servicios básicos al ciudadano que todos los territorios deben garantizar. Los principales impuestos y las grandes partidas de gasto (educación, sanidad, cultura, etc…) estarían transferidas a los ejecutivos autonómicos, con margen para aplicar reformas legislativas propias, pero a sabiendas de que debe garantizarse la solidaridad territorial con quienes no llegan a financiar ese mínimo vital, sin que ello suponga que los que más aportan lleguen a tener menos recursos per cápita que quienes reciben la aportación (respetar la ordinalidad).
Dentro de esa pata económica del nuevo modelo territorial que Iceta defiende se encuentra también el desarrollo de haciendas autonómicas fuertes, capaces de gestionar sus tributos cedidos y establecer consorcios con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), algo que siempre ha levantado grandes recelos en los diferentes gobiernos nacionales. Aún así, ese derecho a un sistema fiscal propio en el marco de una estructura común e igual para todo el Estado conllevaría la obligación de estabilidad presupuestaria y de no romper la unidad de mercado.
En sus últimas intervenciones públicas, Iceta ha argumentado que "cuanto más cerca el gobierno del ciudadano mejor, sabiendo que para que vaya bien hay cosas que se tienen que negociar con las instituciones", dado que su idea política de federalismo es un camino largo que "se tiene que mejorar y adaptar a las necesidades por la vía del pacto".
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